Los eternos conflictos

Resulta hasta un poco llamativo por decirlo de alguna forma, cómo cada determinado tiempo, como si fuera cíclico, en diferentes municipios de la entidad brotan conflictos de diferente gravedad y dimensiones.  

En cierto momento aparece un problema en determinada demarcación y al poco tiempo -pueden ser meses o semanas de diferencia entre uno y otro- surge uno nuevo en una zona diferente. El caso es que los problemas van de un municipio a otro, a veces cercanos y en ocasiones distantes entre sí. Algunos son producto de situaciones añejas no resueltas y otros ocasionales, imprevistos. 

Por ejemplo: Hace dos meses y medio fue en Pantelhó donde estalló un conflicto que mantiene todavía a ese municipio en una situación delicada, pues, aunque se le dio una salida política temporal, quedan graves pendientes por resolver como la retención de 21 personas supuestamente ligadas al grupo de los Herrera, cuyo paradero se ignora a nivel de opinión pública.  

El riesgo de que se reactive la violencia en ese lugar de los Altos de Chiapas sigue latente, ya que además de los retenidos, existe la incertidumbre de qué pasará a partir del primero de octubre, fecha de inicio de las actividades de las autoridades electas, desconocidas desde hace más de un mes y medio por una gran parte de la población. 

Pues, bien, el fuego en ese lugar no se ha terminado de apagar cuando ya surgió un nuevo problema, ahora en Altamirano, situado no en los Altos, sino en la región Selva del estado. 

Al igual que en Pantelhó, los rencores sociales acumulados durante varios años terminaron por explotar mediante hechos vandálicos como la quema de la alcaldía la noche del 15 de septiembre y la posterior retención de 18 personas, que afortunadamente fueron liberadas tres días después, gracias a un acuerdo firmado por los grupos en pugna, tras la intervención de las autoridades estatales. 

El ataque al palacio municipal está un poco confuso, tal vez no para las autoridades, pues el alcalde Roberto Pinto Kánter acusa de los hechos a los ejidatarios y/o a sus hijos, pero éstos niegan toda responsabilidad. De todas maneras, habrá fotografías con las cuales se podrá identificar cuando menos a los autores materiales del ataque. 

Aunque no necesariamente sea el caso, siempre existe alguna sospecha de que al incendiar un edificio público se puede aprovechar para argumentar la destrucción de documentos o equipo de cómputo con información que después no se puede recuperar para realizar comprobaciones oficiales. El fin: ocultar desvío de recursos públicos. 

Más allá de los problemas coyunturales como el pleito entre dos grupos por los permisos para prestar el servicio de pasaje público en mototaxis, en Altamirano puede apreciarse un descontento porque una familia ha gobernado 9 años y va por un trienio más, algo parecido al caso Pantelhó. 

Esa práctica que cada vez es más recurrente de que familias o parejas como en el caso de Altamirano, gobiernen más de un trienio un municipio, está ocasionando serios problemas porque la población ya no se deja tan fácil, pues por lo general, los gobernantes llegan para hacerse de mucho dinero a costa del erario público. 

Si bien todas las personas tienen el derecho constitucional de participar en elecciones para gobernar su municipio, no se debería de desechar la parte ética y moral. Existen casos en los que las parejas fingen divorcios o separaciones para burlarse de la ley -María Gloria Sánchez Gómez y Norberto Sántiz López, de Oxchuc, fueron de los primeros en simular una desintegración matrimonial- con tal de ocupar el cargo que por ley no podrían si siguieran unidos jurídicamente. 

En algunos municipios que parejas o familias han tomado como botín desde hace algún tiempo, irán explotando conflictos conforme pase el tiempo, por lo que las autoridades correspondientes deben de irse preparando para afrontarlos. 

Muchas veces sólo les dan soluciones temporales, pasajeras y los problemas se quedan añejando hasta que estallan con mucha fuerza. Por eso es necesario que se hagan a un lado los intereses de grupos y personas para resolver de fondo los focos rojos. O, como ya se dijo, algunos son imprevistos, como sucedió el 31 de agosto cuando pobladores de Frontera Corozal, Ocosingo, retuvieron a siete agentes de la Guardia Nacional y cuatro del Instituto Nacional de Migración para exigir la liberación de dos de sus compañeros. 

Por lo pronto, Altamirano está medio calmado, pero habrá que esperar para saber qué pasa el primero de octubre porque según pobladores de ese lugar, en los hechos el nuevo ayuntamiento estará presidido por la esposa del actual alcalde.  

Además, está como telón de fondo la disputa de los permisos para la circulación de mototaxis, acaparados por ahora, presuntamente por dos agrupaciones afines al edil, lo que ha causado la natural inconformidad de los ejidatarios y sus hijos que cada día presionan más en este tema. 

Ojalá que las autoridades estatales estén atentas en este caso para evitar que en los próximos días resurja la violencia y la desestabilización en ese lugar. 

PICOTAZOS. ¿Cómo le irá a hacer el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para juntar más de 20 millones de pesos para dejar cubierta la parte proporcional para el pago de los aguinaldos a los trabajadores municipales? Sólo le queda una semana de funciones y si no tiene esa cantidad de dinero ya destinada, seguramente habrá muchos problemas. Se dice que en la tesorería hay cierto desorden, por decirlo de esa manera. Cuando el río suena, piedras lleva, dice el dicho popular. Habrá que esperar, pero todo apunta a que esta administración está terminando igual o peor que las anteriores. Y se va, sin dejar una obra importante, es decir de una inversión más o menos considerable por la que pueda ser recordado en mucho tiempo. Hasta ahora parece que es el terreno para el rastro municipal lo más importante. Lo demás, pavimentación de calles, que por cierto dejan mucho dinero a los funcionarios, y ollas de agua para las comunidades, entre otras. Fin.