La reinvención del sistema electoral que se operó durante la transición a la democracia tuvo un objetivo cierto y preciso: construir instituciones, reglas y procedimientos que generaran confianza en los actores políticos y en la ciudadanía en torno a los comicios y sus resultados.
Eso sólo puede comprenderse si se toma en cuenta de dónde veníamos: comicios organizados por el gobierno (que no se distinguía del partido oficial), reglas sesgadas y procedimientos oscuros y discrecionales que hacían que la única certeza posible era saber de antemano quién iba a ser el ganador y, por lo tanto, no les conferían ninguna legitimidad democrática a los órganos electos.
Por eso, para lograr la democratización del país se construyeron procesos electorales a cargo de autoridades autónomas, independientes e imparciales (el IFE y luego el INE encargados de la organización, el arbitraje y la fiscalización, por un lado, y el Tribunal Electoral, a cargo de la resolución de las disputas y controversias, por el otro); se establecieron reglas ciertas, conocidas y, sobre todo, consensuadas entre todos los actores políticos; y, finalmente, se establecieron en la ley una serie de procedimientos mediante los cuales, en una serie de etapas sucesivas concatenadas entre sí, todas ellas observadas por la ciudadanía y vigiladas por los partidos, se iban construyendo, paso a paso y de manera transparente, las elecciones.
La idea era simple: la confianza no se construye de golpe, sino gradual y paulatinamente. Por eso, las elecciones se irían edificando, etapa por etapa, a través de una serie de procedimientos consecutivos, cada uno de los cuales debía instrumentarse y concluirse antes de poder avanzar al siguiente.
Ese es el criterio que le subyace a la idea de definitividad, un principio consagrado en la ley, que implica que una fase debe concluirse como condición para poder avanzar a la siguiente.
El principio de definitividad supone que cada acto que realiza la autoridad electoral debe ser conocido y discutido antes de ser aprobado y también puede ser controvertido.
Así no hay una sola decisión del INE que no pueda ser impugnada por los representantes de los partidos o por las y los ciudadanos que se sientan afectados en sus derechos. Esas impugnaciones, por lo demás, deben resolverse prontamente para poder cerrar paulatinamente las sucesivas etapas de la elección.
Así, una elección requiere una fase de planeación y de establecimiento de lineamientos, manuales y reglas de operación que van a regir la entera actuación del INE.
Luego debe actualizarse, depurarse y aprobarse el padrón electoral. Más tarde debe realizarse la insaculación, selección y capacitación de las y los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.
Paralelamente, se diseñan y producen los materiales y la documentación electoral y se seleccionan y acondicionan los sitios en donde se instalarán los centros de votación. Luego se afinan y se prueban los sistemas informáticos que operarán durante la elección.
Mientras tanto, cuando se desarrollan las precampañas y campañas se revisa el cumplimiento de los requisitos de las candidaturas, se vigila el cumplimiento de las reglas y se fiscalizan los ingresos y los gastos. Solo si esos procedimientos se cumplen puntualmente, la jornada electoral puede llevarse a cabo con éxito.
Por eso preocupa que, desde la sesión con la que arrancó la elección de 2027, todos los partidos de oposición en su conjunto y algunos consejeros hayan advertido sobre el sesgo político del INE, su negligencia frente a las campañas anticipadas, la ingobernabilidad interna que padece y la modificación de criterios y procesos que servían para generar confianza.
Lo que mal empieza, mal acaba, reza el refrán. Ojalá que el INE en el camino entienda la importancia de generar certeza a todos los actores y actúe en consecuencia, pero viendo su indolencia, me temo que son meros buenos deseos.
