Militarización del poder

La continuación de la cesión de espacios estratégicos y de control del poder civil a las Fuerzas Militares en México, no parece ser una buena idea, para sustentar el argumento principal que esgrime el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer la guerra a la corrupción imperante en todas las áreas de la Administración Pública Federal, “herencia del neoliberalismo”.

La más reciente decisión en ese sentido, ocurriría el pasado viernes 17 de julio, cuando el Primer Mandatario anunciaría que las aduanas terrestres y marítimas, además de los puertos de la república mexicana, pasarían a manos del Ejército y la Marina, para rescatarlas de la deshonestidad prevaleciente, así como brindar seguridad y evitar la introducción de drogas y armas.

Ello motivaría el desacuerdo y la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien cuestionaría que la disciplina castrense sea un antídoto perfecto para los peores males del país, si se toma en cuenta que los dos puertos de mayor operación del narcotráfico en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Manzanillo, en Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuvieron bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina.

Carta de dimisión del funcionario, en la que reitera su oposición “a la decisión de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT, desde 1970”,

Se lamenta “profundamente de no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”.      

A 19 meses de los 72 que conforman el sexenio iniciado el 1 de diciembre de 2018, y que concluye el 1 de diciembre de 2024, la cobertura de altos mandos y efectivos castrenses, se ha ampliado a niveles nunca antes registrados, en tareas que tradicionalmente y por ley, han correspondido a personal civil.

Se da pues, la consolidación de la presencia y control militar en áreas claves para el Gobierno de la República, como ocurre en materia de seguridad pública, con la creación de una Guardia Nacional conformada y dirigida por elementos del Ejército y Marina, a pesar de que originalmente se aseguró que la integraría personal civil.

Gradual y peligrosa militarización del México en julio de 2020, mantiene fuera de sus cuarteles a 45 mil 682 soldados y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, de un total de 277 mil en servicio, para llevar a cabo también, por orden Presidencial, encomiendas relacionadas con la vigilancia de la migración extranjera ilegal, en las Fronteras Sur y Norte.

Muy atrás la idea en tiempos de campaña proselitista del actual mandatario, de retornar a sus espacios, tanto a elementos de la Defensa como de la Marina, que López Obrador no cumple al arribar al poder, pero que además, en absoluta contradicción a sus discurso antimilitarista esgrimido durante sus muchos años de político opositor,  ha ordenado los cambios legales para respaldar una injerencia mayor, en jurisdicciones en las que ya actuaba sin ningún sustento legal, violando la Constitución.

Sería el entonces Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el primero en violentar el orden jurídico, al ordenar apenas 10 días después de asumir el mando, el 11 de diciembre de 2006, la abrupta salida de las instalaciones militares, de más de cinco mil efectivos del Ejército, Marina y Policía Federal, para dar respuesta a la violencia extrema generada por la disputa y control de territorios, de la delincuencia organizada en el país.

Inicio del combate frontal a los cárteles de las drogas, que se transformaría, por la falta de una planeación basada en una estrategia de Inteligencia, en un conflicto sin fin de sangrientos enfrentamientos armados, con resultados alarmantes de decenas de miles de víctimas mortales, la mayoría inocentes, al quedar atrapadas entre los combates de soldados y sicarios.

Una guerra callejera, en la que en teoría, los militares serían en principio coadyuvantes del esfuerzo de las Corporaciones Policíacas, federales, estatales y municipales, que finalmente quedaría en manos de elementos castrenses sin preparación, en cuanto al respeto al marco legal, que redundaría inmediatamente en violaciones, que incluirían de manera primordial y constante, las correspondientes a los derechos humanos.        

Ejército y Armada se convertirían en símbolos del atropello ciudadano y de la impunidad en su actuación, echando abajo el respeto y admiración a su quehacer solidario, que por siempre habían tenido del pueblo, especialmente cuando desarrollaban actividades de auxilio en casos de desastres naturales, mediante los Programas DN-III y Marina.

Baño de sangre en un país pacifista, violentado por las actividades inocultables del binomio narcos-funcionarios de gobierno, que han dado margen por décadas, al surgimiento de cárteles en las Regiones Pacífico y Golfo, alternados en su protección y predilección, por las administraciones sexenales en turno.

Desde años atrás, el secreto a voces del involucramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con los capos de las distintas organizaciones delictivas, que en varios momentos ha quedado al descubierto, como en el caso de la participación del general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que sería puesto tras las rejas, al descubrirse sus estrechos vínculos con el narcotraficante líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, “el señor de los cielos”.

La historia de la incorporación de militares como relevos de civiles, ha resultado por demás negativa, en lo concerniente a las complicidades en que han incurrido, al ser atraídos por los poderosos vínculos e intereses del crimen organizado, como es posible constatar en el seguimiento de casos de una cantidad considerable de generales, que incluso han utilizado los transportes del Ejército para desplazar drogas a la frontera con Estados Unidos.

