¡Fuera armas!
Quién sabe si vaya a tener algún resultado concreto y práctico en los hechos, pero la sólo presentación de una demanda ante una corte de Estados Unidos en contra de la venta y el tráfico de armas hacia México, tiene que dar frutos de una u otra forma para tratar de frenar la excesiva violencia que se vive en nuestro país.
Todo indica que la acción civil emprendida en días pasados por el gobierno mexicano para llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores de armamento, no tiene precedentes y por lo mismo existe incertidumbre acerca de su éxito, sobre todo porque las autoridades federales tienen el gran reto de demostrar ante la Corte federal de Boston, Massachusetts, que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo.
Como ha explicado la Secretaría de Relaciones Exteriores, México busca con la demanda que los productores asuman una responsabilidad para prevenir el tráfico de armas a nuestro país, que según el gobierno federal ocasionó en 2019 al menos 17 mil asesinatos.
Lo más probable es que será un litigio prolongado y habrá que ver cómo el gobierno de Estados Unidos interviene para tratar de frenar legal y políticamente la demanda o si por el contrario le brinda algún respaldo a México en su lucha porque se controle la venta ilegal de armas.
El debate sobre la repercusión y los daños humanos que el tráfico de armas tiene en México no es nuevo, pero ningún gobierno federal había ido más allá de las declaraciones que poco ayudan para detener su venta ilegal. Habrá que ver si el gobierno del presidente Joe Biden interpreta de algún modo la demanda como una acción de injerencia política en su contra o si por el contrario le concede alguna razón.
De acuerdo con información periodística, entre las empresas demandadas se encuentran nada menos que Colt’s Manufacturing Company, Century International Arms, Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing y Beretta, entre otras, que son algunas de las principales fabricantes de armas, de las cuales, más de 340 mil llegan cada año a México.
Si jurídicamente no se logra el objetivo que busca el gobierno mexicano en este caso, mediáticamente sí podría tener un impacto y cuando menos en el corto plazo podría haber un poco más de control en la venta de armas a grupos o personas de nuestro país.
Cuántas muertes, cuántos heridos y cuánto sufrimiento podría ahorrarse si al menos hubiera un mínimo control de la entrada de armamento al país, pero a ninguna autoridad le había interesado poner el dedo en la llaga.
En Chiapas, para no ir tan lejos, podrían ahorrarse muchos conflictos que terminan con muertos, lesionados y desplazados. Si no fuera porque medio mundo en muchos municipios y comunidades tiene armas de fuego, los problemas no terminarían con el derramamiento de sangre que tanto sufrimiento causa a las familias involucradas.
En los municipios con conflictos políticos graves o por la presencia de bandas delictivas están presentes las armas: Pantelhó, Aldama, Chenalhó, Venustiano Carranza, Oxchuc, Tila y Frontera Comalapa, por mencionar algunos.
Lo que hay que preguntarse es de dónde sacan tantas armas, quién se las vende, como pasan si se supone que existe vigilancia de la policía y el Ejército Mexicano; cómo llegan a las comunidades sin que autoridad alguna se entere. No puede ser de otro modo más que por la corrupción existente en todos los niveles de gobierno.
Pero también está el tema de las balas, pues alguien tiene que surtirlas cuando se acaban. Sin municiones no se podrían utilizar las armas, por lo que mucho ayudaría que hubiera un estricto control para evitar que lleguen a su destino y sean usadas en muchos casos para que se maten entre indígenas, entre campesinos por pleitos interminables por la disputa de tierras o del poder político, por ejemplo.
Sin la presencia de tantas armas en las comunidades tal vez no habría tanta rijosidad de quienes las poseen y los conflictos serían menos complicados de resolver. Qué triste también que muchas veces los indígenas y campesinos no tienen ni para comer bien, pero sí para comprar armas y balas.
En fin, ojalá que algo se logre con la demanda del gobierno mexicano para que disminuya, aunque sea un poco, la violencia que desangra al país.
Por cierto, hablando del tema de las armas y de conflictos, los integrantes del Concejo Municipal de Pantelhó designado mediante el sistema de usos y costumbres el 9 de este mes, rindieron protesta ayer en el Congreso del estado, por lo que se supone que ya se instalaron en el palacio municipal, en poder de sus simpatizantes desde el 26 de julio pasado, cuando tomaron el pueblo, quemaron casas y vehículos -incluidas dos ambulancias- y saquearon tiendas.
No será mucho lo que puedan hacer en 43 días que les quedan para concluir el trienio -parece que a estas alturas el municipio no cuenta ni con patrullas para la policía-, pero podrán seguir controlando el edificio para instalarse de una u otra forma para la siguiente administración que comenzará el 1 de octubre próximo.
No se sabe qué pasará en este lapso con los empleados municipales que venían laborando, si seguirán o serán relevados por las nuevas autoridades que a partir de ayer tienen una gran responsabilidad para tratar de que haya paz y tranquilidad en el municipio.
Habrá que esperar para saber si la instalación oficial del Concejo Municipal ayuda a resolver la crisis o si, por el contrario, la empeora. Algunas personas opinan que podría agravarse, debido a que la violencia está desatada en la zona. Se comenta que está saliendo más gente desplazada de la cabecera municipal.
Un elemento importante en todo este proceso es el pronto esclarecimiento del asesinato del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, acribillado el 10 de este mes, justamente un día después del nombramiento del Concejo Municipal que ayer rindió protesta. Fin
