En los últimos días hemos leído mucho sobre la sobrepoblación en las cárceles del Estado de México. Y los números son, efectivamente, brutales.
Al 31 de agosto, los penales mexiquenses albergaban a 38 mil 681 personas en instalaciones con capacidad para 16 mil 310. Es decir, hay 22 mil 371 personas por encima de la capacidad instalada: una sobrepoblación de 137 por ciento.
Hay casos extremos: Zumpango tiene 829 internos en un espacio diseñado para 120; Chalco, 3 mil 870 en un penal con capacidad para 774. Es gravísimo. Es indigno. Y tiene que atenderse.
Pero hay algo que me preocupa de la conversación pública: hablamos de la sobrepoblación como si las cárceles se llenaran solas.
Como si un director de penal decidiera cuántas personas ingresan. Como si un custodio pudiera decir: “ya no caben más”. Como si el subsecretario encargado del sistema penitenciario tuviera la facultad de detener ingresos. No la tienen.
El sistema penitenciario recibe a las personas que le manda el sistema de justicia. Y por eso, si queremos entender realmente por qué tenemos cárceles con estos niveles de hacinamiento, tenemos que ampliar la conversación.
Tenemos que hablar de fiscalías. De jueces. De procesos que se prolongan. De prisión preventiva. De política criminal. Del Poder Legislativo. Y, por supuesto, de presupuesto.
Podemos discutir si esa política criminal es adecuada o no. Pero hay una consecuencia material imposible de ignorar: cuando un Estado decide utilizar más la cárcel, necesita más cárcel. No se puede legislar como si el espacio penitenciario fuera infinito.
Si México decide que más conductas ameritan prisión preventiva, si aumenta penas, si las fiscalías detienen más personas y si los procesos judiciales tardan años en resolverse, alguien tiene que preguntarse dónde van a vivir esas personas mientras el Estado decide su situación jurídica.
Porque la cárcel no es un concepto abstracto. Necesita camas. Agua. Médicos. Psicólogos. Custodios. Alimentos. Talleres. Escuelas. Áreas de visita. Seguridad. Infraestructura.
Y todo eso cuesta dinero.
La palabra importante es justamente esa: interinstitucional. Porque esto no se resuelve cambiando al director de una cárcel. Tampoco se resuelve señalando únicamente al subsecretario encargado del sistema penitenciario cada vez que aparecen imágenes de hacinamiento.
Claro que las autoridades penitenciarias tienen responsabilidades. Deben garantizar seguridad, alimentación, salud, integridad y condiciones dignas. Y cuando incumplen esas obligaciones hay que exigirles cuentas.
Pero atribuirles por sí solas la sobrepoblación es confundir el lugar donde explota el problema con el lugar donde se origina. La sobrepoblación penitenciaria es el resultado final de una cadena mucho más larga.
Si nuestra política criminal va a seguir apostando por más cárcel, el presupuesto penitenciario tiene que formar parte de esa decisión. Si vamos a encarcelar más, tenemos que construir infraestructura suficiente.
Y si no queremos seguir construyendo cárceles indefinidamente, entonces tendremos que revisar qué personas realmente necesitan estar privadas de la libertad, cuánto tardamos en juzgarlas y qué alternativas existen.
Lo que no podemos hacer es seguir metiendo personas a un sistema que sabemos que no tiene espacio y después sorprendernos porque está saturado.
Mientras no discutamos la política criminal, la prisión preventiva, la eficiencia del sistema de justicia y el presupuesto penitenciario como partes de un mismo problema, dentro de unos meses estaremos leyendo exactamente la misma nota. Con cárceles todavía más llenas.
