La noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició las carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de los jueces Sergio Santamaría Chamú -juez primero de Distrito en Michoacán- y María Gabriela Ruíz Márquez, -quien encabeza el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco-, exhibe una aberración jurídica. Por decisión política se pretende penalizar a dos jueces por realizar aquellas funciones para las que fueron nombrados y a quienes se les delegó la autoridad del Estado Mexicano.

Hoy se está dando una actitud represiva e intolerante que está politizando la justicia, y esta censura viene desde el Poder Legislativo, convertido ya en la nueva “inquisición”.

Fernández Noroña hoy define “qué es inconstitucional” y qué sí está permitido, lo cual, evidentemente viene ya etiquetado con el prejuicio de que “lo que se ajusta a la visión de la 4T sí es constitucional y lo que se opone, se convierte en delito”. Fernández Noroña ya se convirtió en un reconocido jurisconsulto, cuando ni siquiera es abogado, sino sociólogo.

La politización de la justicia siempre antecede a los regímenes totalitarios, pues permite neutralizar adversarios y a quienes se oponen al proyecto político que se pretende impulsar.

Tradicionalmente el Congreso ha sido un espacio de negociación política, pero hoy se ha convertido en el verdugo de la democracia, operando una transformación destructiva.

Hay una fábula narrada de generación en generación cuando se habla del Estado de Derecho, la cual cuenta que el rey Federico El Grande, de Prusia, molesto porque frente a su palacio de verano, Sanssouci, estaba un molino de viento y este afeaba la vista decidió comprárselo a su súbdito, pero este se negó a venderlo. Encolerizado el rey amenazó con destruirlo.

El molinero, apenas salió del Palacio se dirigió a Berlín a exponer su caso ante un juez y solicitar la protección de la ley. El juez después de analizar el caso falló a su favor y ello frenó la demolición.

Tiempo después se volvieron a encontrar el rey y el molinero y este último, -con sorna-, le echó en cara al rey: “Majestad afortunadamente aún hay jueces en Berlín”. Sin embargo, el rey, -aun siendo un claro representante del “despotismo ilustrado” del siglo XVIII-, respetó el fallo del juez.

Esta anécdota, aún sin verificación histórica, refleja la vocación de los jueces de carrera, juristas comprometidos con la justicia y la aplicación de la ley.

Sin embargo… ¿Quién de los jueces “de la tómbola” se arriesgará a frenar injusticias en las que estén involucrados quienes gobiernan?

Difícilmente correrán el riesgo de enfrentar a personajes poderosos como el ilustrísimo Fernández Noroña y terminar con una investigación en su contra en la Fiscalía General de la República, como está sucediendo a los jueces Santamaría Chamú y Ruíz Márquez, por ejercer la potestad que les asigna la Constitución pero que incomoda a quienes de forma populista hoy ejercen el poder real.

Imaginemos un futuro donde los veredictos se sometan no a los dictados de la Constitución, sino a consultas públicas manipuladas según los intereses del gobierno.

Escuchar al ministro en retiro Arturo Zaldívar en una entrevista televisiva, me recordó a “Chespirito” y la “Chimoltrufia”, pues lo mismo se opuso a la elección de jueces, magistrados y ministros cuando él aún estaba en activo en la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que ahora no solo dice otra cosa justificando lo que antes criticó, sino que participa y coordina la selección de candidatos que serán sometidos a elección popular.

El “síndrome de la Chimoltrufia” describe a los de la 4T: dicen una cosa, pero luego se desdicen con total cinismo. En toda la historia de México la justicia nunca ha estado en manos más irresponsables, -que desde que se aprobó la actual reforma judicial-, esta ha sido manipulada por legisladores. ¿Qué le parece a usted?