Oxchuc, en eterno conflicto

Da la impresión de que con el nombramiento del concejo municipal en Oxchuc se busca abrir el camino para el retorno de elecciones mediante el sistema tradicional de partidos políticos y enterrar lo que hasta ahora ha sido el único experimento de elecciones por usos y costumbres en el estado. 

La designación de las nuevas autoridades, que por lo pronto no tienen una sede fija para despachar, no ha dejado satisfechos a los diferentes grupos que se disputan el poder político en ese municipio tzeltal y por lo mismo sigue latente el riesgo de que sucedan hechos de violencia y haya desestabilización e ingobernabilidad. 

Pareciera que el nombramiento del citado concejo que encabeza Roberto Santiz Gómez, no fue consensado, o cuando menos no lo suficiente, entre los diferentes grupos que pelean por administrar el presupuesto público. 

Se supone que las nuevas autoridades deben de generar las condiciones para que concluya la asamblea del 15 de diciembre en la que debían ser nombrados a mano alzada los nuevos integrantes del cabildo, que se suspendió por los hechos de violencia desatados por Hugo Gómez Santiz, quien se autoproclamó alcalde de Oxchuc, cuando no había claridad en el conteo de los votantes. 

Sin embargo, es probable que una vez en el cargo y ejerciendo los cuantiosos recursos del erario, lo que menos le interese a Roberto y los demás concejales, es generar esas condiciones de tranquilidad y paz que necesita el municipio para que se repita el proceso electivo. 

Lo anterior significaría que ese municipio estaría condenado a seguir envuelto en hechos de violencia, con lo que retornarían los peores días de etapas de violencia que parecían haber quedado atrás hace unos años.  

Es difícil que un concejo pueda gobernar cuando existen en los hechos dos autoridades más: Hugo, que se autoproclamó alcalde y que tiene en su poder el palacio municipal, y Enrique Gómez López, a quien el Órgano Electoral Comunitario declaró ganador del inconcluso plebiscito del 15 de diciembre, que aparentemente cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades y barrios.  

Ante la fragmentación existente, parece casi imposible que haya una división superior a la actual. Así de grave está la situación. Por eso es importante que las autoridades estatales atiendan el caso y le den prioridad para tratar de encontrar una salida antes de que de nuevo se desborde la violencia. 

Mientras el concejo municipal trata de medio gobernar, la situación política y social se descompone irremediablemente, aparte de los recursos jurídicos interpuestos, ya que, hasta donde se sabe, Hugo acudió al Tribunal Electoral y los partidarios de Enrique hicieron lo propio ante las instancias correspondientes, por lo que habrá que esperar los resultados en ambos casos. Habrá que ver si no sale raspado el Congreso del Estado. 

Y el conflicto en Oxchuc no tiene que ver con que las elecciones se realicen mediante el sistema de usos y costumbres, pues lo mismo habría ocurrido de realizarse a través de elecciones por partidos políticos. El fondo está en los intereses políticos que se mueven, que van más allá de los dirigentes locales. 

Lo peor es que las consecuencias de los (casi) eternos pleitos en Oxchuc afectan a personas que nada tienen que ver con las disputas políticas de los dirigentes por el control del poder político, ya que el bloqueo de la carretera, por ejemplo, deja incomunicados a miles de pobladores de la zona (Ocosingo, Altamirano y demás municipios). 

Aunado a ello se afecta al turismo porque no hay manera de transitar hacia zonas turísticas como Toniná, las cascadas de Agua Azul y Palenque, entre otros centros turísticos. 

El incidente ocurrido el 3 de enero cuando dos turistas rusos fueron agredidos por pobladores de Oxchuc, presuntamente partidarios de Hugo, tendrá repercusiones que afectarán al sector turístico porque después de esos lamentables hechos que se han difundido a nivel internacional, muchas personas pensarán dos veces antes de viajar a esa zona. 

De acuerdo con información oficial, los turistas transitaban sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas, en un vehículo particular con placas del estado de Quintana Roo, cuando fueron atacados a golpes por un grupo de manifestantes, que les exigían el pago de una cuota por dejarlos pasar, como han estado haciendo con los automovilistas que circulan por esa vía. 

Según otras personas que ese día pasaron por ese lugar, los indígenas que bloqueaban la carretera exigían el pago de 100 pesos por unidad, y los turistas se negaron a darlos. Tenían razón, pues son arbitrariedades que las autoridades no deberían de permitir, pero a diferencia de otras partes, en algunas zonas del estado, sus habitantes hacen impunemente lo que se les da la gana sin que nadie pongan orden y sin importar que se dañe a terceros que nada tienen que ver en sus conflictos. 

Por ello es importante la iniciativa tomada por el obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, de convocar a platicar a representantes de los grupos en pugna, para tratar de allanar el camino hacia una solución negociada que ponga fin a las disputas. 

Por si fuera poco, los vecinos de Altamirano tienen su propio conflicto, derivado de los sucesos de septiembre y octubre que terminaron también en la designación de un concejo municipal que trata de gobernar en medio del caos que dejaron las pasadas administraciones que además, buscan cobrarse los agravios que incluyeron la prolongada retención del exalcalde, Roberto Pinto Kánter y la renuncia de su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, que había ganado las elecciones del 6 de junio. Producto de ese conflicto, hasta ayer seguían retenidos en la localidad de Puerto Rico, 27 campesinos, partidarios de las nuevas autoridades. Fin