Los muertos de Tila

Qué lamentable que en el municipio de Tila, dos grupos antagónicos hayan hecho uso de armas de fuego para tratar de dirimir sus diferencias y que ahora haya por lo menos cuatro personas muertas. 

Es una lástima que hayan llegado a ese extremo porque hubo derramamiento de sangre y sufrimiento para muchas familias de ambos lados, cuando, como personas civilizadas, debieron de privilegiar el diálogo para resolver sus problemas. 

Como suele ocurrir en estos casos, unos a otros se echan la culpa y esgrimen sus argumentos para justificar lo injustificable, pues es algo irracional el uso de armas de fuego en situaciones que podrían tratarse mediante el diálogo.  

Los grupos que están enfrentados en Tila son los llamados ejidatarios autónomos y los pobladores avecindados, que, junto con las autoridades, no fueron capaces de evitar que estallara la violencia, ya que el pasado viernes se enfrentaron con saldo de cuatro muertos, según la Fiscalía General del Estado (FGE), y más de una docena de heridos.  

Son dos grupos de habitantes de Tila antagónicos con posturas políticas e intereses propios, difícil de conciliar, por más que las autoridades intenten acercar las posiciones. Si a ello se le suma la poca efectividad de la operación política de algunos funcionarios, menos que se resuelvan armónicamente los problemas. 

Podría decirse que sus posturas se alejaron desde que hace unos cinco años los ejidatarios autónomos recuperaron sus derechos territoriales, de los que habían sido despojados por los avecindados, que a lo largo de los años fueron llegando al pueblo porque era la cabecera municipal y había oportunidad de establecer negocios y vender o comprar diversos productos. Las tierras pertenecen a 836 ejidatarios. 

El proceso para recuperar sus tierras, alentó la confrontación entre los dos grupos, y cuando las autoridades competentes otorgaron la razón a los ejidatarios, los poderes municipales tuvieron que ser llevados a la comunidad de El Limar, cuna de Paz y Justicia. 

A esta agrupación se le atribuyen decenas de muertos en esa época, además de ocasionar el desplazamiento de decenas de familias. Su principal dirigente, Samuel Sánchez, continúa preso en el penal de El Amate. 

Aunque a partir del 2000 las cosas se fueron medio tranquilizando en la región, es posible que, como es natural, los rencores y los odios sigan anidados en los corazones de muchas personas que vivieron o padecieron tanto sufrimiento y ahora haya sed de venganza, por lo que no es descartable que en los hechos de sangre del viernes 11 de septiembre hayan tenido que ver esos sentimientos. 

A las posiciones políticas encontradas entre ambos grupos, hay que agregar ahora los intereses electorales que se entremezclan, debido a que se acercan las elecciones del 6 de junio, y varios políticos, principalmente algunas familias que han controlado el poder desde hace por lo menos tres lustros, están interesados en seguir gobernando ese municipio chol. 

Los pobladores avecindados han asegurado que el grupo contrario estableció controles mediante la colocación de portones en las entradas y salidas del pueblo, lo que limitaba el libre tránsito de todos los habitantes. 

Este tema fue uno de los detonadores de la violencia del pasado 11 de este mes, ya que el 25 de agosto los pobladores retiraron uno de los portones e instalaron una guardia. Al pretender retirar ese control, estalló el enfrentamiento que provocó una gran tensión en el área. 

Había tanta confusión que muchas horas después de la balacera todavía no había certeza de cuántas personas habían muerto ni a que bando pertenecían. Ahora se sabe que de los pobladores avecindados cayeron tres y de los ejidatarios autónomos, uno, según fuentes de la FGE. Además, se investiga si un quinto fallecido estaba involucrado en el problema. 

Ni siquiera las autoridades de alguno de los tres niveles sabían bien a bien cómo estaba la situación en el poblado, donde había mucha tensión, miedo e incertidumbre. 

Los pobladores avecindados, que han solicitado la presencia permanente de la Guardia Nacional, se han quejado de que el grupo contrario mantiene “secuestrado” el pueblo, lo que desde luego ha sido rechazado por la otra parte. 

Lo que sí es cierto, de acuerdo con diferentes denuncias, es que los ejidatarios han acordado cobrar “impuestos” por las obras que el gobierno realice en ese lugar, o por servicios de empresas privadas como Teléfonos de México que pretendía instalar fibra óptica para mejorar la señal de internet. 

Algunas personas que habitan en Tila aseguran que el pueblo está abandonado y con servicios deficientes o de plano sin servicios como el bancario. 

En el pueblo se ubica también el templo del Señor de Tila, muy venerado y visitado por miles de católicos no sólo del estado, sino de otras partes del país, y eso genera muchos ingresos económicos por los donativos que dejan, lo que en alguna forma es también motivo de disputa. 

Después de la balacera del viernes, los pobladores avecindados exigían la presencia de la policía para que controlara la situación, pero no siempre la llegada de los uniformados calma las cosas. Por el contrario, a veces las empeoran, por lo que en esos casos siempre es necesario que actúe con mucha prudencia y respetando la autonomía de los pueblos. 

Ojalá que con la intervención de las autoridades de los tres niveles, ambos grupos reflexionen y se pongan de acuerdo para resolver sus diferencias, porque de lo contrario todo el tiempo van a estar peleando y nunca van a poder vivir en paz. Mientras no haya tranquilidad, es casi imposible que el desarrollo llegue para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Lo que habrá que ver es si ahora ya con muertos de ambos grupos, es posible que se sienten a una mesa para dialogar civilizadamente dejando a un lado sus intereses. Fin.