Fronteras

*México reitera a EU: “no seremos tercer país seguro”

*En los hechos, funciona como tal desde el 7 de junio

Congreso de la Unión.- El gobierno de Estados Unidos subió la presión hacia México para que endurezca su política migratoria. A decir por las declaraciones del jefe de Aduanas, Mark Morgan, Washington no está satisfecho con los resultados obtenidos en la contención de migrantes que intentan llegar al sueño americano.

El jefe de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan, dijo: “Necesitamos que México haga más. Necesitamos asegurarnos de que mantienen los esfuerzos ahora mismo, que la Guardia Nacional, que los 25 mil soldados desplegados se mantienen en el objetivo”.

El funcionario, quien fue director de la agencia de policía migratoria con Barack Obama, también pidió a nuestro país que mantenga y expanda el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual Estados Unidos puede devolver a México a solicitantes de asilo a aguardar mientras sus solicitudes se resuelven.

El canciller Marcelo Ebrard reaccionó a las palabras de Morgan a través de su cuenta de Twitter: “Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos”, escribió.

Ese es el discurso político, diplomático, aunque en la práctica, México ha estado funcionando como un “tercer país seguro” desde el 7 de junio pasado cuando se llegó al acuerdo migratorio.

El gobierno de Donald Trump ha estado revisando a diario los informes sobre el número de migrantes que cruzan su frontera, y si la migración no disminuye de manera significativa, o al menos no cumple con sus expectativas, México y Estados Unidos volverán a la mesa de negociaciones.

El tema migratorio se ha convertido en la herramienta de Trump para presionar a México y amagar con la aplicación de aranceles a nuestras exportaciones al mercado estadounidense, como lo hizo recientemente con la aplicación de un arancel del 30 por ciento al acero estructural.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, para evaluar las acciones implementadas por nuestro país para disminuir los flujos migratorios, al cumplirse 90 días del acuerdo del pasado 7 de junio.

Hasta este momento, lo único cierto es que la amenaza de los aranceles sigue latente y que al presidente López Obrador se le está complicando el tema al sumarse las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que la política migratoria puesta en marcha por el presidente de México es preocupante.

Bachelet informó que en lo que va del presente año, por lo menos 35 mil solicitantes de asilo han sido bloqueados en las zonas fronterizas de México.

“Me preocupa que las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos», dijo Bachelet.

Mantener y expandir el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), como lo pide Morgan coloca al gobierno federal en un verdadero aprieto al verse obligado a destinar mayores recursos para cumplir con los compromisos de proporcionar trabajo, educación y salud a los miles de migrantes que están siendo retornados desde Estados Unidos en momentos en que la economía mexicana está estancada y las medidas de austeridad recortan servicios elementales para millones de mexicanos.

Un escenario muy complejo para México, ya que forzosamente requerirá de presupuesto extraordinario para albergar y proporcionar alimentos y servicios médicos -como mínimo, pues darles trabajo y educación se ve más que complicado-, a los miles de migrantes que esperan en nuestra frontera norte mientras el gobierno de Trump les resuelve su petición de asilo, lo cual puede durar hasta dos años.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), nuestro país entró en una etapa de Tercer País Seguro -aunque oficialmente se niegue- desde el pasado 7 de junio.

El concepto de Tercer País Seguro es un término de excepción sobre el Estatuto de los Refugiados. Se aplica a los países en los que los refugiados pueden disfrutar asilo sin ningún peligro, de acuerdo con la ACNUR.

Parte de los acuerdos alcanzados para frenar la intención de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, fue que se instrumentaría de manera inmediata la llamada «sección 235» a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

Esto significa que aquellos que crucen la frontera para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo y nuestro país autorizará su entrada mientras les resuelven su petición.

En pocas palabras, ser un “tercer país seguro” implicaría que México se considera un destino tan confiable para un solicitante de asilo como lo sería Estados Unidos y, por lo tanto, los migrantes que pisen territorio mexicano antes que estadounidense pueden pedir asilo a las autoridades mexicanas.

Estados Unidos mantiene un acuerdo similar con Canadá y ahora presiona para lograrlo con México. Si bien es evidente que nuestro país dio marcha a atrás a su política migratoria de brazos abiertos, habría que ver hasta qué punto se da cumplimiento a las exigencias del presidente Trump con tal de evitar una guerra comercial.

jesus.belmontt@gmail.com