Altamirano, Oxchuc…
Después de todo el escándalo que se hizo no sólo a nivel nacional, los últimos 20 pobladores de Altamirano retenidos el martes de la semana pasada, entre ellos quien dice ser el presidente del Comisariado Ejidal, Rogelio Hernández Gómez, fueron liberados con vida.
Fueron varios días de incertidumbre, sobre todo para sus familiares, pero más que nada de una profusa difusión mediática porque se habló de un aproximado de 60 pobladores retenidos.
La verdad es que nunca quedó claro cuántas personas fueron retenidas en realidad, ya que la información no fluyó como tenía que ser tratándose de un caso tan delicado, aunque todo hace suponer que ni las propias autoridades tenían la información completa.
Más allá de todo lo que ocurrió del martes hasta la madrugada del domingo en que fueron liberadas las últimas 20 personas, lo importante es que no hubo pérdida de vidas y que todos los habitantes regresaron con sus familiares.
Se ignoran públicamente los acuerdos de fondo —si es que los hubo— a los que llegaron las partes con la intervención de las autoridades estatales, pero destacable es también el hecho de que por fin fueron desbloqueados los accesos y salidas a la cabecera municipal que desde el 22 de agosto permanecían cerrados por opositores al Concejo Municipal que exigen su destitución.
Asimismo, el que se haya acordado la liberación de cuatro simpatizantes del Concejo Municipal que permanecían retenidos por seguidores del exalcalde Roberto Pinto Kanter, quien mantiene una lucha (casi) a muerte con el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera, que prácticamente sacó a la familia del poder después de 20 años. Es evidente que nunca se lo perdonarán.
El saldo de las últimas semanas no es muy alentador: 47 casas quemadas, entre ellas, las de la presidenta del Concejo y del síndico, y una veintena de vehículos, además de la retención de las supuestas 60 personas.
Habrá que imaginar todo el rencor y el odio que estas acciones han generado entre los afectados y cómo podrían impactar en hechos posteriores por posibles venganzas.
La pregunta obvia es si era necesario que los dos grupos llegaran a estos extremos para lograr un acuerdo, como finalmente sucedió con el retiro de los bloqueos y la liberación de los cuatro simpatizantes del Concejo.
Se entiende que los dos grupos están enfrentados a muerte por la disputa del poder político y del presupuesto público con el que invariablemente se benefician los funcionarios en turno, sean del partido que sean, pero ¿no era mejor dialogar para llegar a acuerdos y evitar el sufrimiento de tantas personas? ¿Por qué no se ponen a construir las candidaturas para competir en las elecciones del año próximo y hacerse del poder mediante el voto popular?
Otra pregunta que surge ahora es si los integrantes del Concejo Municipal podrán despachar en la cabecera municipal de Altamirano, después de todos estos hechos que, como es natural, han ocasionado que se acumulen odios y resentimientos mutuos entre los dos grupos.
Si no se firma un acuerdo de convivencia pacífica entre los representantes de los dos bandos, difícilmente habrá gobernabilidad en la cabecera municipal, escenario principal de la disputa. El riesgo es que pronto haya nuevas acciones desestabilizadoras, enfrentamientos o protestas que a nadie convienen.
Podría decirse de alguna forma que felizmente el caso de Altamirano se resolvió sin que haya habido derramamiento de sangre, pero no puede decirse lo mismo de Oxchuc, donde la lucha por el poder político también entre dos grupos es a muerte, ya que de acuerdo con uno de los bandos, el fin de semana ocurrió el asesinato del joven Samuel López Gómez, la quema de dos vehículos y de un mototaxi, así como disparos de armas de fuego de grueso calibre en la cabecera municipal.
El Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de ese municipio responsabilizó de los hechos al presidente del Concejo Municipal, Luis Sántiz Gómez, quien, por cierto, a pesar de los resolutivos emitidos por el Tribunal Electoral estatal, no ha generado las condiciones para que se repongan las elecciones a mano alzada suspendidas en diciembre de 2021, con el fin de renovar a las autoridades municipales.
La violencia en ese municipio está escalando peligrosamente otra vez porque el conflicto de fondo no ha sido resuelto y los dos grupos que están enfrentados están arreciando las acciones en contra de la parte contraria. A causa del conflicto, la carretera San Cristóbal-Ocosingo está bloqueada desde hace más de un mes.
En los hechos del sábado fue asesinado lamentablemente el joven Samuel, de 21 años, quien conducía el mototaxi que fue quemado y quien estudiaba la Licenciatura en Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, perteneciente a la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).
De acuerdo con dirigentes del Frente Comunitario que agrupa a 78 de las 142 comunidades del municipio, el cuerpo del joven de 21 años de edad presentaba huellas de tortura e impactos de bala, y fue hallado el sábado en la tarde-noche en un banco de grava sobre el camino a la comunidad de Cruztón.
La muerte y la destrucción no cesan en ese municipio, envuelto eternamente en conflictos que sus autoridades en turno y los grupos opositores se niegan a resolver de fondo para que todos los pobladores vivan en paz.
Las autoridades superiores deberían de procurar una solución duradera y no sólo poner parches; sentar a los dirigentes de todos los grupos involucrados y hablarles en serio para pacificar el municipio, único por cierto, que se gobierna mediante el sistema de usos y costumbres.
Mientras sigan en sus pleitos perennemente, será más difícil que el municipio se desarrolle como debe de ser en beneficio de todos los habitantes. Fin.
