El fiscal Barr y la caravana
Congreso de la Unión.- Varios son los temas que han llegado a tensar las relaciones México-Estados Unidos, por lo que no es aventurado decir que la visita relámpago del Fiscal General, William Barr, tuvo como finalidad acordar estrategias entre ambos gobiernos y definir prioridades para atender problemas como el narcotráfico, el trasiego de armas y la migración.
La versión oficial sobre la visita del fiscal estadounidense corrió a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no de la Presidencia como se esperaba.
La SRE informó del acuerdo para implementar operativos con el fin de reducir el tráfico de armas en la frontera entre ambos países.
“Se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema común”, dijo la cancillería.
Sería muy ingenuo pensar que el alto funcionario de la Casa Blanca omitió tratar con el presidente López Obrador, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, el canciller Marcelo Ebrard y gran parte del gabinete de seguridad, el delicado tema de la designación de los narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas.
Hay que recordar que en el vecino país del norte prácticamente ya inició el proceso electoral, por lo que Donald Trump –quien busca reelegirse- podría calificar a los capos de la droga mexicanos como terroristas con el propósito de atraer mayor cantidad de votantes.
Otra asignatura de relevancia es el tráfico de armas procedentes de aquella nación que surten al crimen organizado que opera en México, y que a pesar que ambas naciones han expresado su acuerdo para combatirlo, a la fecha es una de las actividades criminales de mayor incidencia e impunidad.
Ninguna dependencia del gobierno federal tiene cifras confiables sobre la cantidad de armas ilegales que existen en el país, la mayoría de ellas en manos del crimen organizado dedicado al narcotráfico.
Algunas investigaciones de organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, hablan de un número superior a 15 millones de armas.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la última década entraron ilegalmente al país alrededor de dos millones de armas. Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200 mil armas de diferentes calibres y marcas.
La visita del fiscal William Barr se enmarcó también en un contexto en el que el rubro migratorio parece volver a ocupar un lugar importante en la agenda binacional.
De hecho, autoridades de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Migración, definen en estos momentos una estrategia ante la inminente llegada de la nueva caravana integrada por un número aún no definido de migrantes, pero que anda por ahí de mil 600 y que arribarán por Chiapas.
Según afirmó el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le dijo que México no dejará pasar a la nueva caravana de migrantes que salió de Honduras con destino a Estados Unidos.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que no se entregarán salvoconductos a quienes utilizan a nuestro país como lugar de tránsito para llegar a Estados Unidos, y que la condición de refugio o asilo sólo será para quienes la soliciten.
La titular de Gobernación dijo que se alistan operativos especiales ante la eventual llegada de los migrantes a la frontera sur.
Cabe citar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) estima que el número de solicitudes de refugio durante 2019 fue de alrededor de 70 mil, en su mayoría de migrantes centroamericanos, lo que nos dibuja un panorama de lo que estaría por venir si las caravanas de migrantes vuelven a darse con la misma frecuencia del año pasado.
Lo que si es cierto, es que la crisis migratoria que se ha vivido en la frontera sur desde aquella primera caravana de octubre de 2018 no tiene precedentes en la historia reciente del país.
Las estadísticas revelan que los flujos de migrantes se incrementaron de manera exponencial, ya que de las 350 mil personas que anualmente cruzaban la región fronteriza, durante 2019 el número fue de alrededor de 900 mil.
La contención migratoria en la frontera sur se convirtió en una moneda de cambio luego de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles a los productos mexicanos que se exportan a la Unión Americana, si nuestro país no contenía los flujos de migrantes procedentes de Centroamérica y de otras regiones del orbe.
Desafortunadamente, en la medida en que los migrantes centroamericanos y de otras latitudes sigan huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen, el muro humano conformado por elementos de la Guardia Nacional en el sur de México corre el riesgo de convertirse en un cuello de botella, sobre todo si logran cruzar la frontera y Migración opta por mantenerlos en los albergues mientras decide su estatus migratorio.
Para darnos una idea de la problemática que representa el ingreso irregular e ilegal de personas al país, basta citar que el año pasado un total de 180 mil migrantes se alojaron en estaciones y estancias migratorias; se brindaron servicios de salud a ocho mil 800 migrantes a través del IMSS y a 34 mil 207 en instancias de la Secretaría de Salud, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Veremos.
