Cientos de habitantes de colonias de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas bloquearon el pasado martes durante cinco horas la carretera de cuota que comunica a la ciudad coleta con Tuxtla Gutiérrez para exigir la construcción de obras, mayor seguridad y reducción en las tarifas por el consumo de agua potable. 

Estas demandas son legítimas, sobre todo la segunda porque en esa área de la ciudad operan grupos de jóvenes, principalmente, que se transportan en motocicletas y constantemente atemorizan a la población y pone en riesgo su integridad, pues en ocasiones portan armas de fuego. 

En cuanto a las tarifas por el consumo de agua, ya muchos usuarios de la zona norte gozan de descuentos importantes, que deberían de ser eliminados y pagar como el resto de la población.  

No se justifica que haya áreas de excepción, sobre todo porque los gastos de operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal son muy elevados y es responsabilidad de todos pagar para que funcione en las mejores condiciones. En alguna época se pensó que en la zona norte vivía mucha gente pobre, lo que no siempre corresponde a la realidad. 

Las obras, efectivamente, han sido muy pocas en este trienio, cuando la demanda es muy alta. Sin embargo, con el bloqueo a la carretera no deja de traslucirse una intención política relacionada con las elecciones municipales del próximo año. Se deja ver que uno de los objetivos es golpear a las actuales autoridades municipales, que hay que decirlo, poco han hecho en general, en cuanto a ese tema. 

Queda la duda de si algún aspirante a la alcaldía anda moviendo ya los hilos o si se trata nada más de aprovechar la coyuntura para presionar al ayuntamiento con el fin de que destine más recursos a obras de beneficio social. Lo que sí queda claro es que conforme se acerquen las votaciones aumentarán las protestas y movilizaciones. 

Si las actuales autoridades municipales pretenden reelegirse, tendrán que correr porque a casi dos años de la toma de protesta han sufrido un desgaste fuerte y una buena parte de la ciudadanía que antes las apoyó ya no les daría el voto. 

En las semanas recientes se publicitó la posible construcción del anhelado rastro municipal, que de concretarse, sería la obra del trienio, ya que su inversión sería de muchos millones de pesos.  

Hace ya muchas administraciones municipales de que no se edifica una obra de esa magnitud. Se afirma que ya está el terreno listo para que se materialice. Sin embargo, mientras no comience la construcción todo estará en el aire. Habrá que ver si el cambio de titular en la Secretaría de Obras Públicas no afecta los planes, pues el anuncio lo hizo el anterior. 

De tal forma que aparte de que falta ver si estarán disponibles los recursos, habrá que esperar para saber si el nuevo funcionario contempla la obra que hace unas semanas se dio por hecho.  

Habrá que recordar que en la etapa final de su mandato, el exalcalde Francisco Martínez Pedrero daba casi por hecho que se construiría el tan necesario rastro y resultó que a la hora de la hora, no se hizo por una u otra razón. Esa iba a ser la obra de su trienio. Como muchas de las anteriores administraciones, se quedó sin una obra importante con la que sería recordado.  

La presidente municipal actual, Jerónima Toledo Villalobos, podría correr la misma suerte si no se concreta la construcción del rastro, porque hasta ahora sólo ha pavimentado algunas calles, como muchos de sus antecesores, y reubicado el relleno sanitario que tuvo una inversión importante.  

Habrá que esperar, pues, para saber si finalmente se concreta la edificación del rastro municipal para que esta administración deje rastro de su paso en el trienio 2018-2021.  

Es cierto, como dicen muchas personas, que las autoridades en turno pierden la dimensión de la realidad y piensan o les hacen creer que van muy bien y que la suya es la mejor administración, pero la opinión de la población es diferente. Quién sabe por qué el poder influye de esa manera en la mayoría de gobernantes de todos los niveles. 

Regresando al tema del bloqueo, hay que decir que más allá de las demandas y su legitimidad o no, los inconformes de cualquier grupo deberían de pensar en otras formas de protestar porque tapar la carretera ocasiona muchas molestias a cientos o miles de personas que tienen que viajar a la capital del estado, San Cristóbal y otros municipios, sin tener nada que ver en sus problemas. 

Pareciera que, desgraciadamente, ya regresaron a la cotidianidad los fatídicos bloqueos que habían sido controlados en el actual gobierno y que tanto daño le hicieron a la entidad en sexenios anteriores. Si algo bueno se ha hecho en la actual administración es evitar al máximo los cierres carreteros, pero estamos viendo que han regresado, sin que las autoridades correspondientes hayan podido impedirlos en las últimas fechas. 

Si seguimos así, será mucho más difícil que los turistas llegan a Chiapas. De por sí la situación actual a causa de la pandemia de Covid-19 es complicada y si persisten los cierres de las vías de comunicación, menos que haya reactivación. De una u otra forma, la falta de turistas afecta a una gran parte de la población. 

Picotazos

Con la entrega de cinco de los 23 menores “rescatados” a mediados de julio de lo que en su oportunidad llamó una “red de trata de personas”, la Fiscalía ha comenzado a desatar el enredo que armó con la detención de tres mujeres presas en el penal de El Amate, y una en el de San Cristóbal. Aunque es sabido por común que muchos niños y niñas venden artesanías en las calles de la antigua Ciudad Real, no necesariamente significa que sean explotados laboralmente por sus familiares. En este caso en concreto, los familiares de los 23 menores han rechazado que los exploten. Todo parece indicar que cuando menos algo de injusticia se encierra en este asunto. Aparte está el tema de Adolfo Gómez, abuelo de muchos de los menores, quien apareció muerto en una celda del reclusorio el 27 de julio, con señales de golpes. Por ese hecho, la semana pasada fueron detenidos el director del penal de San Cristóbal, al alcaide y a un vigilante, identificados como Juan “N”, Fredy “N” y Jaime “N”, respectivamente, acusados del delito de ejercicio ilegal del servicio público y del adecuado desarrollo de la función pública. El martes fueron vinculados a proceso. Su exesposa, Josefa Sánchez Gómez, sigue en prisión en el reclusorio de San Cristóbal.