Con atención, seguí el intercambio de visiones y opiniones que se suscitó la semana pasada entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente Zedillo.
Confieso que no fue fácil discernir todas las razones expuestas. Me queda claro que el estilo de comunicación política de la Presidencia de la República, solo se ha ajustado a la personalidad de su nueva titular.
Es cierto que se ha atenuado el temperamento narcisista e histriónico que solo reconoce lo que lo ensalza y, amenaza a todo el que lo critica. Sin embargo, esta actitud de denostar a los críticos más que responder a las críticas, se mantiene. No es de sorprenderse cuando los responsables de la comunicación política en esta administración son los mismos que la pasada.
Dicho lo anterior, es de destacarse una diferencia toral entre ambas visiones y una coincidencia que funda dicha diferencia. Tanto la presidenta Sheinbaum como el expresidente Zedillo coinciden que un buen juez debe distinguirse por ser imparcial, experto en la ley e íntegro en el ejercicio de sus funciones; pero difieren en los métodos para garantizar el cumplimiento de estas exigencias.
Por una parte, la visión de la reforma es que la legitimidad electoral garantiza imparcialidad e integridad, y que la solvencia técnica de los candidatos puede establecerse a través de los comités que proponen las candidaturas.
Dicha postura no explica por qué la parcialidad electoral genera imparcialidad de los electos. Los niveles de participación que se anuncian no son muy prometedores y dejarán a los electos en manos de las maquinarias políticas responsables de mover a grupos de electores.
Morena, sin recato alguno, ha dicho que está dispuesta a movilizar todos sus recursos políticos el día de la elección. El escenario de diversos grupos de poder, manipulando veladamente las decisiones judiciales, está a la puerta.
Por otra parte, el mecanismo anterior buscaba garantizar la verificación de los requisitos de los candidatos a través de la colaboración de órganos políticos independientes entre sí.
Establecía procedimientos públicos en los que el presidente de la República sometía una terna a una mayoría calificada de senadores, para que decidiera cuál de los candidatos tenía la preparación y la independencia para fungir como ministro de la Corte.
Partes distintas tenían que ponerse de acuerdo en quién era la persona idónea para resolver los conflictos entre ellas. En el sexenio anterior, los primeros ministros nombrados bajo este esquema se condujeron con discreción, respetabilidad e independencia; lo que molestó al presidente López Obrador. Al final de su mandato, renunció a todo acto de colaboración y optó por el procedimiento que le permitía designar unilateralmente a los ministros.
En relación con magistrados y jueces, se optó por exámenes de oposición y procedimientos orientados por la valoración de la formación y desempeño profesional, así como de listas aprobadas por órganos políticamente independientes. Estos procedimientos no se reflejan en la reforma actual.
Por lo que a mí toca, puedo afirmar sin duda alguna que el expresidente Zedillo actuó con integridad a la hora de seleccionar a los ministros que integraron la lista que fue sometida al Senado de la República.
La lista se hizo bajo criterios que garantizaran seriedad e integridad por parte de los propuestos. La finalidad de la reforma entonces era fortalecer las garantías institucionales para la aplicación imparcial de la ley.
Es claro que la maquinaria electoral del régimen tiene un papel central en el desempeño de la elección. Tan es así que la responsabilidad política e histórica de este proceso corre a cargo de la Presidencia y de Morena.
Ni el anterior esquema despejó el problema de la corrupción ni lo hará este. Ese tema queda pendiente para la siguiente reforma judicial que auguro será pronta.
