En la edición del pasado día domingo, el periódico nacional La Jornada destacó en su primera plana que la constante en las clínicas para las adicciones y el tratamiento de la salud mental son -entre otras críticas- la violación a los derechos humanos mediante golpes que forman parte de la terapia, el interés primordial es la ganancia y no la salud y los internos a veces salen sin vida. 

Como la nota da mayor atención a los espacios destinados al tratamiento de usuarios de drogas, popularmente conocidos como albergues o anexos, los comentarios siguientes se referirán únicamente a esos sitios. 

Sin duda esas irregularidades se dan, pero no con la frecuencia ni gravedad como lo señala Ángel Salvador Ferrer en el diario antes mencionado y tampoco ocurren en todos esos establecimientos. El informante es Coordinador del Programa Prevención de la Tortura de Documenta AC  

Sobre la queja más delicada, es indiscutible que en ocasiones suceden decesos entre la población albergada, pero ello es favorecido por las pésimas condiciones de salud con que muchas veces ingresan a los anexos, debido a su adicción. De ser cierto lo que se menciona en La Jornada, en los centros penitenciarios estaría encarcelado personal que ahí labora debido a esas muertes y habitualmente no ocurre así.  

En cuanto a que el interés primordial en esos sitios es el lucro y no la rehabilitación del adicto, implica ignorar la formación empírica de muchos de sus directivos, quienes alcanzaron la sobriedad en instituciones de ayuda mutua. Para continuar en abstinencia deben ayudar a otros a que dejen de drogarse, lo que les da fortaleza para seguir ese mismo camino. Aunque es indudable que al dirigir cualquier anexo violan la recomendación de no lucrar con esa labor, no dejan de ser empresas que les ayuda a mantenerse alejados de las sustancias adictivas. 

Aunque al paciente no se le permite el contacto con sus familiares, la mayor de las veces ese distanciamiento no es durante todo el tiempo que permanece “anexado”, sino por un breve tiempo.  

Es cierto que en varios de esos espacios hay sobrepoblación, favorecido porque las autoridades sanitarias no tienen la capacidad para atender a la población adicta que amerita ser hospitalizada, lo que se reconoce en el texto que se comenta. Esta circunstancia obliga a familiares de esos sujetos a buscar ayuda de manera privada. 

En cuanto al total de esos centros, Ángel Salvador reconoce que la cifra es muy superior a la que tienen registrada en el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). En Chiapas, la suma de esas agrupaciones es mayor de cien.  

Si algunas negociaciones de ese ramo carecen de registro y supervisión del gobierno, la responsabilidad es compartida entre sus directivos y las autoridades que deben llevar a cabo esa inspección. 

A juicio del autor de este escrito, sólo de manera ambigua se menciona el problema que sin duda alguna es el más frecuente y se detalla a continuación con una anécdota. 

En alguna ocasión, después de impartir un curso dirigido a directivos de esos establecimientos sobre los requisitos con los que deben de funcionar según la Norma Oficial Mexicana 028; en ese entonces el suscrito era responsable del Consejo Estatal contra las Adicciones, en amena reunión con todos ellos reconocieron las limitaciones en los centros bajo su responsabilidad. En ese ambiente de camaradería y franqueza se les pidió que levantaran la mano aquellos que habían estado albergados en alguna ocasión y casi todos la alzaron. A continuación, que la bajaran aquellos cuya alta al albergue fue voluntaria y nadie lo hizo; es decir, no se cumplió con el requisito de que el ingreso a esos establecimientos debe ser voluntario, como lo establece la Norma antes mencionada. Al respecto, todos coincidieron en mencionar que si sus familiares hubiesen esperado a que ellos quisieran atenderse en esos sitios, ya estarían muertos como consecuencia de su adicción.  

Sobre los golpes a los internos, en esa misma ocasión uno de ellos hizo saber que esa circunstancia ha disminuido de manera importante. Suponer lo contrario, agregó, es como creer que los maestros siguen aventado a sus alumnos el borrador o cualquier otro objeto, como ocurría antes con algunos de ellos. 

Asimismo, no siempre es cierto cuando alegan malos tratos, alimentos en estado de descomposición y otras quejas.  Es la estrategia de algunos de ellos para egresar con el apoyo de sus familiares y seguir drogándose.   

En varios de esos lugares la atención terapéutica se fundamenta en la filosofía de Alcohólicos Anónimos (AA), sin embargo, no forman parte de esa agrupación como muchos suponen, debido a que los “doble A” llevan su mensaje a esos lugares. 

Además, es preferible que esos sujetos permanezcan en esos sitios tratando de superar su adicción, ya que de esa manera se evita el riesgo que implica su presencia en la calle, por su conducta que puede ser agresiva ante la privación de la droga.  

En suma, a pesar de las carencias que se dan en esos espacios, algunos albergados se rehabilitan, aunque no con la frecuencia deseable. 

Por último, para mejorar las deficiencias en los albergues, además de otorgar mayores recursos para su supervisión, es deseable que Conadic comparta esa responsabilidad con otros organismos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Derivado de esa inspección, el registro de esas limitaciones esté disponibles al público, como sucede con los hoteles clasificados con diferentes estrellas según los servicios que tienen. Otras sugerencias escapan del propósito de este artículo.