La tradicional solemnidad de la SCJN ya se perdió. El nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha informado de los cambios protocolarios.
Sin embargo, eso es lo de menos frente a la nueva visión con que se impartirá la justicia.
Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina que fueron legales los acordeones y que impugnará las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los beneficiarios de estos listados, es muy preocupante.
Que estos nuevos funcionarios judiciales antepongan sus ideas personales por encima de la ley, es aún más preocupante.
¿Cómo se impartirá la justicia a partir de un Poder Judicial que se siente más comprometido con sus electores que con la Constitución?
En un país donde el “Estado de derecho” está siendo violentado continuamente y se necesita una voz que imponga orden dentro del Poder Judicial, -invocando a la institucionalidad-, le damos la bienvenida a un activista cuya prioridad son los derechos indígenas.
De ningún modo se cuestiona el valor de su compromiso con este sector de nuestra población que tradicionalmente ha sido marginado del desarrollo y relegado socialmente.
Sin embargo, su nuevo cargo como presidente del máximo tribunal del país -y cabeza del Poder Judicial-, exige al ministro Hugo Aguilar una visión totalmente incluyente, pues es responsable de garantizar el acceso a la justicia -no solo para los indígenas-, sino para todos los grupos sociales, independientemente de condicionantes étnicas, culturales, sociales, educativas y de cualquier otra índole.
Debe dejar de priorizar los temas reivindicatorios y asumir su compromiso con todos y cada uno de los más de 130 millones de mexicanos. Por tanto, su comunicación debe hacer referencia a la necesidad de garantizar certeza jurídica para todo el país.
Por otra parte, esta renovación del Poder Judicial federal trae consigo nuevos riesgos, pues los filtros para garantizar la idoneidad de los nuevos funcionarios judiciales para ejercer el cargo que asumirán el primero de septiembre fueron tan básicos que no nos aseguran que la justicia sea mejor que antes, y menos aún que se abata la impunidad.
La carrera judicial -que hoy ha sido relegada como medio de ascenso laboral para priorizar en su lugar a la popularidad-, antes era una garantía de experiencia básica.
Ahora la curva de aprendizaje supondrá una parálisis en la resolución de viejos casos, de gente recluida sin sentencia durante años. Los cambios no garantizan mejoría ni evolución.
La libertad de muchos inocentes hoy recluidos se verá retrasada, con todo lo que esto implica. La gente pobre y sin capacidad de pagar un buen abogado, generalmente termina olvidada en los penales. En cambio, los delincuentes con el dinero robado consiguen un abogado que les tramita una rápida libertad.
El costo social de esta reforma será muy alto para la población vulnerable, ahondando las injusticias que el candidato López Obrador en campaña prometió resolver.
Reforma electoral
El objetivo de la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum parece ser la generación de ahorros, no el blindaje de las elecciones para que cada vez sean más transparentes y confiables.
La eliminación de los cargos plurinominales, la disminución del número total de legisladores y la reducción del presupuesto otorgado a los partidos sigue teniendo como objetivo el ahorro.
Sin embargo, en la práctica todo gira alrededor de ahorrar morralla mientras el gobierno dilapida grandes fortunas.
No se toca el tema verdaderamente crucial, el más importante: Cómo impedir la intromisión del crimen organizado en las elecciones.
El mayor riesgo para la democracia es la intervención del crimen organizado. ¿A usted qué le parece?
