Cada primer lunes de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat, una fecha establecida por Naciones Unidas para reflexionar sobre las condiciones en que vivimos y sobre el derecho de todas las personas a contar con una vivienda adecuada.
Este año, bajo el lema “Vivienda adecuada para todos”, la discusión vuelve a poner en el centro un problema que trasciende ampliamente la construcción de casas: la manera en que estamos construyendo territorio, comunidad y ciudad.
Hablar de vivienda adecuada significa hablar de mucho más que cuatro paredes y un techo. Implica asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y acceso a servicios básicos.
Significa también que la vivienda permita llegar razonablemente al empleo, a la escuela, a los servicios de salud, al transporte y a los espacios públicos. En otras palabras, la política habitacional no puede separarse de la política urbana.
México enfrenta precisamente ese reto. Durante décadas hemos medido buena parte de la política de vivienda por el número de unidades construidas, financiadas o entregadas. Pero la realidad demuestra que construir más no necesariamente significa vivir mejor.
Las cifras permiten dimensionar el problema. El documento que sirve de base para este análisis señala que 8.33 millones de viviendas, equivalentes a alrededor del 21 % del parque habitacional, presentan condiciones asociadas con deterioro, riesgo o carencias, afectando a cerca de 29.7 millones de personas. Pero incluso esa cifra solo muestra una parte del desafío.
Es importante distinguir entre déficit cuantitativo, rezago habitacional y déficit cualitativo. El primero se refiere, en términos generales, a las viviendas que hacen falta frente al número de hogares; para 2024 se estimaba en alrededor de 474 mil unidades.
El rezago incorpora condiciones como materiales deficientes, hacinamiento o carencia de sanitario. Y cuando se consideran además factores como agua, drenaje, electricidad, cocina y disposición de residuos, el déficit cualitativo alcanza 11.43 millones de viviendas.
Esto cambia sustancialmente la discusión. México no enfrenta exclusivamente un problema de falta de casas. Enfrenta un problema mucho más complejo de calidad, localización, infraestructura, servicios y acceso económico.
Construir vivienda sin construir ciudad puede terminar reproduciendo el mismo problema que se pretende resolver.
Las carencias muestran la profundidad del desafío: millones de viviendas presentan techos inadecuados, condiciones deficientes para cocinar, problemas en la disposición de residuos, falta de drenaje, ausencia de agua entubada o situaciones de hacinamiento.
A ello se suma la asequibilidad: una parte de los hogares que rentan destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, mientras una proporción importante de las viviendas propias o en proceso de pago carece de escritura a nombre de su propietario.
El problema tampoco se distribuye de manera homogénea. Existe una profunda brecha territorial. Los mayores niveles de rezago se concentran en el sur y sureste.
Estas diferencias deberían obligarnos a abandonar las soluciones uniformes. Las necesidades habitacionales de una zona metropolitana no son necesariamente las mismas que las de una comunidad rural, una ciudad fronteriza o una localidad del sureste. La política pública requiere reconocer las condiciones sociales, económicas, ambientales y territoriales de cada región.
La actual administración federal ha planteado un programa para la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas. De acuerdo con las cifras referidas en el documento base, se han entregado alrededor de 90 mil unidades, existen aproximadamente 650 mil contratadas y unas 250 mil se encuentran en proceso. Una de las principales dificultades señaladas es precisamente la disponibilidad de suelo urbano adecuado y asequible.
Ahí se encuentra uno de los grandes temas pendientes.
No basta con disponer de tierra. Tiene que ser suelo con capacidad real para integrarse a la estructura urbana, con infraestructura, transporte, servicios, equipamiento y posibilidades de empleo.
De lo contrario, corremos el riesgo de repetir modelos habitacionales alejados de los centros urbanos, que trasladan a las familias enormes costos económicos y de tiempo y que, en los casos más extremos, terminan generando abandono y deterioro.
Por ello, el Día Mundial del Hábitat debería servirnos menos como una conmemoración y más como una oportunidad para establecer metas concretas y medibles: producir y mejorar vivienda bien localizada; reducir el hacinamiento y las carencias de agua, saneamiento y energía; impulsar el mejoramiento integral de barrios; ampliar las alternativas de renta asequible y financiamiento; facilitar el acceso al suelo urbanizado y evitar que la expansión periférica continúe generando segregación, vulnerabilidad y mayores costos de infraestructura.
La discusión sobre vivienda debe regresar, finalmente, a su dimensión urbana.
Porque una casa aislada, sin transporte, sin servicios, sin espacios públicos, sin equipamiento y alejada de las oportunidades difícilmente puede considerarse una solución habitacional completa.
