Hay una contradicción que comienza a instalarse en la educación superior, pues mientras demandamos que las universidades formen profesionales capaces de resolver problemas complejos, innovar y adaptarse a un mundo incierto, al mismo tiempo parecemos empeñados en evitar que nuestros estudiantes enfrenten las dificultades que hacen posible ese aprendizaje.
Queremos egresados autónomos, pero no siempre les permitimos asumir las consecuencias de sus decisiones. Aspiramos a desarrollar su pensamiento crítico, pero terminamos privilegiando la respuesta correcta sobre la capacidad de argumentar.
Exigimos creatividad, innovación y emprendimiento, aunque no siempre estamos dispuestos a tolerar los errores, la incertidumbre y la frustración que acompañan cualquier proceso genuino de aprendizaje.
Conviene preguntarnos si, en nuestro afán por acompañar a los estudiantes e intentar garantizar su bienestar, no estamos reduciendo sus oportunidades para desarrollar autonomía, carácter y responsabilidad. ¿No estaremos olvidando que proteger en exceso puede debilitar las capacidades que pretendemos desarrollar?
La universidad es una etapa decisiva en la formación intelectual y ciudadana, en la que cada estudiante debe comenzar a asumir plenamente la responsabilidad de su trayectoria.
Esto no significa desconocer las desigualdades de origen que pueden afectar su desempeño, sino comprender que acompañar no es sustituir, es proporcionar herramientas para que cada persona pueda desenvolverse por sí misma.
La diferencia es fundamental. Una universidad que identifica las dificultades de sus estudiantes y les ofrece tutorías, orientación académica, apoyos económicos y atención psicológica cumple una función indispensable.
Pero si, por temor a generar frustración, renuncia a establecer estándares rigurosos, tolera aprendizajes insuficientes o convierte cada exigencia en un motivo de negociación, termina enviando el mensaje equivocado de que el objetivo es obtener una calificación o concluir una carrera, antes que adquirir los conocimientos y las capacidades que dan sentido al título.
Este debate interpela particularmente a las universidades públicas. Muchos jóvenes llegan a las aulas después de trayectorias educativas desiguales, con carencias acumuladas y condiciones materiales que dificultan su desempeño.
Muchos deben estudiar mientras trabajan, trasladarse largas distancias o asumir responsabilidades familiares. Ignorar esas circunstancias sería injusto. Pero también lo sería suponer que debemos conformarnos con una formación insuficiente debido a ellas.
La responsabilidad institucional consiste en construir las condiciones para que el origen social no determine el destino de los estudiantes. Esto requiere nivelación académica, acompañamiento oportuno, docentes preparados y políticas de bienestar capaces de prevenir el rezago y el abandono escolar.
Pero también exige preservar el valor del esfuerzo intelectual. La universidad pública debe abrir puertas, sin renunciar a la calidad de la formación que ofrece.
La verdadera inclusión no consiste en reducir las expectativas sobre quienes enfrentan mayores dificultades, sino en proporcionarles mejores condiciones para que puedan alcanzarlas.
Una universidad que forma profesionales para resolver problemas debe permitirles experimentar, equivocarse y corregir. Una universidad que aspira a formar ciudadanos responsables debe enseñarles que la libertad implica asumir consecuencias.
Por ello, una institución educativa no demuestra su compromiso eliminando todos los obstáculos del camino, sino ayudando a sus estudiantes a desarrollar las capacidades necesarias para superarlos.
Esto exige combinar sensibilidad social con rigor académico. Los jóvenes necesitan docentes que no les oculten la complejidad del mundo, sino que les enseñen a comprenderla; evaluaciones que les permitan reconocer cuánto han aprendido y cuánto les falta por aprender; y universidades que no teman exigirles porque confían en sus capacidades.
Porque el propósito de la educación superior no es evitar que los estudiantes enfrenten las dificultades de la vida profesional y ciudadana.
Es conseguir que, cuando llegue el momento de hacerlo, cuenten con los conocimientos y la fortaleza intelectual para responder por sí mismos.
Una universidad que deja de exigir para evitar la frustración puede terminar frustrando su propia misión. Una universidad que acompaña enseña y exige con justicia, en cambio, contribuye a formar personas capaces de construir su libertad y ponerla al servicio de los demás.
