La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación avanza como estaba previsto, a pesar del pataleo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y de la menguada oposición que la acompaña en este proceso.

La propuesta que el domingo presentó públicamente la ministra a nombre de la Corte para tratar de incidir en la reforma, parece estar fuera de tiempo y ha sido vista por el oficialismo como un intento desesperado por tratar de frenar la iniciativa que aparentemente está por aprobarse si otra cosa no sucede.

Da la impresión de que la SCJN, a través de su presidenta, presentó la propuesta a destiempo solo para justificarse y para tratar de ganar tiempo en el menor de los casos. ¿Por qué no hizo esas propuestas antes de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa? Pareciera que estaba esperando el momento final, tal vez pensando en un movimiento opositor fuerte que no se dio.

La ministra y quienes la acompañan dentro y fuera de la Corte están dando la última batalla para tratar de frenar la reforma, para lo cual han promovido la realización de marchas y el paro al Poder Judicial federal.

Al oficialismo solo le falta un senador para sacar adelante los cambios constitucionales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ni siquiera tendrían que votar a favor dos o tres legisladores para que se consume, sino que bastaría con que se abstuvieran, lo cual no parece muy difícil de negociar. ¿La están haciendo de emoción nada más para darle más realce a los cambios constitucionales? A saber.

Piña no tiene razón al decir que se “demolerá” el Poder Judicial federal, pero sí acierta al afirmar que es necesario hacer reformas integrales al sistema de seguridad y procuración de justicia en México. Debería de aprovecharse el impulso para hacer el cambio total, pues gran parte de la corrupción empieza en las fiscalías estatales.

En sus propuestas plantea considerar e incluir cambios en la totalidad de actores involucrados en el sistema de justicia: Fiscalías, defensorías y abogacías federales y locales. A la mejor más adelante se puede hacer.

Algo que le preocupa como a los ministros que la acompañan, es el presupuesto para la SCJN. Ese es uno de los puntos centrales por los que se oponen a los cambios constitucionales, ya que bajarían los salarios estratosféricos; es decir, sus privilegios.

Con el fin de presionarlos, intimidarlos y exhibirlos -señalarlos con el dedo flamígero-, la oposición ha querido posicionar la cifra de los 43 senadores que en teoría votarían en contra de la reforma, casi haciendo un paralelo con la emblemática cifra de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En asuntos de este nivel histórico corren muchos ofrecimientos a los legisladores rejegos para que voten a favor, ya sea con dinero, cargos y privilegios, pero también presiones y amenazas judiciales. Y el que está en el gobierno lleva las de ganar en estos casos.

Posiblemente este martes se sepa qué pasó, pues ayer se mencionaba que hoy podría discutirse y aprobarse en el Senado la multicitada reforma al Poder Judicial, y como dijo un legislador morenista, sería un buen regalo para el presidente Andrés Manuel López Obrador que en tres semanas dejará el poder para irse a su rancho.

Mucha tinta y saliva ha corrido en este tema, en favor y en contra. Ahí están, por ejemplo, las declaraciones de la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Marmolejo, quien el fin de semana afirmó: “Al güey que vote en contra (sic) lo linchen al pendejo, que lo agarren a chingadazos”.

Del otro lado, el controvertido senador Gerardo Fernández Noroña manifestó que si por causa de la reforma se presenta una salida de capitales, que los dueños del dinero “no inviertan”.

En fin, esta madeja está por desenredarse y todo apunta a que la reforma sería aprobada este martes porque como dice el dicho “uno no es ninguno”. A la mejor Morena termina obteniendo más votos de los que necesita, aunque en la oposición juran y perjuran que no pasará. Ya se verá.

Donde pareciera que las cosas van camino a normalizarse es en Venezuela, luego de que el excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, se exilió en España este fin de semana, lo que podría distensionar el enrarecido ambiente político en esa nación sudamericana.

No se sabe públicamente qué se negoció para que González Urrutia decidiera pedir asilo en España. Tampoco se sabe qué pasará con la acusación de suplantar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) e instigar a la rebelión, entre otros delitos de los que le imputa el gobierno.

Lo cierto es que su salida de Venezuela representa un duro golpe moral para los opositores al régimen del presidente Nicolás Maduro, que después de las elecciones realizaron una serie de protestas que dejaron un saldo de 27 muertos, cerca de 200 heridos y más de dos mil de detenidos.

Aunque ha jugado un papel importante en las movilizaciones opositoras, no parece que María Corina Machado, destacada opositora al gobierno de venezolano, vaya a poder levantar el movimiento después de la salida de Edmundo. Ella también está llamada a comparecer ante un tribunal por diversas imputaciones y, hasta donde se sabe, permanece en calidad de prófuga en territorio venezolano.

La percepción desde el exterior es que a casi un mes y medio de las elecciones del 28 de julio, Maduro tiene el control del país y podrá gobernar otro período. De todos modos, habrá que esperar para saber qué sucede en los días y semanas por venir. Fin