Autoritarismo Bonilla-Amador, contra periodistas
En Baja California, el autoritarismo tiene nombres: Jaime Bonilla Valdez (70 años), y Amador Rodríguez Lozano (69), gobernador y secretario general del gobierno de Baja California, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); una entidad de apenas seis municipios, donde impera el revanchismo y la persecución en contra de periodistas y medios de comunicación, así como a titulares de las Alcaldías de Tijuana y Tecate.
Con la piel demasiado sensible a las críticas, luego de haber fracasado en la intentona de ampliar su período gubernamental de dos a cinco años, aprobada de manera inconstitucional por el Congreso estatal, que finalmente fue anulado en junio de 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que deberá cumplir la encomienda legal, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, y no hasta el 1 de noviembre de 2024 como lo pretendía de manera arbitraria.
Con una trayectoria política intrascendente, el empresario habilitado por el Presidente de la República como súper delegado, es hoy el mandamás estatal, por la astucia de Rodríguez Lozano, quien pondría en práctica sus conocimientos electoreros, aplicados exitosamente en Chiapas, de 2004 a 2018, por lo que como premio sería designado como segundo en el mando.
Nacido en Estados Unidos, donde fue registrado en el estado de California, al mismo tiempo que en la ciudad de Tijuana, el ahora jefe del Ejecutivo estatal, comparte el ejercicio del poder con su secretario general, el ex priísta recalcitrante, que se dice tijuanense, aunque nacido en San Luis Potosí, por lo que fracasó en su propósito de ser gobernador, al ser rechazado por la ciudadanía bajacaliforniana, pero que ahora, encaramado en el carro de MORENA, cree estar más cerca de su objetivo en el sexenio 2021-2027.
Con la ayuda de Bonilla Valdez, “el cachanilla” Amador Rodríguez Lozano, como le gusta que le llamen, ha optado por llevar a cabo una campaña mediática de impacto, para que los habitantes de la entidad, lo conozcan como cogobernador.
Ambos han decidido tener como blanco favorito a periodistas y medios de comunicación, para desquitar su malestar por haber echado abajo a la caprichosa Ley Bonilla, entre ellos el Semanario Zeta, al grado de que en sus conferencias mañaneras, mala imitación de las que realiza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Bonilla Valdez, se ostenta como dueño de la verdad absoluta, al difundir el pasado 14 de julio, en una pantalla de televisión, el mensaje de que “Toda la información que se transmite aquí es la verdad. Lo demás son “MENTIRAZ CON Z”.
Una estrategia perversa que ha incluido la búsqueda de “víctimas fáciles e indefensas”, como han creído que lo es la periodista Carmen Olsen, a la que han reactivado una acusación por el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, de tal forma que el 31 de agosto último, el Juzgado Mixto de Primera Instancia del municipio de Rosarito, condenó a la comunicadora a una pena de seis meses de prisión.
Vigencia de un marco legal que atenta contra la libertad de expresión, establecido por los gobernadores panistas que detentaron el poder 30 años, y que ahora los sucesores “morenistas” han mantenido durante los primeros 10 meses de su administración, con el obvio propósito de manipular al Poder Judicial para acallar las voces de los periodistas críticos.
Burda maniobra de Bonilla y Rodríguez, que se les revierte, cuando ahora se sabe del atropello cometido en contra de Carmen Olsen, quien fue detenida y golpeada el 4 de enero de 2013, por los policías Rafael Rodrigo García Robledo y Juan Alvarez Feliciano, de la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito, cuando se percataron que la periodista los había fotografiado en los momentos en que de manera abusiva, arremetían violentamente a patadas contra un joven.
Olsen, una reconocida y prestigiada comunicadora que ha colaborado con los periódicos El Sol de Tijuana, y Ecos de Rosarito, además de conductora de noticias del canal de televisión PSN en Rosarito, donde también ad ministra el blog “Rosarito en la Noticia 2”, sufriría las agresión física y amenazas de los dos policías que la intimidaron con arma en mano.
En complicidad con la autoridad judicial, la periodista pasaría de víctima a indiciada por el par de agentes de la ley, que la acusarían de “Ultrajes a la autoridad”. En 2012 había difundido también, que Claudia Cristina Espinoza García, entonces secretaria del director de Seguridad Pública, Francisco Casytro Trenti, disparó accidentalmente accionó su arma de cargo, por lo que la empleada la denunciaría por los delitos de difamación y calumnia, como se haría constar en la Averiguación Previa 2220/12/207/AP, por lo que solicitaría el amparo de la justicia federal para evitar nuevos atropellos de la estatal la estatal.
Es tal la conducta visceral tanto de Bonilla Valdez como de Rodríguez Lozano, que al reactivar el ordenamiento jurídico estatal, contrario a la Constitución General de la República, que pasarían por alto que desde marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivados de procesos penales en la ciudad de México, demostrando con ello su uso criminalizante contra la libre expresión, por lo que determinó que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad.
