Una lluvia intensa puede convertirse en pocas horas en una emergencia urbana. Calles convertidas en ríos, vehículos atrapados, viviendas inundadas, árboles derribados, cortes de energía y comunidades aisladas son escenas cada vez más frecuentes en distintas ciudades mexicanas.
El desafío no es únicamente meteorológico: también revela qué tan preparadas están nuestras ciudades para enfrentar fenómenos extremos.
Los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran la dimensión del fenómeno. Junio de 2025 fue el mes de junio más lluvioso registrado en México desde 1941, con una precipitación nacional de 155.5 milímetros, 55.8 % por encima del promedio climatológico de 1991-2020, que es de 99.8 milímetros. En algunas estaciones meteorológicas se registraron acumulados mensuales superiores a 300 milímetros.
El problema se vuelve más evidente cuando estas precipitaciones ocurren sobre grandes superficies urbanizadas. En junio de 2024, durante la tormenta tropical Alberto, Conagua reportó en Nuevo León una lluvia máxima de 600 milímetros en la estación El Cerrito, mientras que en Rodrigo Gómez se registraron 282.5 milímetros.
En zonas como Santa Catarina y Guadalupe, Nuevo León; Tlaquepaque, Jalisco, e Iztapalapa, Ciudad de México, la lluvia intensa interactúa con una realidad urbana compleja: expansión de la mancha urbana, pavimentación, reducción de superficies permeables, ocupación de zonas cercanas a cauces y una infraestructura hidráulica que puede ser rebasada cuando el agua llega en grandes volúmenes y en poco tiempo.
En Santa Catarina, los escurrimientos provenientes de las zonas montañosas pueden adquirir una fuerza considerable. Guadalupe enfrenta el rápido desplazamiento del agua sobre superficies urbanizadas.
En Tlaquepaque, el crecimiento urbano y la impermeabilización del suelo incrementan la presión sobre el drenaje. Iztapalapa, por su alta densidad urbana y limitada disponibilidad de superficies permeables, enfrenta otro escenario de vulnerabilidad.
No se trata de casos aislados. Inegi reportó que durante 2024 las unidades estatales de Protección Civil atendieron 2 mil 543 eventos relacionados con inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, colocando a las inundaciones entre los principales tipos de emergencias registradas en el país.
Estos datos muestran que una inundación no es solamente un problema de agua acumulada. Es también un problema de movilidad, vivienda, salud, economía y desigualdad.
Cuando una colonia queda bajo el agua, no todas las familias tienen las mismas posibilidades de recuperarse. Quienes viven en viviendas precarias o en zonas de mayor riesgo pueden perder muebles, electrodomésticos, documentos y herramientas de trabajo. La suspensión del transporte afecta el acceso a escuelas, empleos y servicios de salud. Las tareas de cuidado recaen, además, de manera diferenciada, sobre mujeres y familias que dependen de ellas.
El impacto también llega a la economía urbana. Comercios cerrados, vialidades dañadas, interrupciones del transporte, afectaciones eléctricas y pérdidas materiales generan costos que van mucho más allá de las horas que dura una tormenta.
La ciudad construida modifica la manera en que se comporta el agua. El pavimento y el concreto reducen la infiltración; los cauces alterados disminuyen el espacio disponible para los escurrimientos; la pérdida de áreas verdes elimina superficies capaces de retener parte del agua. Por eso, una precipitación extrema puede transformarse rápidamente en desastre cuando encuentra un territorio vulnerable.
La propia información de Inegi muestra la importancia de fortalecer la prevención. En 2024, 30 entidades federativas reportaron contar con un Atlas de Riesgos, instrumento fundamental para identificar peligros, vulnerabilidades y posibles escenarios de desastre.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto llovió, sino qué hemos hecho para que esa lluvia no se convierta en desastre.
México necesita pasar de una política basada principalmente en reaccionar después de la inundación a una estrategia de prevención y adaptación.
Esto significa proteger cauces y zonas de amortiguamiento, recuperar áreas verdes, incrementar superficies permeables, mejorar el drenaje pluvial, incorporar infraestructura verde, actualizar los atlas de riesgos y fortalecer los sistemas de alerta temprana.
Las lluvias extremas son parte de una realidad climática que las ciudades deberán enfrentar con mayor preparación. Pero el desastre no está determinado únicamente por la intensidad de la lluvia. También depende de dónde construimos, cómo ocupamos el territorio y qué infraestructura desarrollamos.
Una ciudad resiliente no es aquella que simplemente logra desalojar el agua después de una tormenta. Es aquella que planea antes de que llegue, protege a quienes están en mayor riesgo y evita que una amenaza natural termine convirtiéndose en una tragedia social.
