Tráfico de armas

Congreso de la Unión.- La barbarie cometida contra la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, que dejó un saldo de tres mujeres y seis niños asesinados, representa una tragedia que obliga al gobierno federal a replantearse si la supuesta “estrategia” de seguridad implementada hasta la fecha es la adecuada o deberá ser objeto de cambios profundos.

En los hechos, NO se ve con claridad cuál es la táctica del actual gobierno, pues la Guardia Nacional solamente es un instrumento, mas NO un plan definido para combatir la violencia y la inseguridad sembradas por los grupos criminales.

Tanto en el salvaje atentado a la familia LeBarón como en el frustrado operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, los criminales utilizaron armas de fabricación estadounidense.

Lejos de los discursos políticos, la realidad es que ninguna dependencia del gobierno federal tiene cifras confiables sobre la cantidad de armas ilegales que existen en el país, la mayoría de ellas en manos del crimen organizado.

Algunas investigaciones de organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, hablan de un número superior a 15 millones de armas.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalan por su parte que en la última década entraron ilegalmente al país alrededor de dos millones de armas.  Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200 mil armas.

La mayoría de este armamento se compra en negocios que se localizan en California, Arizona, Nuevo México y Texas, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22 mil 689 armerías y establecimientos autorizados para la venta.

Hay otros puntos de venta, como las llamados “ferias de armas”, algo así como en tianguis donde se ofrece todo tipo de armamento. Se trata de  eventos que se llevan a cabo en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de los grandes centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores.

La forma más común de operar para el ingreso ilegal de armas a nuestro país es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Otras formas de introducir armamento a México es la que realizan las bandas del crimen organizado, donde reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Igualmente, las armas se envían por túneles construidos por las bandas criminales en ciudades fronterizas.

Datos de la ATF y de la Sedena, coinciden en que la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas, aunque también se incluye armamento de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en diferentes operativos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 (arma con la que la destrozaron una pierna a un soldado durante el operativo de Culiacán el pasado 17 de octubre), así como subametralladoras y pistolas de nueva generación equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

La mayoría de los equipos, generalmente armas largas como AR-15 y AK-47 (cuernos de chivo), se compran en las armerías que hay en los estados fronterizos de Estados Unidos con México y que constituyen el 15 por ciento del mercado en la Unión Americana.

California cuenta con una ley que obliga a las armerías a la venta de un arma corta a un individuo durante 30 días, pues más de una crea la sospecha de que se usaría para cometer un crimen.

Pero esa legislación no se aplica para armas largas. En México esas armas largas son mucho más comunes. Datos de Fiscalía General de la República arrojan que la recuperación de este tipo de armamento es de 40 por ciento.

La información de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, refiere que cerca de 20 mil armas son recuperadas cada año en estados fronterizos de México, pero la mayoría llegan hasta grupos criminales de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, la mayor parte del tráfico de armamento ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y del Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades fronterizas de Laredo y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa, así como Brownsville y Matamoros. También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

Entre 2013 y 2018, el 70 por ciento de las 96 mil 36 armas de fuego recuperadas por las autoridades mexicanas y entregadas para su rastreo a la ATF de Estados Unidos, resultaron ser procedentes de la unión americana.  

Solamente el año pasado, la mitad de las 16 mil 343 armas recuperadas en México y rastreadas por la ATF de EU, eran de manufactura estadounidense.

 

jesus.belmontt@gmail.mx