Agenda 2030 y Covid-19
Congreso de la Unión.- La pandemia del Covid-19 representa un profundo bache en el camino por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente por el detrimento de la salud comunitaria y el aumento de las desigualdades por la desaceleración económica mundial.
El inicio de los 20, que podría decirse representa la década de los programas encaminados a cumplir con los ODS, se encuentra sumido en una crisis económica y sanitaria que marcará una línea de inclinación de las metas contempladas en la Agenda 2030.
Por el momento, el trabajo de los gobiernos está centrado en el tema de la salud, pero no se deben dejar en el olvido muchos otros relacionados con los objetivos de la agenda que serán claves para la sostenibilidad del planeta a largo plazo.
Tal vez el rubro más importante es lograr una educación de calidad, ya que a pesar de los programas de enseñanza que se están llevando a cabo vía internet, la educación de los niños, en especial en los sectores más desprotegidos, está viéndose muy afectada.
Otro tema sería el de las mujeres, ya que representan uno de los sectores más impactados por la pandemia y prueba de ello es el incremento de la violencia de género, feminicidios y todo tipo de agresiones hacia las féminas; sin duda aquellos sectores en que ha recaído el mayor golpe económico por la pérdida de fuentes de empleo, es donde también se debe centrar el trabajo de los gobiernos y jefes de Estado.
La Agenda 2030 es un plan de acción global suscrito por 193 países, México entre ellos, que busca orientar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental para que nadie se quede atrás.
En ese sentido, como parte del Estado mexicano, el Poder Legislativo tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas.
La Cámara de Diputados cuenta con las atribuciones constitucionales para incidir en la asignación de recursos presupuestarios, lo que habilita a las y los legisladores a orientar el gasto hacia los compromisos de la agenda y que se reconozcan las prioridades y retos de cada demarcación, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas y favoreciendo la transformación de los objetivos en acciones concretas.
Junto con el Senado, pueden detonar esquemas participativos e incluyentes que faciliten el involucramiento de la sociedad civil, el sector privado y la academia en procesos claves como la revisión del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, o bien el monitoreo de los avances en el cumplimiento de las metas y la dictaminación de proyectos de ley.
De esa manera, favorecen el cumplimiento de uno de los ODS que promueve la creación de instituciones que rindan cuentas y permitan la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, condición habilitadora de toda la Agenda 2030.
Chiapas es una de las pocas entidades de las República, cuyo Congreso ha creado un mecanismo estatal de seguimiento funcional y operativo para evaluar los avances de la Agenda 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A nivel nacional existe una importante carencia de reportes acerca del papel del poder legislativo local en la implementación de la agenda: de los siete congresos que han creado un mecanismo de seguimiento de dichos objetivos, sólo en Chiapas, Morelos, Guanajuato y Veracruz, ha sido instalado y opera de manera funcional.
Según el documento “Localización de la Agenda 2030 en los Congresos locales de México” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solamente siete de las 32 legislaturas han creado algún mecanismo que ayude a alcanzar los ODS.
La cifra representa un número muy bajo, por lo que los congresos deben instaurar algún mecanismo interno de seguimiento de la Agenda 2030.
El PNUD refiere que dichos espacios son necesarios, ya que permiten darnos una idea del compromiso de los legisladores con el desarrollo sostenible.
Chiapas se ha destacado por su compromiso para alcanzar los ODS y sus metas que los mismos jefes de Estado de las naciones firmantes propusieron y se comprometieron a cumplir para reducir la pobreza, mejorar la educación, la salud y en general que haya un mayor bienestar de la población y un mejor planeta.
La agenda exige la participación de los sectores privados, académico, la sociedad civil, pero sobre todo de los gobernadores y alcaldes, pues es donde se debe impulsar el trabajo fundamental.
Desde el inicio de la administración estatal se asumieron con responsabilidad los objetivos de la Agenda 2030, y por ello se han diseñado estrategias que incluyen la participación de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, académicos y sector empresarial, lo que ha permitido en la entidad un avance visible en esta materia.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son: eliminación de la pobreza, terminar con el hambre, asegurar vidas saludables, educación de calidad, igualdad de género, agua potable y saneamiento, energía sostenible, buenos trabajos y crecimiento económico, innovación e infraestructuras, reducir las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable, combatir el cambio climático, conservar los océanos, proteger los ecosistemas terrestres, paz y justicia y alianzas globales para conseguir las metas.
El éxito o el fracaso de la Agenda 2030 firmada en 2015 por los países miembros de la ONU, dependerá del compromiso activo para el desarrollo sostenible que asuman los gobiernos locales y regionales, el sector empresarial, la sociedad civil y la comunidad científica.
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