Ocho años en las mismas

Envuelto en un manto de enrarecimiento, dudas y confusiones, pareciera que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 8 años, está destinado a quedarse en el limbo como muchos otros hechos emblemáticos ocurridos en el pasado como la matanza de 1968 y Acteal, sucedida el 22 de diciembre de 1997. 

Con declaraciones constantes de que se hará justicia y expresiones de voluntad política para llegar hasta el fondo, el caso simplemente sigue atorado en medio de la incertidumbre acerca de lo que realmente sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

Han pasado 8 años y es la hora en que no se sabe exactamente qué pasó con los jóvenes, si están muertos, si siguen desaparecidos o si algunos están con vida, aunque después de tanto tiempo es difícil suponer que hubiera alguna forma de que hayan sobrevivido.   

Por lo pronto, el juez de distrito, Samuel Ventura Ramos, con sede en Matamoros, Tamaulipas, uno de los juzgadores que llevan el desahogo de los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que en los días recientes, ordenó liberar a 25 implicados en la desaparición de normalistas, que no fueron excarcelados porque están acusados de otros delitos. 

Por lo mismo, el gobierno federal informó el viernes pasado que denunciará penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Ventura Ramos, por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte. 

Da la impresión de que más que responsabilidad de los jueces, los que deberían de responder por las sentencias de liberación son los agentes del Ministerio Público que iniciaron las carpetas de investigación y continuaron el proceso por las inconsistencias y fallas procesales. 

Esto es lo mismo que ocurrió en el caso Acteal que todos los acusados-sentenciados fueron liberados por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que argumentó, precisamente, fallas jurídicas en los expedientes.  

En este caso en concreto, los familiares de los muertos acusaron directamente a los detenidos porque los vieron, pues finalmente son de comunidades cercanas y se conocen y ni así fue posible que concluyeran las sentencias en prisión.  

Independientemente de los autores materiales que eran los que estaban en la cárcel, los familiares y amigos de los 45 tsotsiles muertos alegan que nunca se detuvo a los autores intelectuales, supuestamente encabezados por los gobernantes de ese entonces. 

Es lo mismo que sucede con el caso Ayotzinapa, ya que los padres de los 43 y quienes los apoyan, aseguran que existen autores intelectuales de alto nivel que no han sido tocados. 

El asunto es que nunca en casos tan complejos como estos, las cosas llegan a aclararse totalmente o cuando menos quedan dudas de si se investigó a fondo, si se hizo justicia, si se castigó a todos los involucrados, si se protegió a altos funcionarios. 

Quién sabe si son los vicios de la justicia mexicana o si los expedientes se integran a propósito con inconsistencias para facilitar la excarcelación de los detenidos, pero no son pocos los casos de este tipo en el país. 

Así, pues, pareciera que en todos los casos, las autoridades apuestan al olvido para que los responsables de alto nivel no vayan a prisión, aunque no se salven del juicio histórico, pues en cada aniversario se les recuerda como los responsables.      

Mientras tanto, el caso del dictamen de la reforma que amplía hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en el país, que la semana pasada fue enviado a comisiones, se enreda más, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que llevará el tema a consulta o a una encuesta para que la población opine. 

De inmediato la oposición le respondió que una consulta sería ilegal, por lo que de antemano ha sido rechazada, lo que significa que el mandatario tendría que buscar otro mecanismo para llevar a cabo el sondeo. 

En medio de estas discusiones no ha quedado claro todavía si el Senado votará o no en los días próximos el citado dictamen, pues de acuerdo con lo que informó, el presidente buscaría que el asunto se retomara el año entrante. 

Con tal de que se apruebe el dictamen que está en comisiones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha planteado la posibilidad de hacerle ajustes, pero todo ello está en discusión. 

Si el gobierno insiste en realizar la consulta o como se vaya a llamar, el dictamen quedaría en el limbo varios meses, esperando una mejor oportunidad. 

Quién sabe si en el Palacio Nacional ya hicieron cuentas y se dieron cuenta de que así como están los números no pasaría en el Senado, lo que representaría una derrota, y por ello es necesario darle un empujón con la participación ciudadana que presionará a los legisladores. 

Si el asunto se queda en suspenso varios meses, podría decirse que de poco sirvieron los malabares que hizo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para que la semana pasada no se votara el dictamen, sino que fuera enviado a comisiones y así ganar alguna simpatía del Palacio Nacional. 

También podría interpretarse que el zacatecano habría sido desplazado de la discusión porque no fue capaz de sacar la votación para que se aprobara la modificación buscada por el ejecutivo. Por donde se le vea, la decisión del presidente ha metido mucho ruido dentro y fuera de la Cámara alta.

¿O el anuncio de llevar el tema a consulta es desde ahora una presión para que el dictamen sea aprobado cuando se retome en los próximos días?. Todo es posible.