Qué bueno que el Sistema Municipal de Agua Potable y alcantarillado en la capital del estado, admitió que incurría en una inconstitucionalidad y en una violación en los derechos humanos con la advertencia que lanzaba a los ciudadanos en los recibos de agua donde amenazaba con cortar el agua y el drenaje, pues la famosa leyenda de “EN PROCESO DE CORTE DE AGUA Y DRENAJE”, se ha eliminado de los recibos enviados mensualmente a los domicilios.

Y es que el agua potable es un derecho indispensable para vivir dignamente y se considera un bien de carácter social. Además en la Constitución Política en el párrafo tercero del artículo 1° establece que todas las autoridades, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen la ineludible obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dentro del cual se encuentra el derecho al “agua y saneamiento”, como lo mencionamos en otro espacio de Filo y Sofía.

El Smapa estaba violentando estos derechos al cortar el agua cuando todas las personas tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado está obligado a garantizar este derecho y la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/Unicef), señala que una persona debe tener acceso al agua potable y de manera fiable y al cortarse el servicio, se violenta este derecho humano, que como muy pocos conocen, permiten este abuso de Smapa que sólo ha dejado la leyenda de “pago de inmediato” cuando se adeudan tres meses.

Transporte

La Amotac paralizó actividades en diferentes partes del estado para manifestar diversas inconformidades que tienen los transportistas a nivel nacional, pero llamó la atención que esta vez, no bloquearon carreteras ni calles, considerando que manifestaciones de este tipo pegan gravemente a la economía del sector productivo que desafortunadamente viene a la baja por la falta de circulante.

Los transportistas tienen diversas demandas, entre ella que las unidades de doble remolque salgan de circulación, la emisión de licencias para operadores, mayor seguridad en las carreteras, derivado de que los asaltos de los que son víctimas o secuestros a unidades y conductores en algunas regiones del país generan serios daños a los empresarios.

Asimismo, exigen la disminución de precios de los combustibles, que desafortunadamente no han bajado tal como lo había ofrecido el gobierno federal en turno y bajar los costos de las casetas de peaje que también lejos de reducir, aumentan. Asimismo protestan en contra de los abusos de autoridad por parte de las policías federales, estatales y municipales, que desafortunadamente se pintan solos para carretear a los camioneros de transporte pesado y exigirles una cuota, lo cual sin duda está relacionado con la corrupción y genera afectaciones a este sector porque tienen que pagar cuotas a las tres corporaciones sin que se relacione con algún delito, pero al denunciarlos estos enfurecen y se ponen peor.

Lo que hay que reconocer es que la movilización no generó bloqueos, pero deben ser atendidos, porque de lo contrario la molestia crece y por eso luego, los grupos y las organizaciones toman otras medidas drásticas que llevan a una parálisis total afectando a los sectores productivos que van en cadena.

Por el momento han ejercido su derecho a la manifestación sin afectar a terceros, pero de no ser atendidos y recibir respuestas que sean favorables, seguramente veremos una movilización de otras magnitudes y es lo que no tiene que esperar el gobierno, es decir, atender de manera tardía porque las peticiones aumentan.

Con Filo

Organizaciones civiles pidieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados garantizar que los programas contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 cuenten con reglas de operación claras al considerar que es inviable que los programas de gobierno federal reciban recursos sin que sean específicos en los lineamientos para ejercerlos, lo cual habla de opacidad en el manejo de los mismos y de un doble discurso y es que desafortunadamente por un lado se habla de transparencia y por otro pareciera que se hace todo lo contrario, así que antes de que los legisladores aprueben el PPEF 2020, México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro Espinosa Yglesias y México Unido contra la Delincuencia enviaron una carta a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de dicha comisión, en la que le expusieron que es inviable que los programas del gobierno federal reciban recursos sin tener reglas de operación transparentes…/// En el DIF del municipio de Tapachula, todos se preguntan a dónde fueron a parar las grandes macetas que dejó la administración anterior y que de la noche a la mañana la actual titular de este organismo, Laura García Arjona, desapareció, por lo cual le dicen “Maga” ya que tiene el arte de desaparecer no sólo las plantas, que son muy visibles, sino otros objetos que embellecían el lugar donde están ubicadas sus oficinas, eso sí, nadie le gana en el trato déspota y arbitrario contra el personal que labora en esta institución. Lamentablemente se comporta como de la realeza, trata mal hasta a las personas de la tercera edad que se atienden en el lugar mostrando un comportamiento que dista mucho de su realidad.

maryjose52@hotmail.com