El presente artículo, no lo escribo como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ni como Presidente del Congreso de la Unión. Lo hago, en mi carácter de actor político y militante del Partido Acción Nacional, como Diputado Federal, en ejercicio de mi derecho para manifestar mis opiniones a título personal, como abogado y profesor de derecho, pero sobre todo como mexicano preocupado por el país y en uso de mi libertad de expresión.

Debemos defender nuestro derecho humano a la paz, y esto implica necesariamente defender la seguridad y reducir la violencia, algo que no se ha logrado incluso con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Militarizar la seguridad es agraviar a nuestras fuerzas armadas, es querer lavarse las manos como gobierno federal para cargarle a la milicia los oprobiosos resultados en seguridad pública.

Antes del año 2019, la Fuerza Armada Permanente intervenía en asuntos de Seguridad Pública, al amparo de una debatible interpretación jurídica. Una vez que la Corte resolvió invalidar la Ley de Seguridad Interior, se establecieron cinco principios que debe observar la Fuerza Armada Permanente al realizar tareas de seguridad pública.

Esos cinco principios quedaron plasmados en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y son que: debe mediar una situación Extraordinaria, estar Regulados, Fiscalizados, Subordinados y deben ser Complementarios. El gobierno y el Congreso han tomado decisiones que comprometen la actuación de la Fuerza Armada, la responsabilizan y la ponen en un gravísimo riesgo.

Es aberrante y sumamente injusto para las fuerzas armadas prorrogar esa responsabilidad por cuatro años más, hasta el año 2028, como ahora se propone por algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional.

Dejo cuatro reflexiones:

Primera: Si la Guardia Nacional, que es la policía del gobierno federal, ahora dependerá operacional y estructuralmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿cuál es el brazo operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?, ¿para qué nos servirá dicha Secretaría?

Segunda: ¿Cuál deber es mayor para un General Secretario o un Almirante Secretario?, ¿obedecer la Constitución o a su Comandante Supremo? Los dos son deberes de primer nivel, que plantean una difícil disyuntiva, pero ¿qué pasa cuando el Comandante Supremo les pide apartarse de la Constitución?, ¿cuál deber debe primar?

Tercera: La prórroga que se plantea, no solamente extiende la actuación inconstitucional e inconvencional de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas, también valida por cuatro años más la equivocada y fallida estrategia de seguridad pública que el gobierno ha trazado.

Cuarta: Extender la participación de las fuerzas armadas hasta el año 2028, implica comprometer más de la mitad del sexenio de la próxima administración, que bien puede ser de otro partido, si así lo determinan los electores. Pero no solamente eso, se perdería un tiempo valiosísimo para la consolidación civil de una Policía Nacional.

Aún estamos a tiempo de evitar este desastre. Lo que está en juego es el Estado de Derecho democrático, los derechos humanos, la pacificación del país, la defensa de nuestras fuerzas armadas y la plena vigencia del orden civil de la seguridad pública. De ocurrir ese daño a México, será profundo e insanable.