La discusión en marcha sobre una nueva reforma electoral debe tomarse con seriedad por todos los actores participantes; no es tiempo de improvisaciones.
México ha invertido más de 30 años en construir instituciones que han permitido alternancia en el poder, una vida partidista plural y confianza en las urnas, elementos claves de un auténtico sistema democrático.
Cambiar las reglas del juego democrático siempre pone en juego la legitimidad de los procesos que dan origen a los órganos legislativos, así como a los gobiernos. El objetivo es incrementar dicha legitimidad, no lo contrario.
Por ello, un debate impostergable es el financiamiento de la política. De entrada, los actuales mecanismos con que se fiscaliza el origen, monto y destino de los recursos que utilizan personas precandidatas, candidatas, partidos políticos y coaliciones, dejan huecos por un diseño ya obsoleto y sin facultades para que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda garantizar plenamente ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.
México no puede darse el lujo de ignorar las recomendaciones internacionales que exigen, entre otros aspectos, cerrar las puertas al lavado de dinero, a la simulación de gastos y al financiamiento irregular en la política.
Una representación política de diversos segmentos de la población es otro pendiente. La paridad de género en candidaturas gracias a diversas reformas ha sido un logro importante, pero la igualdad sustantiva en el ejercicio de los cargos está aún lejos de alcanzarse.
Asimismo, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, de la diversidad sexual, con discapacidad y otros grupos marginados continúan subrepresentados en los espacios de decisión. Una democracia sin inclusión real es una democracia incompleta. La ley debe definir sus alcances.
A ello debemos sumar un fenómeno alarmante: la violencia política de género, que golpea con mayor crudeza a las mujeres. Las cifras de agresiones físicas, simbólicas, digitales y psicológicas han crecido a un ritmo inaceptable.
La ley debe no solo sancionar, también prevenir y proteger. Sin seguridad y garantías, la participación política igualitaria no podrá completarse nunca.
La reforma electoral debe fortalecer la autonomía e independencia de las autoridades electorales. Antes de considerar reducir capacidades o centralizar decisiones, habría que discutir cómo modernizarlas.
La tecnología ofrece oportunidades, incluso ahorro presupuestal -voto electrónico (voto por internet), digitalización de procesos, fiscalización en tiempo real-, pero siempre bajo un principio: certeza y transparencia.
Otro punto de urgente análisis es el modelo que regula el acceso a la radio y la televisión que, en su momento fue útil, hoy luce anacrónico frente al universo y alcances que tienen las redes sociales.
La política y la competencia electoral se juega en plataformas digitales donde la propaganda encubierta, la desinformación y la segmentación son parte de las campañas electorales. La regulación no debe ser sinónimo de censura, pero sí de transparencia para una efectiva rendición de cuentas.
También conviene acortar los tiempos de campañas y precampañas. Los procesos largos, costosos y tediosos no necesariamente informan mejor al electorado; en muchos casos lo desgastan y lo alejan. Campañas más breves, con mensajes claros y mayor cercanía ciudadana, podrían resultar más eficaces y menos onerosas.
En este sentido, la legislación de igual forma debe establecer mecanismos claros basados en triunfos obtenidos por el voto mayoritario que eviten la sobre representación y la subrepresentación.
El costo de la democracia es otro debate obligado. La organización de elecciones en México es cara, pero no por ello debe ponerse en riesgo su calidad. Se trata de gastar mejor, con eficiencia y austeridad, pero sin socavar al árbitro electoral. Una salida es por supuesto recortar de manera ejemplar el financiamiento que reciben los partidos políticos.
En última instancia, el reto mayor de cualquier reforma electoral es lograr el más amplio consenso que permitan construir una nueva legislación electoral. Las reglas electorales no pueden materializarse en beneficiar a una mayoría ni como herramienta de revancha política.
El beneficio de una reforma debe ser contar con una legislación que permita mayor equilibrio político, contrapesos, modernización electoral, eficientar el derecho al voto, reducir costos, regulación digital de las campañas y establecer reglas claras de inclusión bajo un esquema de no violencia de género.
