Esta semana, Genaro García Luna fue condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos. Además de la trascendencia de esta condena para quienes investigamos actos de corrupción, destaca la contundencia y severidad de las palabras que le dirigió el juez Cogan al dictar sentencia.

El juez acusó a García Luna de llevar una doble vida: por un lado, como encargado de la estrategia de seguridad de México y del combate al crimen organizado, por otro, como colaborador del Cártel de Sinaloa, recibiendo cuantiosas sumas de dinero a cambio.

Estas palabras reflejan a la perfección la racionalización que acompaña los actos de corrupción: los responsables no solo justifican sus acciones, sino que muchas veces las ven como parte de una misión legítima.

La otra cara de la lucha anticorrupción: la fallida estrategia y la complicidad de la DEA

Sin embargo, la imagen de la doble vida que señaló el juez Cogan no solo describe a altos funcionarios corruptos como García Luna, sino que también expone las contradicciones dentro de la propia agenda anticorrupción.

Las instituciones y organismos que deberían combatir la corrupción —como la DEA y el gobierno estadounidense— terminan, directa o indirectamente, siendo cómplices del problema que dicen enfrentar.

En este caso en particular, sorprende que la DEA, a pesar de tener información sobre los vínculos de García Luna con grupos criminales, continuó colaborando con él, sin alertar a las autoridades mexicanas o estadounidenses sobre esta información clave.

El impacto de la corrupción y una fallida estrategia en vidas humanas

El juez Cogan responsabilizó a García Luna por una serie de crímenes, pero en el juicio no se profundizó lo suficiente en el devastador impacto de la fallida estrategia de seguridad de la “Guerra contra las drogas”, que él implementó en México con el apoyo económico de su país.

Tampoco se cuestionó cómo los cuantiosos recursos que EU envió a México para combatir el crimen terminaron en manos de una persona con vínculos criminales, permitiendo que armas y otros recursos estadounidenses destinados a una supuesta estrategia de fortalecimiento al estado de derecho acabaran siendo utilizados por los mismos grupos a los que supuestamente debían enfrentar.

Esta estrategia, lejos de reducir la violencia, solo fortaleció al crimen organizado y aumentó la crisis de homicidios e inseguridad en el país.

A dónde se fueron el dinero y los sobornos

Uno de los puntos más importantes que quedó sin explorar a fondo durante el juicio fue el destino de los millonarios sobornos que García Luna recibió.

Muchas veces, esos fondos fueron reinvertidos en empresas que facilitaban más desvíos de recursos públicos y que luego se lavaron en territorio estadounidense. Gracias a la labor de periodistas de investigación, sabemos que García Luna utilizó parte de esos fondos para crear empresas de seguridad que ganaron contratos públicos en México.

Otras investigaciones sugieren que también invirtió en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. No basta con sancionar a quienes cometen actos de corrupción, es igualmente crucial desmantelar las redes financieras que permiten la reinversión y el lavado de dinero.

Las fallas de la lucha anticorrupción y la labor pendiente

La lucha anticorrupción a nivel internacional se presenta como un esfuerzo legítimo, pero está plagada de contradicciones y fisuras. Este caso demuestra que las estrategias de seguridad impulsadas desde EU y México no solo fallaron, sino que fueron aprovechadas por personas como García Luna para enriquecerse y fortalecer redes criminales que siguen operando en la actualidad. Estas redes no han sido desmanteladas y la impunidad persiste en México.

Además, las instituciones encargadas de combatir la corrupción no han sido suficientemente cuestionadas en cuanto a su propia complicidad transnacional.

Si de verdad se desea avanzar en el combate a la corrupción, es necesario realizar un análisis crítico de las fallas institucionales y fortalecer las redes anticorrupción que sí funcionan, como el periodismo de investigación.