Por lo mismo, se concluye que a pesar de la manipulación intentada por Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano, la comunicadora Carmen Olsen no será privada en ningún momento de su libertad, a pesar de la condena del juez de Playas de Rosarito, lo cual ha causado el beneplácito de los periodistas bajacalifornianos, que en este caso recibieron el apoyo de la organización internacional independiente de derechos humanos, Artículo 19, cuyos abogados seguirán luchando legalmente para que sea absuelta y sus acusadores y patrocinadores sean sancionados de acuerdo con la ley.
Lamentable y condenable precedente que establecen el gobernador de Baja California y su secretario general, considerados por la comunidad periodística como aprendices de dictadores, que omnubilados por el poder absoluto que detentan, tienen también entre ceja y ceja al Semanario Zeta y su directora.
Alternancia para la intimidación a medios de comunicación y periodistas, en la que ambos funcionarios se alternan, como ha ocurrido con el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el ex policía de Chiapas, donde para aplicar el garrote vil, se inventaría el cargo de “ministro de Justicia”, que ahora enarbola en contra Adela Navarro, la directora del influyente y prestigiado medio impreso, que ha sufrido en el pasado reciente, no solamente la represión gubernamental, sino hasta el asesinato de sus dirigentes.
Fue en 1988, cuando Héctor Félix Miranda, cofundador del Semanario Zeta, sería asesinado por ejercer la libertad de expresión, como igualmente en 2004, ocurriría lo mismo con su editor Francisco Ortiz Franco.
El potosino haría alarde de su oficio persecutor y ejecutor, al declarar en conferencia de prensa, que “el Semanario Zeta está enojado, primero porque no se le compra publicidad y dos, porque estamos investigando a la pareja sentimental de Adela Navarro”.
Ha llegado al extremo de calificar de mentiras las investigaciones realizadas por este medio de comunicación, en las que de acuerdo a las denuncias de fuentes de información plenamente identificadas, se le señala junto a otros funcionarios, de estar involucrados en presuntos actos de corrupción al recibir sobornos por más de 20 millones de pesos, entregados por un empresario, a cambio de la promesa de recibir contratos de servicios de la instancia estatal.
La información sobre los supuestos ilícitos, está contenida en la investigación de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, así como de la Fiscalía General del Estado para integrar el expediente NUC-0202-2019-4471, sobre probables actos de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
De acuerdo con las pesquisas reveladas por el medio impreso, las acusaciones fueron realizadas por Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Bienestar y su operador Rosendo Colorado, quienes implicaron ante las autoridades al secretario general de gobierno, en la entrega de 20 a 24 millones de pesos, por parte de empresarios a quienes funcionarios de la administración entrante les prometieron serían favorecidos con cuantiosas licitaciones.
Lo que molestaría a Amador Rodríguez Lozano, sería el titular de la nota publicada por el Semanario Zeta: “Implica García a Amador en moches”.
Fiel a su estilo editorial de no guardar silencio, la empresa del Semanario Zeta, respondería al funcionario potosino: “Este Semanario no ha elaborado ni convenido una propuesta de publicidad con el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, Ni nosotros hemos solicitado publicidad, ni del Gobierno Estatal nos la han ofrecido”.
No dejaría de llamar la atención, el señalamiento a lo concerniente a la amenaza implícita de investigación o acción legal en contra de la supuesta “pareja sentimental” de la directora Adela Navarro, que da idea de que Rodríguez Lozano mantiene una sofisticada red de espionaje para obtener información privada y por lo mismo confidencial de sus “enemigos”, en este caso para desacreditar la vida personal y profesional de la comunicadora.
Bastarían tres horas después de las afirmaciones de Rodríguez Lozano en diciembre pasado, para que fuera denunciado por los representantes legales de Zeta, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, por atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información, en su afán de violentar con el descrédito a este medio y a su directora Adela Navarro Bello, por lo que la empresa periodística se ha reservado el derecho de emprender cualquier otro recurso judicial que legalmente
corresponda.
Queja en la que se responsabiliza al secretario general de gobierno, de incurrir en violencia de género, porque sin derecho y sin pruebas, hizo referencia a la vida personal de Adela Navarro Bello, con la intención de lo que se puede considerar una amenaza al involucrarla con una supuesta investigación con la que no tiene relación.
La periodista Adela Navarro Bello, publicaría en su columna Sortilegios, del 2 de diciembre, la versión de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investigaba las riquezas de los gobernadores de MORENA, Jaime Bonilla Valdez, de Baja California y Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos, además de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN), lo cual sería confirmado a Zeta por un informante de alto nivel del gobierno federal.
Manifestaría: “La fortuna de Jaime Bonilla es un misterio, pero se sabe que existe porque -al igual que el anterior gobernador, Francisco Vega de Lamadrid- la presume. Se ha dicho empresario exitoso, propietario de medios de comunicación, PSN (un multimedios en Tijuana), radiodifusoras en Chula Vista, San Diego, California y recientemente herederos de la familia Enciso en Tijuana reportaron la compra de la compañía radiofónica por parte del hoy gobernador de Baja California.
“Como gobernador de Baja California, no ha transparentado su declaración patrimonial. Ni siquiera se sabe si la presentó ante la Secretaría de la Función Pública como corresponde”.
Binomio Jaime Bonilla Valdez-Amador Rodríguez Lozano, que debe investigarse, por ocultamiento de riqueza y atentar contra la libertad de expresión en Baja California.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.