El Suchiate y el muro fronterizo

Congreso de la Unión.- El pasado 1 de octubre, cientos de migrantes centroamericanos de una caravana que pretendía llegar a Estados Unidos desistieron de su propósito, luego de que el gobierno federal amenazó con llevar a prisión hasta por 10 años a quienes ingresaran al país violando leyes sanitarias en medio de la pandemia del Covid-19.

Algunos de sus integrantes avanzaron desafiando la advertencia y un posible contagio. Los migrantes, principalmente hondureños, estaban decididos a emprender una nueva marcha multitudinaria hacia Estados Unidos.

Cerca de tres mil ingresaron a Guatemala luego de romper cercos de seguridad; muchos de ellos se separaron en grupos más pequeños hacia montañas y zonas apartadas para evitar ser devueltos a su país. Otros grupos regresaron a la frontera con Honduras.

El Instituto Nacional de Migración les había advertido que se contemplaban sanciones de tres días y hasta tres años de prisión para quienes, “a sabiendas que está enfermo de un mal grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro”, penas que –les dijeron- suben entre 5 y 10 años en Tabasco y Chiapas. Cientos de agentes del INM formaron vallas a un costado del río Suchiate.

Cada año, miles de migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y violencia de sus países arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos; en su largo trayecto por México, muchos son secuestrados, extorsionados, asesinados o víctimas de múltiples delitos.

Según la Secretaría de Gobernación, entre enero y julio del presente año fueron detenidos 43 mil 306 migrantes, en su mayoría hondureños y guatemaltecos, cifra mucho menor a los 104 mil 439 migrantes “presentados” en el mismo período del año pasado.

También las cifras de deportaciones que venían triplicándose en los últimos años, registraron una caída, pues en ese período se deportó a 31 mil 722 migrantes, contra 75 mil 759 deportados en el mismo lapso de 2019.

Las cifras muestran que el trabajo hecho por México para contener los flujos migratorios, ha dado el resultado esperado por el presidente Donald Trump al desalentar las caravanas que buscan ingresar a Estados Unidos a través de nuestro territorio.

Aquella política de brazos abiertos que tanto presumió el presidente López Obrador durante su campaña y al inicio de su gobierno, tuvo un drástico cambio una vez que Trump amagó con aplicar aranceles de cinco por ciento a nuestras exportaciones hacia el mercado estadounidense si México no hacía algo por contener los flujos migratorios.

Hace un año, meses después del acuerdo migratorio con Estados Unidos, personal de Migración y la Guardia Nacional comenzó a bloquear las caravanas y a detener a sus integrantes.

Por esas fechas, migrantes africanos y caribeños realizaron algunas manifestaciones en Tapachula, después de que Migración dejó de emitir los permisos de tránsito para cruzar a través del territorio nacional rumbo a Estados Unidos.

Los migrantes marcharon exigiendo que el gobierno federal les permitiera un paso seguro por México. Cuando la exigencia fue rechazada, los migrantes formaron una caravana e intentaron viajar al norte rumbo a la unión americana.

Apenas habían salido de Tapachula cuando los miembros de la Guardia Nacional y de Migración detuvieron la caravana, obligaron a sus integrantes a subir a los autobuses y los llevaron de regreso a Tapachula.

Una situación similar ocurrió en enero pasado, después de que se formó una nueva caravana en Honduras, la cual se dividió en dos grupos que viajaron a diferentes puntos de cruce a lo largo de la frontera de Guatemala con México.  Los agentes de Migración y de la Guardia Nacional se negaron a permitir que las caravanas ingresaran al país.

El muro fronterizo del gobernante de la nación más poderosa del mundo, se trasladó a la frontera sur de México, en el río Suchiate, principal puerta de entrada para los flujos migratorios procedentes de Centroamérica y otras naciones del orbe. Un muro humano conformado por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y del Instituto Nacional de Migración.

TRIBUNA.- Ante los comicios de junio de 2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a los representantes de los partidos políticos y órganos electorales a garantizar elecciones ejemplares en las que prevalezcan la autenticidad y legitimidad, así como caminar dentro de la transparencia y legalidad. “Que no se nos olvide que con quienes tenemos la mayor obligación, para que puedan elegir autoridades serias, auténticas y en absoluta libertad, es con el pueblo de Chiapas y México. Me da gusto que dialoguemos, los pensamientos políticos diferentes nos fortalecen, dan mayor valor a los actos democráticos y sirven como guía para la participación ciudadana”, dijo. El mandatario pidió no volver a los tiempos en los que se vulneraban los derechos democráticos, provocando desilusión en la gente, que ya no quería participar porque los procesos estaban rodeados de corrupción, fraude o tráfico de influencias. Los exhortó a evitar simulaciones, y que las mujeres participen con verdadera posibilidad de decisión en los espacios donde se ubiquen, aprovechando su capacidad, preparación y ánimo de ayudar a su país y estado. Tras reconocer el respeto que el gobierno del estado ha demostrado a los organismos políticos e instancias electorales, los presidentes de partidos refrendaron su compromiso de sumarse a estas acciones a favor de la gobernabilidad y la democracia, al tiempo de enfatizar que trabajan en la selección de mujeres y hombres con convicción de servir al pueblo, pues eso permitirá abonar al progreso de Chiapas.

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