Desatinos en salud
Congreso de la Unión.- Desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, médicos, enfermeras y pacientes denunciaron desabasto en ciertos medicamentos, particularmente de aquellos recetados para combatir el cáncer.
Lo anterior, derivado de la decisión del presidente López Obrador de NO dejar participar en las licitaciones a las cuatro principales empresas proveedoras de medicinas porque podrían haber caído en actos de corrupción, lo que a la fecha no se ha comprobado.
El mal manejo de la política sanitaria en el país llevó incluso a la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien evidenció que los recortes ordenados por la Secretaría de Hacienda, ponían en riesgo la atención y la operatividad del instituto.
Los errores del gobierno federal en el campo de la salud iniciaron con la desaparición del Seguro Popular, organismo que en 2018 contaba con 53 millones de afiliados, 97 por ciento de ellos personas de bajos ingresos; le siguió la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin reglas claras de operación.
En marzo pasado, la Cámara baja aprobó la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, cuyo objetivo principal es atender la pandemia del Covid-19 y cuyo presupuesto podría ser de hasta de 180 mil 733 millones de pesos.
El documento fue remitido al Senado para su análisis y eventual ratificación. El proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública.
En San Lázaro la iniciativa pasó directamente al pleno sin ser dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a las cuales se había turnado para dictamen. Se aprobó aprovechando la ausencia de diputados de la oposición, incluso cuando existía la recomendación de la Secretaría de Hacienda para NO aprobarla.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mencionó en su momento que la iniciativa para la creación de este fondo carecía de reglas claras de operación y tampoco contaba con diagnósticos certeros que permitan justificar el monto determinado en la iniciativa para hacer frente a la emergencia sanitaria.
A pesar de los señalamientos, se aprobó la posibilidad de contraer deuda pública y obtener dinero del presupuesto público para dicho fondo.
La creación de esta nueva bolsa y la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos con el que se fondeaba el extinto Seguro Popular, ejemplifican una irresponsabilidad financiera en el manejo de los recursos del sector salud.
Y es que mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender enfermedades de alta especialidad operaban un total de 856 hospitales o establecimientos médicos, de los cuales 790 (más del 90 por ciento) son públicos y 66 privados.
En este grupo estaban incluidos los 23 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad y centros de tratamiento más pequeños, como los oncológicos como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), con un amplio reconocimiento por su atención a precios accesibles a pacientes con cáncer de mama, o clínicas oftalmológicas que hacen trasplantes de córnea.
Los pagos del Fondo a estos establecimientos se realizaban a servicio devengado, es decir hasta que los pacientes concluían su tratamiento que tarda en promedio de 6 a 8 meses. A todos estos centros, el gobierno de López Obrador les retrasó los pagos, poniéndolos en serios aprietos.
Al iniciar la administración de la 4T, una de las primeras medidas fue despedir a casi el 70 por ciento del personal operativo del Seguro Popular y ese fue el argumento para retrasar más los pagos. Se trataba de adeudos millonarios a los hospitales y centros de atención médica acreditados tanto públicos como privados.
Durante la contingencia sanitaria por influenza en 2009, México destinó 720 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) del Seguro Popular, además de 25.6 millones de dólares que transfirió el Banco Mundial para poder enfrentar la crisis epidémica con la compra de medicamentos y hacer las pruebas sobre el virus de la influenza A H1N1.
El 2 de mayo de 2009, el Consejo de Salubridad General incluyó a la influenza en el catálogo de enfermedades que generan gastos catastróficos, lo que permitió utilizar recursos del FPGC.
El 2019, el citado fondo se convirtió en el Fondo de Salud para el Bienestar del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que este año cuenta con recursos por 112 mil millones de pesos: 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos, estos últimos tomados de los 80 mil millones de pesos con los que contaba el FPGC dejando solamente 40 mil millones, sin contemplar el impacto de la contingencia sanitaria por el Covid-19. Esos fondos ya fueron erogados.
A 11 años de distancia, México se enfrenta a una pandemia mucho más agresiva que ha llevado a la saturación de los hospitales públicos sin contar con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes.
Desaparición del Seguro Popular, desmantelamiento del fondo de gastos catastróficos, creación del Insabi sin reglas de operación, severos retrasos en la compra de medicamentos, aprobación de un fondo presupuestal para la atención de la emergencia sanitaria sin normas de operación, son solo algunos de los desatinos del gobierno federal en el terreno de la salud.
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