Control migratorio
La emergencia migratoria se le salió de las manos a la Secretaría de Gobernación, tanto que la decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue publicada en un decreto y a partir de ya, la política en esa materia la retoma la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto que fue creada la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la que se encargará de fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que todas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en ese rubro. Lo que no queda claro aún es si el Instituto Nacional de Migración (Inami) seguirá bajo el mando de la Segob o pasará al de la SRE.
En la frontera sur, desde hace meses estamos viviendo un serio problema con la presencia de miles de extranjeros que han llegado buscando ir a los Estados Unidos pero los han frenado; no se tiene una estadística oficial, pero algunos consideran que desde la primera caravana que ingresó por el río Suchiate en octubre del año pasado a la fecha, en la zona deben estar unos 80 mil de al menos 25 países de Centroamérica, Sudamérica, El Caribe, Asia y Africa. La gran mayoría lo que quiere es cruzar territorio mexicano en busca del “sueño americano”, siendo los centroamericanos que generalmente presentan solicitudes de asilo en México.
Muchos fueron los qué y porqué de la creación de este nuevo organismo por parte del gobierno mexicano, entre ellos la política de respeto a los derechos humanos, aunque también reconoce que se trata de una responsabilidad que debe ser compartida con los gobiernos de diversos países, la necesidad de la instrumentación de la cooperación internacional y el emprender acciones para resolver las causas del fenómeno y en el caso de México, encauzar los flujos de personas para que sea seguro, ordenado y regular, para lo cual se presentó un plan de desarrollo integral por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.
Aclara que si bien el Estado mexicano debe proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional en situación irregular, tiene la obligación de preservar la gobernabilidad democrática y el estado de derecho cumpliendo con lo que establece la Ley de Migración, que no ha sido modificada, siendo indispensable realizar acciones de control, verificación y revisión en la entrada, salida, tránsito y estancia de los migrantes extranjeros, para responder de manera eficaz al incremento en el flujo migratorio. Esas han sido las causas principales que determinaron la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, presidida y coordinada por Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE que ha sido el negociador con Estados Unidos, en el tema migratorio, sobre todo después de las amenazas de imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, causa fundamental que se queden los migrantes en la frontera sur.
Son las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Salud; Trabajo y Previsión Social; Turismo, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Instituto Nacional de Migración; Servicio de Administración Tributaria; Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto de Administración de Bienes y Activos, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes participan en este nuevo organismo que ojalá encuentre los mecanismos necesarios para dar solución a la emergencia que estamos padeciendo.
Sectores productivos, empresariales y sociales esperan ya una atención integral a la problemática, no solamente en cuanto al control en el ingreso de migrantes por el río Suchiate que no se detiene a pesar de la presencia militar y de la Guardia Nacional, sino también en materia de salud y empleo, sobre todo cuando en el rubro del trabajo en diversos municipios se contrata a extranjeros para realizar labores de limpieza y se despide a mexicanos, situación que se ve como discriminatorio para los nacionales y eso también se debe atender.
A escena
En Escuintla, en donde el pasado 10 de septiembre fueron incendiados edificios públicos, entre ellos la presidencia, el DIF y el Auditorio Municipal, así como vehículos oficiales, ayer la población nuevamente salió a las calles para exigir la desaparición de poderes en el Ayuntamiento que todavía preside Ever Daniel Velázquez Javalois y la conformación de un Concejo Municipal. El edil es acusado de cometer actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, nepotismo y represión. La población lo señala de que en pocos meses ha adquirido una serie de propiedades, entre ranchos, ganado, maquinaria pesada y vehículos, pero a pesar de las demandas sociales no ha intervenido la Auditoría Superior del Estado, aunque ya existe una promesa de que será investigado… Hasta la próxima.