La estrategia económica del Gobierno Federal ha dado los resultados esperados, al emparejar el crecimiento de la economía nacional con la economía familiar, que atiende a la realidad actual sin perder la visión de mediano y largo plazos.
La política económica con enfoque social tiene como objetivo eliminar las desigualdades, para que todas y todos vivan con bienestar y colocar en la ruta del desarrollo a las diferentes regiones del país.
El paquete económico para 2027 confirma que tenemos finanzas sanas y estabilidad macroeconómica. A pesar de las tensiones comerciales y geopolíticas que han determinado el entorno internacional, nuestro país se ha mantenido fuerte.
Tenemos un mercado laboral dinámico que reporta niveles de desempleo en mínimos históricos; una política salarial sin precedente; un proceso desinflacionario consistente; una moneda fuerte; inversiones en infraestructura sin parangón; una política industrial enmarcada en el Plan México; cifras históricas de inversión extranjera directa; un sector externo dinámico respaldado por el T-MEC; y una estructura exportadora cada vez más sofisticada, en la que sectores de alta tecnología crecen a tasas inéditas.
Por ello, las reformas enviadas al Congreso por la presidenta de la República en materia de propiedad intelectual, inversión extranjera y certificados libre de deforestación resultan de gran importancia, ya que por un lado es necesario fortalecer el marco penal en materia de derechos de propiedad intelectual a fin de combatir eficazmente su vulneración y armonizar la legislación nacional con los tratados y acuerdos comerciales internacionales de los que México es parte, así como establecer reglas para la reparación del daño, perseguir conductas vinculadas con mercancías falsificadas o ilícitas y atender operaciones realizadas mediante envíos sucesivos.
En esta lógica resulta a todas luces pertinente crear un mecanismo especializado de inversiones extranjeras sujetas a escrutinio de seguridad nacional, ampliar las capacidades institucionales de la Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras e incorporar expresamente los riesgos o amenazas a la seguridad nacional entre los criterios para resolver operaciones y brindar mayor certeza jurídica a las personas inversionistas, al fortalecer la capacidad institucional del Estado para evaluar integralmente dichas inversiones, lo que permitirá que nuestro país siga siendo atractivo como destino de inversión, a la vez que compatibiliza la apertura económica con la protección del interés público y la soberanía nacional, manteniendo la inversión extranjera como fuente de desarrollo, empleo, tecnología y capacidad productiva.
La emisión de certificados libre de deforestación es una acción plenamente coincidente con la política nacional medioambiental e hídrica, al tiempo que constituye un avance en la cumplimentación de compromisos internacionales, al otorgar certeza jurídica y trazabilidad sobre la condición forestal de los terrenos vinculados con actividades productivas y facilitar que quienes cumplan la legislación puedan acreditarlo mediante un documento oficial.
Además, asegura que el comercio agroalimentario se desarrolle bajo estándares verificables de producción libre de deforestación, debido a que los mercados y socios comerciales exigen acreditar estándares ambientales, sociales y laborales y, fundamentalmente, porque esa verificación aporta certeza sobre el origen responsable de los productos mexicanos.
No podemos soslayar que prevenir y evitar la deforestación contribuye sensiblemente a la gestión adecuada de los recursos hídricos, ya que reduce drásticamente la capacidad de los bosques para absorber, regular y purificar el agua, acelerando de forma directa la escasez hídrica, debido a que se rompe el ciclo del agua, se pierde la recarga de acuíferos y se erosiona y sedimenta la tierra.
El nuevo marco jurídico y las políticas públicas confirman que estamos ante una estrategia económica de largo aliento.
