La justicia intergeneracional es un compromiso ético que se puede traducir en una pregunta: cuando una generación entrega el país a la siguiente, ¿entrega más o menos de lo que recibió? La respuesta contempla desde el equilibrio ambiental hasta la solidez institucional.
En el terreno fiscal, el margen para ese compromiso es cada vez más estrecho. De cada 100 pesos del proyecto de PEF 2027, 80 ya están asignados.
La discusión en la Cámara de Diputados se concentra en apenas 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB): con ese margen hay que decidir las prioridades del gasto público y qué necesidades atender o postergar.
Además, muchas de las personas que enfrentarán las consecuencias de esas decisiones no están representadas: los más jóvenes, que aún no pueden votar, y quienes ni siquiera han nacido.
La creciente deuda pública amplía aún más la brecha entre generaciones. El próximo año, el saldo total de la deuda rondará 55 % del PIB.
Por supuesto, no toda deuda es mala: es válido endeudarse para impulsar el desarrollo, construir infraestructura, crear algo que seguirá vigente en 10, 20 o 30 años.
El riesgo está en endeudarse para financiar gastos corrientes sin generar beneficios duraderos o comprometer recursos públicos con propósitos electorales.
En el PPEF 2027, pensiones e intereses de la deuda, en conjunto, absorben más de la tercera parte del gasto público total. Se protege, con razón, a quienes hoy dependen del Estado, pero a costa de quienes vendrán después.
¿Por qué es un tema urgente? Porque los cambios demográficos se han acelerado y sus efectos fiscales serán más visibles. La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi registró una edad mediana de 32 años, tres más que en 2020.
La fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a solo 1.2 en 2024. Esto aumentará la presión sobre las finanzas públicas: habrá más adultos mayores que sostener con una proporción menor de población en edad de trabajar.
Los presupuestos se diseñan, deliberan, votan y ejercen con un horizonte de corto plazo. La toma de decisiones está determinada, en gran medida, por ciclos electorales de tres o seis años, aunque sus consecuencias puedan extenderse durante décadas.
Suele decirse que los gobiernos “patean el bote”, pero no se dice exactamente hacia quién. Los costos de postergar recaen, en buena medida, sobre quienes aún no participan en la discusión pública ni en la representación política.
En nuestro país ese horizonte generacional sigue siendo, ante todo, una preocupación de las organizaciones civiles. Hace falta incorporarlo al quehacer del Estado.
Desde el Congreso podríamos impulsar un “Anexo Generacional” en los presupuestos, o bien, una evaluación de impacto generacional en los dictámenes.
El objetivo sería identificar qué costos y beneficios recaerán sobre las generaciones que todavía no pueden defender sus intereses en las instituciones.
La ausencia de una perspectiva de largo plazo tiene consecuencias políticas. Pensemos en los pensionados que exigen legítimamente que se respeten sus derechos y prefieren mantener las cosas como están.
Al mismo tiempo, los jóvenes tienen motivos válidos para cuestionar un sistema que podría no solo obligarlos a pagar una factura pendiente, sino también ofrecerles condiciones más precarias en el futuro.
Si nadie concilia estos intereses, la disputa generacional podría convertirse en un factor de polarización más fuerte que las diferencias ideológicas o de clase.
Quizás uno de los desafíos políticos de nuestro tiempo sea construir un pacto generacional capaz de asumir, al mismo tiempo, dos compromisos: que quienes hoy dependen del Estado conserven una protección digna y que quienes hoy trabajan puedan aspirar a ella mañana.
La justicia intergeneracional exige representar también a quienes todavía no votan. A la política hacendaria le corresponde hacerles espacio antes de que llegue su momento de pagar la cuenta.
