Hace unas semanas, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma trascendental a la Ley General de Turismo. Esta modificación legislativa establece nuevas reglas para detectar, prevenir y erradicar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los diversos destinos turísticos del país.
Se trata de un paso urgente y necesario en la defensa de los derechos de la infancia y las juventudes, que exige la corresponsabilidad activa de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad en su conjunto, cerrando los vacíos legales que durante años permitieron la impunidad en zonas de alta afluencia vacacional.
Con esta modificación, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación legal y explícita de requerir que los adultos que viajen en compañía de menores acrediten fehacientemente el parentesco, la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia mediante documentos oficiales expedidos por la autoridad competente o, en su caso, acreditar la mayoría de edad con documentos oficiales.
Ahora, ante la omisión o el incumplimiento de estos requisitos indispensables, el prestador de servicios tendrá la responsabilidad de negar la atención de forma inmediata, avisando a las autoridades competentes por la posible comisión de un delito.
Las modificaciones que se introducen responden a una realidad que enfrenta nuestro país. Diversos organismos nacionales e internacionales sitúan a México en el segundo lugar mundial en materia de explotación sexual infantil, además de señalarlo recurrentemente en los primeros puestos del consumo global de pornografía de personas menores.
Como se advirtió durante los trabajos legislativos que dieron origen a esta iniciativa, una de las modalidades más perversas de este delito ocurre cuando personas agresoras simulan ser turistas nacionales o extranjeros para trasladarse a zonas de descanso con el único propósito de burlar la vigilancia institucional y establecer contacto con menores de edad que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad tanto social como económica.
Frente a este panorama, ningún interés económico puede anteponerse a la dignidad humana. Si bien la industria turística representa uno de los motores fundamentales para la economía nacional, con una derrama cercana a los 25 mil millones de dólares en lo que va de este año, el interés económico jamás podrá colocarse por encima del interés superior de la niñez. El lucro no puede convertirse en cómplice del silencio, ni de la indolencia institucional.
Esta reforma no busca de ninguna manera inhibir el flujo de visitantes nacionales e internacionales, ni limitar el derecho legítimo de los niños, niñas y adolescentes a transitar por el país como forma de esparcimiento.
Su propósito es más elevado: blindar el entorno turístico para garantizar que las vacaciones de unos cuantos, no se finquen en la tragedia, la explotación y la esclavitud de otros.
La ley establece obligaciones claras y específicas, sin embargo, el éxito de este nuevo modelo dependerá de la vigilancia rigurosa de las autoridades encargadas de procurar justicia, del compromiso ético de hoteles, aerolíneas y agencias de viajes, y de la participación de una ciudadanía vigilante que no normalice la presencia de menores en riesgo.
La niñez mexicana no puede ni debe seguir siendo el costo invisible de actividades turísticas. Proteger su integridad física y emocional en cada rincón del territorio nacional representa la medida más firme de un Estado que prioriza la vida, la libertad y el futuro de la niñez.
La ley ha dado un paso al frente. Corresponde ahora a todos los actores sociales asegurar que sigamos avanzando en la protección absoluta de nuestras infancias y adolescencias.
Nuestras infancias no se tocan.
