Esta semana que termina fue enlistado de última hora un asunto en el que se determinaba dejar firme la deducción de 4 mil 442 millones 423 mil 90 pesos a favor de la empresa Pegaso, por concepto de amortización fiscal de gastos diferidos del ejercicio fiscal 2014.
En 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un juicio de amparo en favor de un particular por 74 millones 968 mil 333 pesos. En tanto, la Segunda Sala resolvió 30 juicios fiscales en favor de particulares por 2 mil 946 millones 119 mil 081 pesos.
En 2025, la Primera Sala ha resuelto dos juicios en favor de particulares, por 4 mil 437 millones 630 mil pesos, mientras que la Segunda ha resuelto uno por 11 millones 542 mil pesos.
En tanto, para estos dos meses que le quedan a la actual Suprema Corte, la Primera Sala deberá resolver un juicio por mil 24 pesos, mientras que la Segunda Sala tiene por resolver 14 juicios por 47 mil 435 millones 755 mil 581 pesos.
Como se observa, el monto de lo que deberá resolver la Segunda Sala supera en 15 veces lo resuelto en favor de particulares el año pasado.
Los juicios fiscales se encuentran limitados en algunos países porque las contribuciones son una obligación no pueden constituir la violación de un derecho en sí mismo.
Sin embargo, en México, se ha facilitado la impugnación fiscal a través de la ley y de la interpretación que de esta se ha realizado, que otorgan al particular mayores instancias de revisión de los cobros que a la autoridad medios de defensa.
Esta circunstancia tendría que revisarse en la próxima reforma a la Ley de Amparo.
Por otro lado, la próxima Corte ya no tendrá salas y los asuntos fiscales que en su seno se aborden tendrán que pasar por sesiones públicas de pleno.
Por lo demás, curiosamente, en la Corte actual la materia administrativa, de la que forman parte los asuntos fiscales, es la única que abordan las dos salas. No tiene ninguna justificación.
Por otro lado, cabe destacar que los asuntos fiscales, además de otros que generan presiones corporativas, son los que mayores inconsistencias e irregularidades suscitan en la conducta de ministros y ministras.
Fue en los juicios de amparo de distintas empresas nacionales y extranjeras discutidos el año pasado contra la Ley de la Industria Eléctrica cuando se empató una votación, dado el impedimento de un ministro, en la Segunda Sala y, mediante un voto de calidad que no estaba previsto en la Ley de Amparo, se aprobó la sentencia que les daba la razón.
En materia fiscal, son varios los casos que han provocado violaciones a la legalidad para, atrabancadamente, aprobar sentencias millonarias en favor de particulares en contra de la ley fiscal misma.
Y se han cometido otras violaciones legales, como declararme impedida en tres juicios fiscales en los que ha estado implicado Ricardo Salinas Pliego, Grupo Elektra y Elektra del Milenio, por supuesta “enemistad manifiesta” de mi parte contra Ricardo Salinas, cuando esa supuesta enemistad tendría que implicar algún beneficio o perjuicio a mi persona para acreditar el conflicto de interés, que justificaría declararme impedida.
De ahí que uno de los principales temas que pondrán a prueba la nueva normativa, así como la independencia e imparcialidad de la nueva integración de la Corte será ese: la relación con el sector económico de la sociedad.
Sin duda que el Poder Judicial tiene un papel fundamental en la estabilidad política y la potencialización del desarrollo económico y financiero del país, por ello debe coadyuvar a que las relaciones entre el Estado y los particulares sean transparentes y equitativas, más aún cuando se refieren a las cargas fiscales de nuestra sociedad.
