En enero de 2024, México dio un paso histórico con la aprobación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
No fue una ocurrencia aislada, sino la respuesta a una exigencia social que llevaba años reclamando un sistema de justicia más ágil, humano y accesible.
El mensaje es claro: la justicia no debe agotarse en tribunales sobrecargados, sino que debe abrir caminos de conciliación, mediación y diálogo directo entre las partes.
Hoy, la responsabilidad recae en los congresos estatales, que tienen en sus manos la posibilidad de completar este andamiaje legal y dejar un legado político que la sociedad agradecerá durante generaciones.
Esta legislación tiene un objetivo contundente: despresurizar a los tribunales y cambiar la cultura del litigio por la cultura del acuerdo.
No se trata de restar fuerza a los jueces, sino de liberarles del peso de asuntos que pueden resolverse fuera de la jurisdicción, con la guía de facilitadores y abogados colaborativos certificados.
La justicia restaurativa que propone la ley, no busca vencedores ni vencidos, sino reparar daños, restaurar relaciones y evitar que los conflictos se repitan.
Es un modelo que responde a la realidad de un país donde los tribunales, aunque necesarios, no pueden ser el único escenario para resolver cada diferencia.
El Congreso de la Unión cumplió con su tarea al emitir esta ley general. Pero la obra está inconclusa, si los estados no armonizan su marco normativo.
Se otorgó un plazo de un año para que las legislaturas locales adecuaran sus leyes y pusieran en marcha sus propios sistemas de conciliación, con centros públicos y privados, registros de facilitadores y convenios con plena validez jurídica.
Ese plazo ya pasó y aún hay entidades que no han actuado con la urgencia que el tema merece. El riesgo es evidente: un sistema nacional de justicia alterna que nacería incompleto, fragmentado y desigual.
Aquí es donde la política adquiere su verdadero valor. Los congresos estatales tienen la oportunidad de dejar de lado cálculos partidistas y responder a una necesidad ciudadana genuina.
Completar este sistema no es solo un mandato legal, es un acto de responsabilidad democrática. ¿Qué mejor legado para un legislador que haber sido parte de la construcción de un modelo que brinde soluciones rápidas, gratuitas y pacíficas a millones de personas? La sociedad no olvidará a quienes tuvieron el valor de dar este paso y asumir que la justicia puede y debe ejercerse también fuera de los tribunales.
Los beneficios son evidentes. Cada centro de mecanismos alternativos que se ponga en marcha será una válvula de escape para los tribunales estatales, que podrán concentrar su tiempo y energía en los casos más complejos.
Cada convenio será alcanzado mediante conciliación y será un juicio menos en los pasillos de los juzgados.
Cada facilitador certificado será un agente de paz que ayudará a transformar la manera en que los mexicanos resuelven sus diferencias. Y cada ciudadano que acceda a estos servicios encontrará en el Estado; no solo un juez, sino un aliado en la búsqueda de soluciones.
El llamado es directo y urgente a los congresos estatales les corresponde completar el círculo virtuoso que inició el Congreso de la Unión.
No hacerlo sería incumplir con la sociedad que los eligió y desaprovechar una oportunidad histórica. Sí hacerlo, en cambio, significará dejar huella en la construcción de un México más justo, donde el acceso a la justicia no se limite al expediente y la sentencia, sino que se abra a la palabra, al acuerdo y a la reconciliación.
La justicia sin litigio, es ya una realidad en la ley. Lo que falta es voluntad política para hacerla realidad en cada entidad federativa.
Los legisladores tienen la oportunidad de demostrar que la política también puede ser generosa, que también puede escuchar los reclamos ciudadanos y responder con acciones concretas.
Si se asume este reto con seriedad, el país dará un paso decisivo hacia un modelo de justicia eficaz, pacífico y verdaderamente humano.
Esa es la clase de legado que trasciende calendarios electorales y deja una marca positiva en la historia de México. Ojalá cada Estado haga andar todo este sistema.
