En días recientes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas reconoció los avances del Estado mexicano en la promoción de los derechos de las mujeres, tras la presentación de su X Informe periódico.
Desde 1981 en que México ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), ha sostenido un compromiso constante con los principios y el marco obligatorio que dispone la convención para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que se ha traducido en nuestro país en la ampliación de marcos jurídicos, la creación de protocolos e implementación de políticas de protección a los derechos de las mujeres.
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de esos compromisos y evaluar los progresos obtenidos por los Estados parte de la Cedaw, se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cuya función principal es analizar la situación de las mujeres en cada Estado mediante un informe periódico respecto del cual el Comité emite sus observaciones y recomendaciones.
De acuerdo con datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta 2024 más de 113 países del mundo nunca han tenido a una mujer como jefa de Estado o de Gobierno.
Asimismo, 73 países aún no han designado a una mujer como representante permanente ante la ONU. Estas cifras ilustran las brechas estructurales que aún persisten en los espacios de toma de decisiones a nivel global.
México ha comenzado a revertir esta tendencia. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al Poder Ejecutivo marcó un hito histórico, no solo por ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, sino también por consolidar un proyecto político comprometido con la igualdad sustantiva.
Este hecho no solo tiene un valor simbólico, sino que representa la consolidación de una agenda transformadora que ha situado a la igualdad como eje rector del desarrollo democrático y social.
A ello se suman avances normativos significativos en materia de derechos de las mujeres, como la despenalización progresiva del aborto, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al trabajo doméstico, el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados y el fortalecimiento del marco jurídico para garantizar una vida libre de violencia.
Estas medidas no sólo reflejan un compromiso con los derechos humanos, también se articulan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a la igualdad de género, la reducción de desigualdades y la paz, justicia e instituciones sólidas a nivel mundial.
En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoció los avances presentados por el Estado mexicano en su X informe periódico, destacando las reformas institucionales y legislativas emprendidas en favor de los derechos de las mujeres.
No obstante, el propio comité subrayó los retos que persisten. Entre ellos, la necesidad de garantizar la participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de gobierno, asegurar la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas y erradicar las múltiples formas de violencia que siguen afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, en particular aquellas que enfrentan condiciones interseccionales de discriminación.
Hemos logrado avanzar, pero no lo suficiente. Sigamos con la determinación que hasta ahora nos ha impulsado, nuestro principal desafío es alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia contra la mujer.
¡No debemos apagar nuestra voz mientras existan mujeres violentadas!.
