En nombre de los usos y costumbres.
Mucho se ha hablado de los usos y costumbres en las comunidades indígenas, a veces llamados también abusos y costumbres por quienes los cuestionan, debido a las violaciones a las garantías individuales que en su nombre se cometen en ocasiones.
Pues bien, pobladores de San Andrés Larráinzar hicieron saber a esta Rotonda Pública, que en nombre de esos usos y costumbres y en nombre del machismo también, las autoridades de ese municipio cometieron el domingo una injusticia –y probablemente un delito- en agravio de la regidora priísta, Paulina Hernández.
Varias personas comentan el tema en ese pueblo tzotzil, pues los hechos ocurrieron en pleno día y muchos pudieron verlo, sobre todo porque los domingos son día de plaza.
Según los datos proporcionados, con la complicidad del alcalde Teodulfo Pérez Hernández y la síndica, Elena López López, priístas también, la regidora fue encarcelada y exhibida alrededor del mediodía, sin que hubiera cometido delito alguno.
Trascendió que el hecho sucedió cuando los agentes de las más de 60 comunidades del municipio mantenían la tradicional reunión dominical en la cabecera para exponer los diferentes problemas en sus localidades.
La confrontación inicial fue, según parece, con las autoridades tradicionales que pretendían que la regidora desempeñara el cargo de alférez, es decir, organizadora de la fiesta de alguno de los santos, para lo cual se requiere disponer de al menos 50 mil pesos, pues los gastos son bastantes.
En este caso había un problema que los buscadores de alférez y las autoridades no tomaron en cuenta: La regidora es soltera y según la tradición tiene que ser casada para que el marido se encargue de organizar la festividad correspondiente.
Hasta ahora ninguna mujer ha desempeñado nunca en ese municipio el cargo de alférez por si sola, pues es requisito que sea casada o en su defecto que lo haga el padre o algún hermano.
Al parecer, la regidora se negó porque pretendían obligarla a que alguno de sus familiares varones sustituyera la presencia del cónyuge del que carece. Como se habría negado, tuvo que enfrentar la presión de las autoridades tradicionales, del alcalde y la síndica, así como de algunos de sus propios compañeros del cabildo y de lo agentes que son fácilmente manipulables.
El asunto se desbordó finalmente el domingo y sin que les importara su fuero, por órdenes de las autoridades que participaban en la reunión con los agentes, varios policías la subieron en una patrulla y la condujeron a la cárcel municipal.
Antes de ser llevada le habían exigido que renunciara al cargo de regidora y que pagara una multa de 100 mil pesos, sin que hubiera cometido delito alguno, más que haberse enfrentado a las autoridades y decirles que no estaba de acuerdo con la imposición del cargo.
Muchas personas se dieron cuenta del hecho porque debido a que el parque está cerrado, los agentes y la regidora tuvieron que atravesar a pie la plaza central para llegar hasta la cárcel, donde fue encerrada y despojada de su bolsa y su teléfono celular, es decir, la dejaron incomunicada.
Cuentan quienes apreciaron el suceso que poco después -20 minutos o una media hora tal vez- llegaron los policías nuevamente, abrieron las puertas y la regidora salió de la cárcel. Regresó a la reunión con los miembros del ayuntamiento y los agentes municipales, pero nuevamente, no conformes con que ya la habían encarcelado, surgió el reclamo de que si no aceptaba el cargo, renunciara a la regiduría y pagara la multa.
Es sabido que las máximas autoridades en municipios indígenas utilizan muchas veces el argumento de los usos y costumbres para dañar o humillar a sus adversarios políticos o simplemente a quienes no pertenecen a su grupo político. En ocasiones lo hacen también por envidia del cargo que alguna persona desempeña en el ayuntamiento y por el salario que percibe.
Es claro que en este caso, los varones no aceptaron que una mujer les haya dicho que no estaba de acuerdo en las formas en que pretendían imponerle el cargo, y además que les dijera en su cara que si querían, que la metieran en la cárcel, porque sabía que no había cometido delito o falta alguno.
Querían humillarla y enviar el mensaje de que poco importan los derechos de las mujeres. Y lo más grave es que otras mujeres del mismo ayuntamiento están del lado de esa posición machista y avalan este tipo de actos, por intereses políticos y personales.
Se desconoce si la regidora acudirá ante alguna instancia oficial a interponer alguna denuncia, pero sería bueno que las autoridades competentes tomen nota de este delicado caso para que hechos violatorios de los derechos humanos como el relatado, no se repitan impunemente en ese ni otros municipios, sobre todo ahora que afortunadamente, el tema de las mujeres es mucho más sensible que antes. (Un paréntesis, hablando de derechos: En la cabecera de Larráinzar se firmaron el 16 de febrero de 1996, los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-, sobre derechos y cultura indígenas. Hasta la fecha no se han cumplido).
PICOTAZOS. Vaya desde este espacio una felicitación para Gabriela Edith Carpio Martínez y Omar López Cruz, que el pasado sábado contrajeron matrimonio religioso en San Cristóbal de Las Casas. Que su amor dure para siempre y que nada los desvíe de su objetivo de estar juntos toda la vida como uno solo, en una convivencia basada sobre todo en el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Que desde ahora sueñen con el amor perfecto como el de los libros de los cuentos de hadas y que la luna de miel sea permanente. Fin.