Paridad y retos

Congreso de la Unión.- Uno de los muchos retos que enfrenta actualmente el Congreso de la Unión es hacer efectivas las políticas de género en la administración pública; dejar solamente de legislar y crear una comisión bicameral que supervise las políticas públicas de atención a la violencia contra niñas y mujeres, resolver la brecha salarial y terminar con el acoso sexual en centros de trabajo y educativos.

Existe consenso entre diputadas y senadoras para atender la violencia contra las mujeres mediante la creación de una comisión bicameral que vigile las políticas públicas en materia de feminicidio, además de abrir la discusión del tema con la sociedad civil y sus organizaciones para revertir la cultura patriarcal desde la familia hasta las relaciones laborales y evitar que las leyes sean simplemente letra muerta.

En los planes de trabajo de las comisiones de igualdad de género de ambas cámaras, hay disposición para entrarle de lleno al tema de las reasignaciones presupuestales, de tal forma que haya suficientes recursos para los programas de erradicación de la violencia en todos los estados y en la administración federal.

El propósito es que se ejerzan todas las facultades que tiene el Congreso: la legislativa, la de control de gestión y la presupuestal, para terminar de una vez por todas con la violencia de género. Al menos esa es la finalidad que une a legisladoras del Senado y de la Cámara de Diputados.

Y es que a pesar de que el delito de feminicidio registró un incremento de más del 10 por ciento en 2019 en relación al año anterior, en el Congreso existen por lo menos 150 iniciativas de ley pendientes de aprobar relacionadas con la violencia contra las mujeres e igualdad laboral.

Entre las iniciativas pendientes, quedan sin dictaminar las relativas al aborto y los derechos sexuales y reproductivos, propuestas que sí figuran en el programa de trabajo de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados que el año pasado impulsó 23 foros en todo el país sobre tales temas. Además se dará prioridad a legislar sobre el sistema nacional de cuidados.

Al rezago de 98 iniciativas en San Lázaro y 52 en el Senado, se suma la modificación a la legislación secundaria para hacer posible el cambio constitucional para la paridad total, acordada en mayo pasado y que significa la armonización de por lo menos unas 40 leyes. Igualmente están pendientes cambios a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

En el caso específico de los feminicidios, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en 2019 hubo un total de mil seis víctimas, hechos relacionados con 976 carpetas de investigación.

Es decir, dicho ilícito tuvo un alza del 10.3 por ciento con relación a la cifra de 2018, cuando se registraron 912 víctimas de feminicidio, mientras que en carpetas de investigación hubo un alza de 9.5 por ciento, pues en 2018 se contabilizaron 871 expedientes.

Pero hay otras cifras que revelan la gravedad del problema y que han alarmado a las y los integrantes del Congreso. En el país, más del 66 por ciento de las mujeres han sufrido algún incidente de violencia; más de 8.5 millones de mujeres han tenido violencia física o sexual en el ámbito escolar, más de 3.5 millones lo han sufrido en el perímetro laboral, más de 15 millones en el ámbito comunitario, y más de 1.5 millones en el entorno familiar.

En este tenor, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que respetar los derechos humanos y erradicar la violencia de género es una obligación de quienes forman parte de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, pues las incidencias contra las mujeres tienen que eliminarse de raíz, y el funcionariado debe poner el ejemplo.

Al inaugurar la capacitación a servidoras y servidores públicos para la actuación con perspectiva de género, el mandatario estatal señaló que con este curso se refrenda y se insiste en el trabajo a favor de Chiapas de manera responsable y sensible, en el que las reformas que se han dado en esta materia no sean letra muerta, sino que se ejecuten para que las mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia.

“El ideal es establecer una verdadera cultura en la que ya no se vulnere a la mujer, que exista prevención y atención para lograr una conducta integral y sana convivencia. No queremos que se quede en discursos, por eso, hoy Chiapas dice basta al abuso y a la violencia contra las niñas y mujeres. Actuamos desde la más alta esfera del gobierno del Estado porque es tiempo de tener instituciones que respondan al legítimo reclamo de reconocer y respetar sus derechos”, señaló. 

En el Congreso de la Unión existe consenso para que al margen de la creación de una comisión bicameral, las leyes relacionadas con la protección de los derechos de las niñas y mujeres para evitar la violencia, sean discutidas también en parlamento abierto.

De esta forma se escucharán todas las voces para ver de qué manera la responsabilidad del Congreso -que es hacer las leyes-, pueda implementarse, llevarse a la práctica por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.

Independientemente de colores partidistas, la agenda de género ha logrado evadir años de resistencias que actualmente la ha llevado a uno de los avances más importantes en muchas décadas, por lo que se espera que en los próximos años dichos desafíos sean vencidos y México pueda acercarse finalmente a la paridad total.

 

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