Éxodo
*Al año pasan por México medio millón de migrantes
*Niños solos y más mujeres entre los desplazados
Congreso de la Unión.- Un tema nada menor es el referente al ingreso de casi dos mil migrantes hondureños que huyen de la pobreza y la falta de oportunidades en su país natal, y que obligadamente tendrán que ingresar por Chiapas en su intento por llegar a Estados Unidos.
El asunto involucra a autoridades del Estado y de la Federación, aunque hay que precisar que lejos de las acciones que México emprenda para evitar una entrada masiva ilegal de migrantes, detrás se esconden los intereses del gobierno encabezado por Donald Trump, toda vez que la seguridad de Estados Unidos empieza en nuestra frontera con Centroamérica.
Esto no es nada nuevo, y a lo largo de la relación bilateral entre ambas naciones, la posición geográfica de México lo coloca en un punto estratégico para la seguridad de nuestro vecino del norte.
La coordinación en esta materia entre México y Estados Unidos vino a tomar un papel más que notable a raíz del atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.
De hecho, desde tiempo atrás ambas naciones han tenido que trabajar coordinadamente en el rubro de la seguridad transfronteriza, en un esfuerzo conjunto en el que se ha cuidado la estabilidad de la Unión Americana.
Muy al margen de las negociaciones comerciales y de desarrollo económico que se han llevado a cabo entre ambos gobiernos, los asuntos de seguridad geoestratégica y transfronteriza sin duda ocupan parte importante en la agenda bilateral.
En este escenario se inserta la presencia en Chiapas de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, quienes reforzarán la frontera sur para evitar el ingreso ilegal de migrantes hondureños que vienen desde San Pedro Sula y tienen la intención de llegar a Estados Unidos, aunque muchos podrían intentar quedarse en nuestro país.
Ante el avance de la caravana de migrantes hondureños que pretende llegar a pie a Estados Unidos, la cual ya arribó a Guatemala, elementos de la Policía Federal llegaron a Tapachula para garantizar la seguridad en los cruces internacionales de la frontera sur.
La corporación se trasladó con el objetivo de atender la solicitud de un número elevado de migrantes que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano por dicha frontera.
En Guatemala la policía impidió que los inmigrantes llegaran a un puesto de aduanas, pero el grupo procedente de Honduras finalmente logró cruzar la frontera.
Las estadísticas refieren que anualmente medio millón de centroamericanos transitan por nuestro país en un intento por llegar a Estados Unidos, aunque por lo general lo hacen en condiciones de vulnerabilidad y sin la garantía del respeto de sus derechos humanos.
Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sostienen que desde hace varios años se estima en cerca de 500 mil el promedio anual de personas originarias del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) sin documentos migratorios que pasan por México.
Las cifras revelan dos cambios fundamentales en la composición del flujo de migrantes centroamericanos de paso por México: la participación sin precedentes de menores de edad acompañados y no acompañados, adolescentes en su mayoría; y el aumento del número de mujeres.
El alarmante éxodo de menores de edad centroamericanos hacia Estados Unidos ha ejercido presiones por parte de organismos defensores de derechos humanos, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades para implementar programas específicos para la frontera sur.
Igualmente, en los años recientes se ha detectado que, aunque los guatemaltecos son el grupo más numeroso entre los centroamericanos que son retenidos al intentar cruzar la frontera estadunidense desde México, su proporción ha disminuido debido al aumento de salvadoreños y hondureños.
La variedad de rutas y el corto tiempo en que los migrantes centroamericanos realizan su desplazamiento por nuestro país, dificulta el cálculo del volumen y las características de los flujos, datos indispensables para la aplicación de políticas migratorias, así como para la asistencia y apoyo humanitario que gobierno y organizaciones sociales puedan brindarles.
La gravedad de esta situación no sólo radica en las cifras, sino también en que varios de los hechos de criminalidad que más nos han impactado en los últimos años, están relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos.
Entre éstos tenemos las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur, y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados.
Chiapas juega un papel de suma importancia para el cumplimiento de las metas trazadas en programas del Gobierno Federal destinados a la frontera sur, y en ello ha venido trabajando la administración que está por concluir sin escatimar recursos humanos ni materiales.
