No hacer política es entablar un diálogo de sordos, es ahogar el debate con más calificativos que sustantivos, es desdeñar acuerdos con posiciones irreductibles. Hacer política significa armonizar intereses diversos, una actividad siempre incómoda, que supone sortear esa pugna en conflicto, que por momentos se piensa como imposible. Se da entre adversarios, que conviven en una pluralidad democrática y que evitan ser enemigos.
Lo que sucedió con el Presupuesto la semana pasada, es gravísimo, para la política y la democracia mexicana. El presidente presentó su proyecto, bajo la condición de que la oposición no le moviera una sola coma. El PAN, PRI, PRD y MC, plantearon reservas a 1,735 artículos, de un total de 2007 e intervinieron 338 veces en la tribuna. Nada valió. Fueron mas de un ciento de horas invertidas en comisiones y en el pleno. Apenas se logró, y con trabajos, convenir cuándo se iniciaban y se reanudaban las sesiones y cuándo debían de terminar. Lo demás fueron desencuentros, insultos y excesos verbales. Nada memorable, salvo por dos circunstancias: una, la activa participación de las diputadas, que dominaron la tribuna, con intervenciones articuladas, rigurosamente bien hechas, valientemente planteadas. La otra, la consolidación de la coalición legislativa “Va por México” y la afortunada coincidencia con MC, en todas las votaciones.
Es incomprensible que partidas relacionadas con el poder judicial, el INE, la seguridad, la salud, la educación, el combate a los delitos en contra de las mujeres y víctimas de trata, el medio ambiente, los migrantes y un largo, etcétera, se hayan reducido o en el peor de los casos suprimido. El presupuesto planteado, en muchas de sus partidas contradice, no solamente una economía sana, sino que, además, el principio constitucional de progresividad. No hay razón, ideología o programa, que valga para violentar los derechos humanos.
En la sesión de Cámara, se escuchó una y otra vez reafirmar en tribuna el escudo de legitimidad que tiene el presidente, los 30 millones de votos que, a decir de ellos, supuestamente lo habilitan para hacer un cambio de régimen, sin siquiera voltear a ver a la oposición. La verdad es otra: eso sólo lo faculta para presentar el presupuesto, no para imponerlo.
Ese aparente superpoder presidencial, que sólo le otorgan sus legisladores, se debilita con los resultados de junio pasado. La oposición, en conjunto, obtuvo más votos que Morena y sus aliados. Esos votos representados en la Cámara se invirtieron, Morena y sus aliados resultaron con más curules. Así son las reglas de asignación, es claro que existe un problema de sobrerrepresentación, amén que lo permita la constitución.
Con lo acontecido, la estrategia de bloqueos camerales tendrá muchos más incentivos, que los de colaboración. Vendrán reformas constitucionales que requerirán los votos de la oposición, lo mismo sucederá con los nombramientos en integración de los órganos constitucionales.
La oposición impedida de hacer política en el Congreso, no tendrá, por el momento, más remedio que acudir a los jueces y a la Corte, dado que la mayoría de sus reclamos se vinculan a violaciones de derechos humanos y a conflictos competenciales.
Pongámosle un hasta aquí a la antipolítica. El presupuesto es una auténtica tercera llamada, reflexionemos antes de que empiece la función: nadie en su sano juicio, quiere asistir a un espectáculo que perjudica a todos.