Hablar de una reforma electoral en México nunca es un asunto menor. Las reglas del juego democrático no son un trámite técnico: son el corazón del poder.
De ellas depende si ampliamos derechos o si los convertimos en simulación. Por eso, el debate electoral no puede reducirse al alarmismo ni al chantaje político de quienes se dicen “defensores de la democracia” solo cuando esta protege sus privilegios.
En ese contexto, la reforma electoral impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abre un debate impostergable. No nace de la improvisación ni de la ruptura institucional, sino de una realidad evidente: el sistema electoral mexicano necesita actualizarse para responder a una ciudadanía más informada, más exigente y menos dispuesta a sostener estructuras costosas, lejanas y poco eficientes.
La presidenta ha sido clara y directa: esta reforma no busca controlar elecciones ni debilitar la democracia. Busca fortalecerla.
Uno de los puntos más sólidos de la propuesta es que no plantea desaparecer la legalidad ni concentrar el poder, como algunos insisten en afirmar sin sustento. Por el contrario, mantiene la autonomía de las autoridades electorales y preserva los contrapesos institucionales.
La discusión sobre el costo de las elecciones es, quizá, la más incómoda para ciertos sectores. México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo.
Y no, señalarlo no es un ataque a la democracia: es una exigencia de responsabilidad pública. La austeridad bien aplicada no recorta derechos; corrige excesos y libera recursos para lo verdaderamente urgente: salud, educación, seguridad y bienestar.
Otro eje central es la participación ciudadana. Simplificar reglas, abrir espacios reales a nuevas fuerzas políticas y a candidaturas independientes no debilita al sistema; lo oxigena.
Una democracia madura no le teme a la competencia ni a la pluralidad. Le teme, en todo caso, a la desconexión entre representantes y representados.
En ese sentido, los ajustes a la representación política buscan atender una demanda social legítima: menos distancia, más rendición de cuentas.
Un sistema más simple, más directo y más cercano puede reconstruir la confianza ciudadana que se ha erosionado con el tiempo. La democracia no puede seguir siendo un trámite lejano administrado por élites.
También hay un componente que suele subestimarse: la experiencia cotidiana de votar. Resolver problemas logísticos como filas interminables, procesos confusos o elecciones concurrentes mal diseñadas también es fortalecer la democracia. Votar debe ser un ejercicio accesible, digno y sencillo, no una prueba de resistencia.
Ignorar el respaldo ciudadano a varios puntos de la reforma —como la reducción del número de legisladores o la simplificación del aparato electoral— sería un error político y democrático. Escuchar a la ciudadanía no es populismo; es una obligación básica de cualquier sistema que se diga representativo.
Por supuesto, toda reforma genera dudas, y es sano que así sea. Pero el debate debe darse con argumentos, no con desinformación. Con datos, no con fantasmas del pasado. Defender la democracia no es congelarla en el tiempo ni blindarla de toda crítica; es revisarla, corregirla y adaptarla a las nuevas realidades sociales.
Hoy México tiene la oportunidad de discutir una reforma electoral desde la razón y no desde el miedo. Desde la responsabilidad institucional y no desde la defensa de intereses enquistados. Coincido con la presidenta: este no es un retroceso democrático. Es una discusión necesaria para construir una democracia más eficiente, más cercana y más justa.
Porque la democracia no solo se defiende en las urnas.
También se defiende cuando tenemos el valor político de reformarla.