O el episodio de 1984, relativo a la gigantesca plantación de por lo menos 500 hectáreas de mariguana, que producía hasta 10 mil toneladas por cosecha, en la comunidad ejidal de Bufalo, en el estado de Chihuahua, en la que trabajaban ocho mil jornaleros agrícolas traídos de otras entidades, cuyos insumos de alimentación y bebidas, eran adquiridos en los comercios de los municipios de Jiménez y Camargo.

Un lugar, propiedad del capo Rafael Caro Quintero, que en ningún momento pasaba desapercibido, y del que se sabía que tropas del Ejército y diversas Corporaciones Policíacas federales, estatales y municipales, brindaban protección. Incluso, el combustible utilizado, era surtido permanentemente hasta el lugar, carros tanques de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.

Escandalosa situación, que llegaría a oídos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), comisionando a su agente especial Enrique Camarena, que luego de infiltrarse en las actividades delictivas de Bufalo, sería asesinado al ser descubierto y motivaría la condena y el reclamo del gobierno de la Unión Americana, que obligaría al Presidente Miguel de la Madrid Hurtado a ordenar la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para asegurar y destruir el mega sembradío, con la posterior aprehensión de Caro Quintero, en Costa Rica, así como de su lugarteniente Ernesto Fonseca.

De lo que no hay duda, es de que en todo lo concerniente al desempeño de actividades para resguardar la seguridad pública en México, las Fuerzas Armadas han fracasado. Aún, legalizada su situación para cumplir con ese objetivo básico, dispuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo demuestran los datos registrados en abril último (dos mil 492 asesinatos), que es considerado ya como el mes de mayor número de homicidios en lo que va de su Administración.

Asimismo, la idea de la mayoría de los gobernadores de los estados, en las décadas recientes, de contratar a generales y coroneles en retiro, para hacerse cargo de las Policías, con la idea de lograr la creación de nuevas Corporaciones más profesionales en el manejo de armas y disciplina, tampoco ha dado los resultados esperados, debido en mucho a que se ha tratado de imponer el esquema militar, sin el complemento de la enseñanza de conocimientos jurídicos y de respeto a la ciudadanía, lo que ha motivado situaciones de abuso de poder.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo Federal se mantiene atrincherado en su certeza, de que los militares deben tener una creciente injerencia en la vida pública de México, lo cual le ha llevado a incorporarlos en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, también base militar de la Fuerza Aérea, lo mismo que en la siembra y cultivo de árboles (Sembrando Vidas) , atención del problema de la pandemia del COVID-19, combate a las actividades delictivas del robo de combustibles de los ductos de PEMEX (huachicoleo), así como de la vigilancia de las sedes del Banco del Bienestar.

Su intención de relevar la presencia de los militares en las calles del país, no ha prosperado, una vez que la creación en 2019 de la Guardia Nacional, ha incumplido con las expectativas, quedando en entredicho la capacidad de su comandante, el general Luis Rodríguez Bucio, y del  secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, obligando el reforzamiento y desplazamiento de las tropas de la Sedena y Marina, en los lugares de mayor riesgo en la geografía mexicana.

Las grandes dificultades de reclutamiento que aún no se superan, dada la prisa para la formación de la GN, con 140 mil elementos, ha obligado a la incorporación de soldados y marinos, generando una institución eminentemente militar

con mando castrense y no civil.

Presencia masiva en las calles y carreteras de la geografía nacional, de uniformados vestidos con uniformes de combate y distintivos que los identifican como “Policía Militar”, para contrarrestar al hampa que ha impuesto su ley en varios estados, que da idea del fracaso de la estrategia Presidencial de inicios del sexenio, de “abrazos, no balazos”, en la que los programas sociales y de promoción de empleo, tampoco han dado los resultados esperados.  

Otra vez fuera de los cuarteles, como de igual forma lo hicieron los antecesores Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, con saldos devastadores para la población, por una violencia extrema que va más allá de los 170 mil muertos a la fecha, en un global de 113 años siete meses.

La estrategia anti delincuencia organizada del Gobierno Federal, no está funcionando, al grado que en tiempos de pandemia por el COVID-19, los índices se han disparado, convirtiéndose en un reto abierto a la autoridad Presidencial, por lo que no hay mucho que pensar en la respuesta, como en su momento también lo consideraran Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada.

Poco ha interesado y menos preocupado al Presidente López Obrador, las críticas que ha motivado en diversas instancias internaciones de derechos humanos y la propia Organización de Naciones Unidas, por su determinación de militarizar muchos sectores del país, además del cambio de las leyes para permitirla.

Demuestra con sus decisiones últimas, que no está dispuesto a dar marcha atrás, al reiterar que quiere al Ejército en las calles para combatir la violencia, “porque necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército, para enfrentar el problema. Son dos instituciones que se estaban desaprovechando”.

Y para que no haya más dudas dudas, la publicación el pasado lunes 20 de julio, del decreto que autoriza a los militares a participar en las labores de seguridad pública por otros cuatro años, hasta marzo de 2024. Queda claro, que no hay vuelta de hoja, en la nueva historia del avance de la militarización de México.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.