Inminente: Miles con Covid, de CA a Chiapas

Una nueva avalancha programada de migrantes desde la hondureña ciudad de San Pedro Sula, que podría sumar hasta 10 mil personas, durante el mes de octubre, entre niños y adultos presumiblemente portadores del mortal virus del Covid-19, ha empezado a desplazarse desde el miércoles 30 de septiembre, hacia la Frontera Sur de México, en ruta a los Estados Unidos.

Este jueves 1 de octubre, poco más de tres mil, ingresaron violentamente a la nación chapina, evitando el control migratorio y  sanitario, a pesar de la presencia militar y policíaca gubernamental, que al ser rebasada obligaría por la tarde al Presidente Alejandro Giammattei, decretar un Estado de Prevención, al considerarlos un “Riesgo para la Salud” del país, por ser portadores del Coronavirus.

Ordenamiento que se mantendrá vigente en los próximos 15 días en todo el territorio nacional, y en principio en los Departamentos (Estados), de Petén, Izabal, Zacapa, Choiquimula, Jutiapa y El Progreso, donde se mantenían dispersos, mientras que muchos de ellos han continuado su camino rumbo a la frontera mexicana.

Reclamo del mandatario guatemalteco a su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, por permitir este desplazamiento sin ningún tipo de control del estado de salud de los migrantes, que se sabe son también de origen salvadoreño, hondureño, cubano, haitiano, africano, venezolano y de otras nacionalidades que aspiran consumar el “sueño americano” en los peligrosos tiempos del Coronavirus.

Una advertencia de Giammattei, que por supuesto no es tomada muy en serio por los extranjeros invasores, que se apoyará en una acción coordinada entre elementos de los ministerios de Defensa, Gobernación, Salud y Relaciones Exteriores, que detendrán a los indocumentados y  deportaran a Honduras.

Entre los guatemaltecos, hay temor por la nueva invasión migratoria, pues los organizadores de las nuevas caravanas tienen contemplados la salida desde San Pedro Sula, de una segunda, que sumará más de tres mil integrantes, que pondrá todavía más en riesgo la salud de la población, al quedar expuesta a más contagios y decesos.     

Una incursión, que en el primer día de su nuevo periplo en la vecina Guatemala, vuelve a demostrar que es imparable por su organización de abrirse mediante actos violentos.

Y a pesar de su gravedad por el riesgo inminente que significa para el más de millón y medio de habitantes de Tapachula y municipios de la Región Soconusco (Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua, Motozintla, Huixtla, Tuzantán, Mazatán, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Suchiate, Cacahoatán, Frontera Hidalgo y Metapa), el Gobierno Federal no ha dispuesto aún ninguna operación preventiva de contención, repitiendo la lamentable historia de 2018 a la fecha, de la ausencia de controles de salud y migratorios.

Al cumplirse dos años del surgimiento de las “caravanas del hambre”, de migrantes de múltiples nacionalidades que desde Honduras partieron hacia Guatemala y México, para llegar a los Estados Unidos, la obligada evaluación nos lleva a establecer que ingresaron más de un millón de seres humanos, de los cuales más 500 mil pudieron cruzar a territorio de la Unión Americana, mientras el resto quedó esparcido en diferente estados fronterizos de lado mexicano.

El recuento nos lleva a recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto y después el de Andrés Manuel López Obrador, brindaron desde un principio todas las facilidades a los extranjeros indocumentados para llegar “al otro lado”, proporcionándoles transportación masiva de lujo (ETN), con aire acondicionado, televisión, baños a bordo, además de alimentos y gastos mínimos en la travesía de frontera a frontera.

Y lo más importante, que la “migra” mexicana se sumara “al esfuerzo solidario y humanitario”, para que llegaran con bien a “la Línea”, donde la Patrulla Fronteriza estadounidense se haría de la “vista gorda”, para que pudieran ingresar a su país, sin ningún contratiempo.

Cada uno en su momento acatarían los deseos del Presidente Donald Trump, al pedirles su apoyo incondicional con fines electorales de reelección, con desenlace en diciembre de 2020, de tal forma que los migrantes ingresarían al territorio estadounidense, donde finalmente serían detenidos y deportados, ratificando así su estrategia antiinmigratoria de cuidar los empleos de la supremacía blanca.

La falta de planeación, pero sobre todo de coordinación entre ambos gobiernos, llevaría a un descontrol del paso de los indocumentados extranjeros, que motivarían el malestar del magnate habilitado de jefe de la Casa Blanca, que en un acto desesperado para frenar la invasión de los de “color café”, exigiría al Presidente Andrés Manuel López Obrador frenar el flujo migratorio en la Frontera Sur de Chiapas con Centroamérica, ya que de lo contrario aplicaría sanciones por un total de 25 por ciento de impuestos (cinco por ciento mensual), a las importaciones de productos mexicanos, por lo que daba un plazo de cinco meses, a partir de junio de 2019, para cumplir.

Ello obligaría al envío de una misión diplomática a Washington, liderada por el canciller Marcelo Ebrard Casaoubon, quien arribaría con  la respuesta que esperaba Trump, de implementar a partir del 11 de junio, la intervención de seis mil elementos de una Guardia Nacional, en la Frontera con Guatemala, la cual existía únicamente en el papel, por lo que hubo que conformar urgentemente el contingente, con una combinación de elementos del Ejército Mexicano y de la Armada,  que llegarían de inmediato a Tapachula, provenientes de diferentes cuarteles del país.

Pero la presencia de los militares no desanimaría a los migrantes procedentes de Honduras, más cuando los vieron sin armas, por lo que incluso llegaron al extremo de apedrearlos y golpearlos con palos, cuando se enfrentaron con ellos en la ladera mexicana del río Suchiate.

