¿Y dónde está la ONU?
Este sábado nos despertamos con la noticia de que Venezuela fue intervenida militarmente por Estados Unidos, y su presidente y esposa, secuestrados y trasladados a territorio estadounidense.
La intervención fue precedida por acciones diplomáticas, económicas y políticas directas. Desde hace más de dos décadas, el gobierno estadounidense ha implementado sanciones económicas contra funcionarios y empresas venezolanas, argumentando la defensa de la democracia y los derechos humanos, además de haber reconocido a líderes opositores como representantes legítimos.
Estas acciones, cuyo objetivo había sido influir en la política interna venezolana para provocar un cambio de gobierno, tuvieron más éxito al exterior que al interior de esa nación, al aislar a Venezuela de distintas iniciativas internacionales, sin haber logrado modificar su gobierno.
Estados Unidos ha realizado al menos 30 intervenciones militares en los siglos XX y XXI.
En el siglo XX (o cercano a él), destacan las intervenciones en Cuba (1898), Filipinas (1899-1902), México (1914, 1916), República Dominicana (1916 y 1965), Haití (1915-1934 y 1994), Corea (1950-1953), Vietnam (1965-1973), Granada (1983), Panamá (1989) y Somalia (1992-1994), entre otras.
En el siglo XXI, las intervenciones estadounidenses más notorias han sido en Afganistán (2001-2021) e Irak (2003-2011), además de las operaciones realizadas en Libia (2011) y Siria (desde 2014).
En el caso de las intervenciones en América Latina, EU ha externado diferentes motivaciones, sobre todo la protección de sus intereses económicos, el combate al comunismo, el restablecimiento de la democracia o el combate al narcotráfico.
La intervención militar en Venezuela ha sido justificada por la defensa de intereses geopolíticos y económicos, además de la protección de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de responder a crisis humanitarias.
La detención del presidente Nicolás Maduro, en tanto, sostenida —de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi— por acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos destructivos, y conspiración para usarlas contra Estados Unidos.
En estos dos siglos, sin más ley que la del más fuerte, Estados Unidos se ha erigido en una especie de autoridad internacional que lo mismo puede acusar y detener supuestos líderes terroristas que deponer gobiernos —cuestionables o no— que detentan el poder de manera legal en otros países, sin tener que demostrar más que frente a sí mismo si las acusaciones tienen o no fundamento.
Lo que ha terminado confirmándose es el apoderamiento de recursos que han permitido esas intervenciones, realizadas en abierta contravención de los dos principales instrumentos jurídicos que se ha dado la comunidad internacional: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar a los instrumentos que sí ha suscrito el gobierno estadounidense, ya que es el gran omiso en la firma de las distintas convenciones internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha renunciado a reclamar y asumir su autoridad para juzgar, sancionar o imponerse como única instancia que la comunidad internacional ha reconocido para ello en distintos temas, entre otros, los conflictos bélicos y el respeto a la soberanía de los Estados.
Hasta el momento, la ONU, como en prácticamente todas las invasiones estadounidenses, no ha emitido ninguna acción para detener la invasión ilegal en Venezuela, que, en obscena confesión del mismo presidente estadounidense, pretende convertirla en su protectorado.
Un orden jurídico mundial que garantice la autodeterminación de los pueblos y su derecho a decidir sobre sus recursos naturales, una jurisdicción penal nacional, tribunales internacionales eficaces y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que habitamos el planeta sigue siendo una endeble aspiración pisoteable por el capricho del abusivo.
