La justicia electoral no puede permanecer encerrada entre expedientes: debe explicar sus decisiones y escuchar a quienes han sido ignorados.
El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la sesión solemne de inicio de funciones de la nueva Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue un acto cargado de simbolismo democrático: por primera vez, la ciudadanía eligió por voto directo a dos integrantes de esta Sala, otorgando un mandato ciudadano que no solo legitima, sino que obliga a ejercer una justicia más cercana, más clara y más confiable.
Ese día expuse a todo el país una convicción: la democracia mexicana vive un punto de inflexión. Su fortaleza depende de que las instituciones sean capaces de reconstruir el vínculo con la sociedad.
Un vínculo que, muchas veces, se ha adelgazado por los excesos del poder, la desinformación, así como la distancia entre la justicia y la ciudadanía.
Para responder a ese desafío delineé cinco compromisos que guiarán esta responsabilidad institucional:
El primero es la colegialidad funcional. La pluralidad no es un obstáculo, sino una riqueza que debe gestionarse con diálogo, respeto y responsabilidad compartida. Un Tribunal dividido debilita a la democracia; un Tribunal que delibera con altura, la fortalece.
El segundo compromiso es impulsar un Tribunal cercano. La justicia electoral no puede permanecer encerrada entre expedientes: debe explicar sus decisiones, recorrer el territorio, fortalecer la educación cívica y escuchar a quienes han sido históricamente ignorados. Lo que no se conoce, no se valora; y lo que no se valora, no se defiende.
El tercer eje es emitir decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Juzgar no es solo una tarea jurídica: es un acto de responsabilidad republicana. Cada resolución debe contribuir a que la transmisión del poder sea legal, legítima y pacífica.
El cuarto compromiso es un aterrizaje administrativo ordenado y racional, acorde con la reforma judicial de 2024. La independencia judicial no se protege únicamente con criterios jurídicos, sino con instituciones estables, presupuestos racionales y estructuras funcionales.
El quinto eje es una justicia con rostro humano. Un Tribunal que comprenda la diversidad del país y juzgue considerando contextos distintos. Como lo he dicho desde mi campaña: no es lo mismo impartir justicia en San Pedro Garza García que en San Pedro Chenalhó. Los derechos políticos abren la puerta a otros derechos; por eso debemos garantizar su ejercicio real, no meramente formal.
Estos compromisos están marcados por una experiencia personal que compartí ese día: hace casi veinte años, al caminar rumbo a mi trabajo de entonces en la Suprema Corte, observé el esfuerzo de miles de personas que durante semanas defendieron su voto desde campamentos improvisados.
Desde entonces tengo claro que la ciudadanía no debe abandonar su casa, su trabajo o su familia para defender sus derechos político-electorales. Ese es el deber de las instituciones democráticas.
Hoy, con el mandato ciudadano y la confianza respaldada por millones de votos, asumo esta responsabilidad con entusiasmo y firmeza. La justicia electoral debe ser un factor de certeza, unidad y confianza. Debe “hacer justicia a la justicia” para que la democracia no sea una promesa, sino una experiencia cotidiana.
El Sur, Chiapas, de donde vengo, me recuerda que la legitimidad nace de la comunidad, de la palabra y de la verdad. Ese espíritu guiará mi encargo: construir un México donde todas y todos, sin importar nuestro origen, pero sí nuestro destino, tengamos la misma voz y el mismo voto.
