Unach y UPCH resurgen en “estafa maestra”

La estafa maestra vincula a proceso a chiapanecos que en su momento manejaron recursos relacionados con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, lo que llama poderosamente la atención es que solo uno de los titulares que tuvo la Sedesol en Chiapas en el sexenio pasado esté llamado a cuentas; y es que en esa institución desfilaron al menos seis delegados entre ellos el exdiputado federal Luis Ignacio Avendaño, Hugo Francisco Ruiz, Eduardo Zenteno Núñez, Rubén Zuart Esquinca, Miguel Prado de los Santos y Ezequiel Orduña Morga, pero en el desfalco solo se relaciona a uno de los exfuncionarios y no se menciona a nadie de la Unach, como si la corrupción fue de un solo lado.

Mientras que en el caso de la Politécnica de Chiapas mencionan al más despeinado que es José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la UPCH, y se suman a la lista quien fue alcalde de Tapachula y delegado de la dependencia Ezequiel Orduña Morga, junto con quien fue su subdelegado Rodolfo Molina Monterrosa, además de Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol; y José Israel Torres Gutiérrez, ex director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución a nivel nacional, pero vinculados al fraude en la entidad.

Indudablemente estos funcionarios fueron las piezas más frágiles y les tocará pagar el fraude de manera conveniente para que parezca que se combate la corrupción en el país, aunque en realidad hay exfuncionarios con una cola más larga que están siendo omitidos en esta investigación pero que están cobijados con el manto de impunidad y poder, de tal modo que las indagatorias se las pasan por el arco del triunfo.

Y es que muchos de los que podemos llamar “peces gordos” siguen vigentes como titulares de las instituciones involucradas, o bien se han acomodado como asesores del actual gobierno y en el último de los casos son diputados federales como Miguel Prado de los Santos y precisamente por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En cuanto a las Universidades, todas las que están relacionadas con la estafa maestra están en crisis financiera, aunque pareciera que quienes fueron o son rectores de las instituciones son protegidos, pues insisto, no se menciona a ninguno de ellos en las indagatorias de la Fiscalía General de la República.

Por lo pronto, un juez de control de la FGR ha vinculado a proceso a los excolaboradores de Rosario Robles, contra quienes el Ministerio Público (MP) federal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentaron distintas pruebas que los involucra en el desvío de recursos. En el caso de Orduña se habla de un presunto desvío de 53 millones de pesos, como parte de las pesquisas de la Estafa Maestra.

Al exfuncionario se le imputa el delito de uso indebido del servicio público en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la operación; y como medida cautelar se impuso la presentación quincenal de los funcionarios ante las autoridades de control, la restricción para salir del país -por aquello de que quieran darse a la fuga-, y el pago de una garantía de 70 mil pesos, lo cual pagaron de inmediato, y posteriormente se ampararon.

En relación a Montoya Santos y Torres Gutiérrez, son vinculados con la UPCH y supuestamente los exfuncionarios habrían autorizado pagar ilegalmente 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de los comedores comunitarios en el Estado de México, en el que se contrató precisamente a la Universidad Politécnica de Chiapas y del que se acusa presuntamente la pérdida de documentos que acrediten la realización de las obras que no se pudieron verificar.

De acuerdo a la información presentada, los pagos fueron adjudicados a través de un contrato, entre el 14 de abril y 6 de mayo del 2015 en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin que la Sedesol verificara si la Universidad Politécnica de Chiapas tenía la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo la mejora de los comedores comunitarios y es ahí donde se ve involucrado José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la UPCH, aunque también está involucrado en este tema el exrector de la Politécnica Francisco I. Madero y Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no han sido llamados a cuentas.

Así también se relacionan con Montoya Santos y Torres Gutiérrez, a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tales como Enrique González Tiburcio, ex subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, que son señalados de triangulación de recursos federales a empresas fantasmas por medio de instituciones educativas, una de las cuales sería la Politécnica de Chiapas.

En fin, esta indagatoria que sigue la Fiscalía General de la República quedan muchos cabos sueltos y más políticos que no deben ser protegidos por el manto del poder.

Con filo

En medio de protestas Rosario Piedra, asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un cargo en el que tendrá mucho que demostrar y, sobre todo, imparcialidad porque como bien lo dice ella en su discurso, esta posición no debe ser un premio para nadie ni debe tener militancia, aunque desafortunadamente Piedra es militante del partido gobernante, denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), instituto político en el cual se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, por eso el impulso que recibió de los senadores de este partido para su designación.