Irresponsabilidad de la SCT
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se ha desentendido completamente de los trabajos de rehabilitación que el consorcio Asociación Público Privada Arriaga-Tapachula, realiza de la carretera Costera, que la convierte en una vía altamente peligrosa para circular por ella, pero no solamente eso, sino que empresas y prestadores de servicio regionales demandan pagos por más de 40 millones de pesos.
Esta carretera conecta a México con Centroamérica; por ella circulan a diario cientos de camiones de carga que transportan mercaderías de exportación e importación que sufren daños precisamente por el mal estado de la cinta asfáltica que en la temporada de lluvias ha sufrido un mayor deterioro.
Desde febrero del 2018, la SCT tendría que empezar a revisar las acciones de rehabilitación y mantenimiento de la carretera, ante la concesión otorgada al consorcio APP Arriaga-Tapachula a la que, hasta donde se sabe, le autorizaron más de cuatro mil 700 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, pero los trabajos no solamente son lentos, se ha demostrado la pésima calidad de los mismos en algunos tramos que ya fueron terminados, como el caso de Tonalá-Arriaga, en donde a los pocos meses de haber repuesto la carpeta asfáltica ya la están levantando otra vez.
El contrato con clave de registro de cartera 07092110008 establece que se brindará atención a 473 kilómetros, cuyos trabajos de reconstrucción se iniciaron hace más de año y medio, pero no tienen para cuando se terminen, bajo la complacencia de la SCT, al establecerse que la obra debería contar con señalamientos, defensas y barreras de seguridad, elementos de seguridad vial, rehabilitación de 200 puentes, más de mil 689 obras de drenaje, entre otros.
La falta de señalización y los atrasos considerables hace que esa vía se encuentre totalmente insegura tanto para los conductores de vehículos particulares como para el sector de transporte público y de carga, tanto que a diario se registran accidentes que dejan pérdidas de vidas, heridos y materiales millonarias, tanto que sectores productivos y sociales ya han enviado cartas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para que intervengan, sin obtener respuestas porque el Centro SCT en Chiapas ni siquiera tiene titular desde hace varios meses.
Pero eso no es todo, el consorcio APP Arriaga-Tapachula subcontrató diversos tramos, obras y servicios a empresas constructoras y de servicios regionales para que la ayudaran en los trabajos de reconstrucción de la carretera, pero no han recibido los pagos correspondientes que ya ascienden a más de 40 millones de pesos. Ya es la tercera ocasión que eso ocurre en un año y para presionar han tenido que paralizar los trabajos e inmovilizar la maquinaria.
El ex diputado federal César Amín González Orantes, ha sido uno de los que ha estado interviniendo para que se liquiden los adeudos a las empresas locales que están a punto de la quiebra, aparte de culpar a la misma como los responsables de los constantes accidentes automovilísticos que se registran en los diferentes tramos de la carretera que se encuentran en reparación.
Ante todo ese panorama, resulta urgente que se ordene por parte del Gobierno Federal una investigación y auditoría al consorcio responsable de la obra, al haberle otorgado un concesionamiento por un periodo de diez años y ha demostrado en pocos meses que carece de capacidad y de responsabilidad, aunque es la SCT la que tiene también que intervenir de inmediato.
A escena
La serie de conflictos en ayuntamientos municipales de Chiapas tienen un común denominador, las alcaldesas no se mandan solas, sus esposos son los síndicos y son ellos los que realmente toman las decisiones; en el caso de los ediles -en donde ha habido problemas- la injerencia de los familiares es total y en otros casos, la falta de respuesta a las demandas ciudadanas y los presuntos actos de corrupción. Ya pasó en Escuintla, en donde quemaron la presidencia y otros edificios públicos; en Las Margaritas, arrastraron al edil con un lazo atado a una camioneta; en Oxchuc y el lunes en Simojovel, pero puede seguir ocurriendo en otros lugares, en donde ha quedado demostrada la falta de capacidad tanto de las autoridades locales como de los operadores políticos que dejan muy mal parados a sus jefes, porque los asuntos cuando se inician no se atienden y los dejan crecer hasta que estallan, por lo cual las soluciones se dan en la capital del estado, en donde las autoridades siempre han privilegiado el diálogo para que prevalezca la paz social, pero es en los municipios donde las cosas no caminan y ante ello, también en muchos casos se hace necesario que le jalen las orejas a los ediles o alcaldesas... Será el 23 de octubre próximo cuando se realice la asamblea del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Spaunach) y ya todo está planchado para que sea el costeño, Héctor de León Gallegos, el designado como secretario general… Organizaciones productivas del país han advertido altos riesgos para el campo si continúan quitándole dinero a los presupuestos destinados al campo, que en el 2018 fue de 75 mil millones de pesos; en este año, de 65 mil millones y en el 2020 el proyecto es de 46 mil millones, ante lo cual han pedido a diputados federales y senadores analizar de fondo el tema y cambiar la estrategia en la política de desarrollo del sector agropecuario, pesquero y forestal. Y es que muchos sectores se quedarán sin recursos y tendrán que rascarse con sus propias uñas, cuando el país requiere de mayor producción, toda vez que actualmente está importando el 40 por ciento de lo que consume en granos como el maíz, frijol, arroz, trigo, pasta de soya, carne de res, cerdo y leche, aparte del café y cacao, y en la mayoría de esos rubros, Chiapas es un importante productor y por tanto, la baja de los presupuestos tendrá repercusiones en la entidad… Hasta la próxima.
