Disculpas públicas

El gobierno mexicano ha realizado en el último mes y medio actos de disculpas públicas por agravios cometidos en contra de diferentes personas, lo que ha marcado un cambio respecto a las pasadas administraciones.

A la fecha han sido por lo menos tres actos de este tipo: uno en la Ciudad de México y dos en Chiapas, con lo que se busca en primer lugar que los abusos cometidos por agentes del Estado no se repitan.

El primer caso tuvo lugar el 23 de septiembre pasado en la capital del país, cuando en un hecho inédito, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció por primera vez que durante la llamada guerra sucia de hace varias décadas se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato de represión que cometió delitos de “lesa humanidad” en contra de los disidentes políticos.

En ese caso, las disculpas públicas fueron ofrecidas a la primera de cientos de víctimas en ese período de la historia reciente del país: Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su entonces esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue detenida de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados del Ejército Mexicano, policías estatales y de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.

En otra ceremonia efectuada el 18 de octubre pasado en Ocosingo, Sánchez Cordero pidió disculpas a tres hermanas tzeltales de Altamirano violadas y golpeadas por efectivos del Ejército Federal en 1994, en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como a su madre que fue obligada a presenciar los hechos.

Pasaron 25 años de este suceso para que el gobierno asumiera su responsabilidad y pidiera disculpas a estas cuatro indígenas, a las que les cambió la vida a partir de la agresión que sufrieron.

Apenas ayer, a través de su titular, Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) pidió disculpas a cuatro indígenas tzeltales de Ocosingo, detenidos y golpeados por agentes de la institución el 3 de septiembre de 2015 en un retén ubicado en Querétaro al ser confundidos con guatemaltecos.

Los tres casos mencionados ocurrieron en gobiernos pasados, por lo que incluso han servido para exhibirlos y desmarcarse, sin que la administración actual se manche en lo absoluto.

Muchas personas se preguntan qué tanto ayuda a las víctimas y a la sociedad en general que el gobierno realice este tipo de actos, aparte de la publicidad que se hace.

Por lo menos en los dos casos de Chiapas, los acuerdos han incluido la reparación del daño, es decir, los afectados reciben cierta cantidad de dinero, con lo que desde luego se benefician.

Sin embargo, lo más importante es que no sólo los empleados o funcionarios de las instituciones involucradas se enteren sino todo el aparato de gobierno en sus tres niveles para que los agravios no vuelvan a sucederle a ningún mexicano.

Es importante también que los responsables sean castigados, pues es la única forma de garantizar que vayan desapareciendo los abusos que se cometen en diferentes partes.

Hay que insistir en que no basta con una disculpa pública, sino que se tienen que tomar y cumplir una serie de medidas para que todo en conjunto tenga el efecto que se desea.

Mientras más difusión tengan estos actos, más fácil será que todos los trabajadores y funcionarios del gobierno se den cuenta de que cualquier abuso que cometan podría ser castigado. El mensaje tiene que ser ese: Que de ahora en adelante se castigará a quienes no hagan bien su trabajo.

Los que más involucrados están en estos casos, son por lo general los policías de los tres niveles, que constantemente violan los derechos de diferentes personas.

Aunque no son sus delitos, o tal vez por lo mismo, el actual gobierno, con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas a la cabeza, ha buscado llegar a acuerdos con las víctimas para cerrar estos casos de agravios que las pasadas administraciones se negaron siempre a atender.

Picotazos

Desde hace varios días se ha rumorado que autoridades municipales de San Cristóbal, especialmente de Tránsito, han iniciado pláticas con los dirigentes de los transportistas foráneos que tienen sus terminales a la orilla del Boulevard Juan Sabines Gutiérrez, en el barrio de San Diego. Desde hace muchos años las autoridades han tratado de “limpiar” esa zona para facilitar el paso de las personas y agilizar el tráfico, pero han fracasado. De acuerdo con la información que se ha conocido, la intención es concentrar las unidades en la terminal de corto recorrido ubicada en el barrio de San Diego. La advertencia que les han hecho a los dirigentes es que o el cambio se hace por la buena o podrían ir a parar al penal de El Amate. Ya se verá que tan cierta es el amago. Lo cierto es que si en realidad quieren poner orden en esa área, las autoridades deben de apretar tuercas… El niño Samuel López Jiménez, de 12 años de edad, alumno de primer grado de secundaria en el Colegio Tepeyac de San Cristóbal de Las Casas obtuvo el primer lugar del Torneo de Ajedrez Internacional denominado “jugando en concreto”, en la categoría sub 12, celebrado del 1 al 3 de noviembre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Desde hace varios años, Samuel se ha distinguido por obtener primeros lugares con certámenes de ajedrez en la ciudad coleta, en la región y en el estado. Ahora ha dado un paso más en esta disciplina. Felicidades por este logro, no sólo a él sino a sus padres que lo han apoyado en todo momento, y qué bueno que ahora también cuenta con el respaldo de las madres del colegio en el que estudia. Fin.