El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ayer ordenó al Congreso de Chiapas que convoque a elecciones extraordinarias este año en Pantelhó, debe de servir para que se avance en la pacificación de ese municipio de los Altos de Chiapas que durante más de tres años ha estado envuelto en una violencia que ha dejado decenas de muertos, heridos y desplazados.
Ahora ya no hay pretextos para que la legislatura local y las autoridades chiapanecas creen las condiciones políticas y de seguridad para que se lleven a cabo las votaciones este mismo año.
Además de ordenar al Congreso que se recen las elecciones extraordinarias, el TEPJF modificó el artículo segundo del decreto 467 mediante el cual la Comisión Permanente de la legislatura chiapaneca nombró el 30 de septiembre pasado un concejo municipal por tres años, con el fin de que “la temporalidad” de estas autoridades actualmente en funciones quede sujeta a la convocatoria de elecciones extraordinarias durante 2025.
Es decir, el actual concejo municipal tendría que terminar sus funciones una vez que se lleven a cabo los comicios y sean electas las nuevas autoridades mediante el voto popular y universal. Ello significa que los actuales concejales habrán dispuesto a su antojo del presupuesto público alrededor de un año.
Habrá que recordar que en Pantelhó, donde las autodefensas “El Machete” y el grupo de “Los Herrera” se disputan el poder político desde hace tres años y medio, gobierna un concejo municipal a fin a este último.
Ya sea que se haya hecho por la inercia de los fallos que las instancias inferiores fueron dictando o por alguna sugerencia desde el poder estatal, el proyecto presentado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y aprobado por sus compañeros, resulta de mucha importancia para Chiapas, particularmente para Pantelhó.
Si bien ese municipio ha estado en relativa calma desde que inició la actual administración estatal, el conflicto está lejos de haberse resuelto y podría resurgir en cualquier momento, ya que los dos grupos están fuertemente armados.
Una forma de desactivar un poco el problema es, efectivamente, a través de elecciones, siempre y cuando transcurran en paz, con total limpieza y con resultados incuestionables que no generen más enconos.
La ventaja de realizar elecciones en un solo municipio es que todo el aparato de estado puede volcarse para darle una atención especial, con el fin de evitar que las cosas se salgan de control en algún momento, como ocurrió en Oxchuc en febrero pasado, donde no hubo problemas.
Por lo demás, como dice el magistrado Reyes Rodríguez, es importante que los pobladores de cada municipio elijan a sus autoridades municipales y que no sea el Congreso local el que les imponga autoridades.
En la anterior administración estatal se abusó en el nombramiento de concejos municipales para varios lugares, en lugar de privilegiar el diálogo para resolver los conflictos que impedían contar con autoridades constitucionales. Por ahora, sólo en Pantelhó gobierno un concejo municipal, que después del fallo del Tribunal Federal, tiene los meses contados.
En opinión de Reyes Rodríguez, sería insuficiente para asegurar elecciones este año y en los posteriores, ordenar comicios sin tomar las medidas que acompañen el proceso, como instalar mesas de diálogo, una estrategia de pacificación y el respeto a la libre autodeterminación de la comunidad indígena.
Así las cosas, el Congreso del estado y el gobierno chiapaneco tienen todo lo que queda de este año para generar las condiciones políticas y que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), inicie el proceso electoral correspondiente.
Ojalá que luego de la resolución del TEPJF, los grupos que se disputan el poder en Pantelhó no se alebresten y busquen desestabilizar más el municipio para tratar de impedir que se celebren las elecciones extraordinarias.
Picotazos. El artero asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor principal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue por demás sorpresivo, tomó descolocado a medio mundo y cimbró no sólo al gobierno capitalino. Pocos habrían imaginado que sucediera algo semejante en la gran urbe, donde la seguridad es relativamente aceptable. Es en primera instancia, un duro golpe en contra del gobierno de la morenista Brugada, pero no sólo, pues también golpea de alguna forma al gobierno federal y a la llamada 4T, por el impacto político. Puede decirse que el caso tiene connotación nacional. En muchas partes del país se han escuchado lamentaciones y expresiones de tristeza por la ejecución de los dos funcionarios, pertenecientes al primer círculo de Clara Brugada, sobre todo porque se hablan buenas cosas de ellos. No tiene caso especular por qué fueron asesinados y quién lo ordenó. Hay que dejar que sean las autoridades correspondientes las que hagan las investigaciones, capturen a los culpables y los llevan a juicio. A todos conviene que el caso se esclarezca y no quede impune. Como era lógico, la noticia sobre el asesinato sucedido la mañana del martes corrió como reguero de pólvora, desde que el dato llegó a la conferencia mañanera a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que se la hizo saber de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum. La conmoción fue casi generalizada. Algunos se preguntan qué habrá pensado el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien hace unos días aterrizó en la Ciudad de México. Por lo pronto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aprovechado la oportunidad para insistir en que su país puede ayudar al nuestro a combatir a los cárteles de la droga, sugiriendo que el doble asesinato estaría relacionado con éstos sin tener ninguna base, a menos que su embajador y su gobierno tengan otros datos. Fin
