XCV
La democracia mexicana no nació perfecta, pero sí nació del acuerdo. De la negociación, de las cesiones mutuas y de luchas largas que tuvieron un objetivo claro: ponerle límites al poder y hacer que el voto de cada persona importara lo mismo.
Por eso, cada vez que desde el gobierno, es decir, desde el poder no solo se anuncia, sino se diseña una reforma electoral, la pregunta obligada no es cuánto cambia el sistema, sino a quién pretende beneficiar ese cambio. Lo que genera suspicacias.
Hoy se vuelve a hablar de una reforma electoral. Se habla de austeridad, de eficiencia, de simplificación. Pero en política lo importante no es el discurso, sino el contenido.
Y cuando uno revisa lo que se empieza a poner sobre la mesa —por las propias filtraciones de quienes la están delineando y de la propia titular del ejecutivo que los nombró—, queda claro que no estamos frente a un simple ajuste administrativo, sino ante acciones que lo que pretenden es perpetuarse en el poder, eliminar los contrapesos y la instauración de un régimen autoritario.
Estamos convencidos de que la democracia muere cuando desde el poder se escriben las reglas, se impone al árbitro y se compite al mismo tiempo.
Por eso en México, desde hace más de 30 años, las reformas electorales han sido producto del consenso, del equilibrio y de la presión legítima de las minorías.
Desde Acción Nacional hemos decidido entrar a esta discusión con seriedad. No desde la estridencia ni desde la consigna fácil, sino desde una convicción profunda: la democracia no se fortalece debilitando a quienes piensan distinto. Reducir el sistema electoral no puede convertirse en sinónimo de reducir la pluralidad.
Durante años, México construyó un modelo que permitió que fuerzas políticas distintas convivieran en el Congreso. Ese modelo no fue una concesión graciosa del poder; fue una conquista de las minorías. Gracias a él hubo alternancia, hubo oposición real y hubo representación real para millones de ciudadanas y ciudadanos que, de otra forma, habrían quedado fuera de las decisiones públicas.
Hoy ese equilibrio está en riesgo. La sobrerrepresentación ha distorsionado la voluntad popular. Hay partidos que, con menos votos, obtienen más espacios. Eso no es pluralismo, es una simulación que erosiona la confianza ciudadana.
Otro tema de fondo es la legitimidad. Gobernar un país tan diverso como México con porcentajes mínimos de votación genera debilidad desde el origen. Por eso propondremos una segunda vuelta electoral que permita un mayor respaldo social, fomente acuerdos y reduzca la polarización artificial que tanto daño le ha hecho al país.
Pero ninguna reforma electoral será suficiente si se sigue ignorando el problema del dinero ilegal y de procedencia ilícita. Por eso insistiremos en herramientas institucionales para investigar, fiscalizar y sancionar, sin excepciones ni simulaciones.
En ese mismo sentido, debilitar a las autoridades electorales es un error grave. Un árbitro sin recursos, sin respaldo legal y con más cargas de trabajo es una receta segura para el conflicto y el fraude.
Se ha dicho que reducir presupuestos es una señal de compromiso con la gente. Yo sostengo algo distinto: el verdadero compromiso es asegurar elecciones limpias, bien organizadas y confiables.
Lo demás es solo discurso. Si en verdad quisieran cuidar el dinero público no lo gastarían en obras monumentales ineficientes y plagadas de corrupción.
Acción Nacional no se va a cerrar a la discusión. Al contrario, vamos a participar con propuestas, con argumentos y con responsabilidad. Pero también con claridad: no acompañaremos rutas que concentren el poder, reduzcan la representación o debiliten a las instituciones.
Las reglas del juego democrático no se cambian cuando el poder se siente cómodo. Se cuidan, se mejoran y se respetan pensando en el día en que ese poder ya no esté.
Porque la democracia no pertenece a un gobierno. La democracia pertenece a la gente. Y a esa gente le debemos un sistema que funcione, que sea justo y que no se use como ruleta.