Un flujo permanente e imparable, debido a la porosidad fronteriza con Centroamérica, que permitiría desde un principio a un elevado porcentaje de los indocumentados, seguir hacia la Unión Americana. Para entonces se encontrarían con la novedad de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por órdenes de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había cancelado los salvoconductos que les permitían trasladarse sin problemas a los estados de la Frontera Norte.

A mediados de 2019, Tapachula sería convertida por el  gobierno de México, en un área de concentración, teniendo como distintivos el Centro de Atención a Migrantes del INN, junto con las instalaciones de la Feria Internacional de la ciudad, donde se les mantenían privados de su libertad y bajo vigilancia federal, como parte de una estrategia que adicionalmente mantenía retenes coordinados por la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policías Federal y Estatal, en la carretera que comunica a los demás municipios de la Costa y al centro del país.

La mayor parte de la población extranjera en tránsito, se vería obligada a refugiarse en diversas colonias de la ciudad más importante de la Frontera Sur de México, rentando habitaciones de hoteles de paso, hospedajes públicos o casas particulares.

A principios de 2020, el Instituto Nacional de Migración reconoció que en la urbe de poco más de un millón de habitantes, se mantenían varados 60 mil migrantes de múltiples nacionalidades, en espera de documentos de desplazamiento tramitados ante el gobierno mexicano, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), con el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (COMAR).

Una cifra que no se apega a la realidad, ya que cálculos conservadores establecen que el número de inmigrantes supera los 100 mil. Basta con recorrer las calles de la urbe, para constatar la presencia multicultural representada por africanos y haitianos, fáciles de identificar por el color oscuro de su piel, lo mismo de cubanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ecuatorianos, venezolanos, además de chinos, árabes y de otros países, que según la Secretaría de Gobernación, pertenecen a un total de por lo menos de 52 nacionalidades que incursionan tradicionalmente por Chiapas y México, con destino final en los Estados Unidos.

Las más importantes ciudades del norte de la República, como Tijuana, Juárez, Reynosa, Saltillo, Matamoros y Monterrey, por citar algunas, se han convertido en refugios temporales y en muchos casos definitivos de los migrantes, a los que no ha quedado más que buscar empleo y asentarse de manera irregular en las más importantes urbes, que incluyen las del resto del territorio nacional.

Una corriente extranjera que nunca se ha frenado en el territorio mexicano, y que ahora dos años después adquiere de nuevo trascendencia mundial, no sólo por su cantidad, sino por la circunstancia de darse en los momentos en que en el resto del mundo se descubren rebrotes del la temida pandemia de Covid-19, donde Tapachula, vuelve a ser el foco principal de interés como primer contacto, de quienes huyen de la violencia, enfermedades y pobreza de sus lugares de origen.

Una amenaza para la población local y hacia los extranjeros varados que han mantenido una conducta demasiado irresponsable, al no sumarse a la causa de la prevención dispuesta por las autoridades de Salud, mediante el uso de cubre boca, la sana distancia y el aislamiento, argumentando que tienen que salir a las calles para buscar el sustento de adultos y menores de edad que los acompañan.

Transcurrir de año y medio de permanencia en los que han recibido los beneficios de una contratación gubernamental, para realizar trabajos de limpieza, por el cual reciben un pago de 200 pesos diarios por cuatro horas de desempeño, cifra muy superior al salario mínimo que recibe el sector laboral tapachulteco por jornadas de ocho, que mantiene

su inconformidad por el trato injusto de la administración federal.

La población chiapaneca desconoce la situación de la salud de los inmigrantes, lo mismo que su origen y condición migratoria, en la que pueden encubrirse delincuentes que operan sin ningún problema, al entrar en contubernio con las policías municipales, estatales y federales.

Tiempo de alto riesgo para los chiapanecos-mexicanos, cuyas demandas de atención para salvaguardar su seguridad por la presencia extranjera irregular, siguen sin ser escuchadas por los altos mandos oficiales, en medio de una grave crisis de desempleo al cerrar los ya de por sí pocos de capital chiapaneco y foráneo.

Atrás, el incumplimiento del compromiso de las Secretarías de Salud federal y estatal, de crear en el inicio de 2018, un blindaje sanitario en la Frontera Sur, a lo largo de los 654 kilómetros de longitud de la línea divisoria con Guatemala.

Surge la “voz enérgica” del Presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, del “no pasarán”, dirigida a los miles de migrantes, que como en el pasado reciente, volverán a enfrentar a las fuerzas armadas chapinas y mexicanas, a las que han tomado las medidas correspondientes, bajo el enarbolamiento de la bandera de exigir el de sus derechos humanos.    

Desplazamiento de miles, en la cercanía de los comicios Presidenciales en Los Estados Unidos, que podría servir para dar la puntilla a la política antimigratoria y al intento reeleccionista del republicano mandatario Donald Trump, que perdería su primer debate con su contrincante del Partido Demócrata, Joe Biden, y que en las últimas horas del viernes 2 de octubre, parece perder definitivamente la batalla electoral, al resultar peligrosamente a sus 74 años, positivo de Coronavirus.

Hoy, la Región Soconusco vive uno de sus peores momentos de su historia, al mantener sumida a la población en el miedo por la presencia del cada vez más mortal Covid-19, que se tornará todavía más compleja con el arribo inminente de quienes viajan enfermos, en una aventura de origen socioeconómico adverso que se reconoce, en la que se mezclan todo tipo de intereses, que deberían preocupar a nuestra clase gobernante.

La salud y la vida de los habitantes de la Frontera Sur de México, está de nuevo en alto riesgo. Ojalá se sepa y valore ya, dando prioridad a lo nuestro y no a la salud del vecino del norte.

Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.

Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.