Como se preveía, a las elecciones para designar a los integrantes del Poder Judicial, que se llevaron a cabo el domingo pasado, acudió un porcentaje bajo de ciudadanos (alrededor del 13 por ciento) y, para colmo, muchos de ellos anularon su voto.
De acuerdo con datos oficiales, el número de votantes no llegó ni al bajo 20 por ciento del padrón electoral que optimistamente se había calculado al principio, lo que significa que a muy poca gente le interesó participar en este proceso inédito que, para bien o para mal, va a cambiar la composición de los poderes en México y probablemente la forma de impartir justicia.
Es cierto, este hecho inédito va a romper con un esquema que se aplicó durante muchas décadas en el país por lo que fuera “la dictadura perfecta” (el PRI), al que luego acompañó en dos sexenios su hermano de intereses (el PAN). Ambos han defendido siempre las mismas causas, más allá de la disputa de los puestos públicos, empezando por la presidencia de la República.
Justamente por lo mismo es que existen resistencias de grupos de poder a cambiar el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial (antes lo hacía directamente el presidente y 128 senadores), aunque habrá que darle tiempo al tiempo para saber si lo que vendrá será mejor o peor.
Podría decirse que las votaciones estuvieron desangeladas, ya que no alcanzaron el interés que despiertan cuando se trata de elegir a los miembros del Poder Ejecutivo en sus tres niveles y del Legislativo.
Ahora no se vieron las filas en las casillas con personas esperando votar. Los votantes llegaron en su mayoría de uno a uno o pequeños grupos de dos o tres personas.
La oposición optó por no participar en las votaciones con la intención de tratar de deslegitimar la elección y machacar con el discurso de una inexistente ilegitimidad.
¿El poco número de votos emitidos en comparación con las otras elecciones le resta legitimidad a los próximos miembros del Poder Judicial? No porque no se estableció un mínimo de participación ciudadana para declarar su validez. El proceso fue legal. No hay duda.
Es cierto que de algún modo, podría decirse que los comicios del domingo fueron un experimento, no solo para el Instituto Nacional Electoral (INE) que por primera vez los organizó para elegir a los miembros del Poder Judicial de la federación, sino para los ciudadanos que se encontraron con algo nuevo.
Una vez pasadas las elecciones, independientemente del número de ciudadanos que haya participado, el tema se centra ahora en quién va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta ayer llevaba la delantera el abogado indígena (es de la región mixteca) Hugo Aguilar Ortiz, superando a las tres actuales ministras de la SCJN, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que participaron también en la elección.
Algunas personas han asegurado que hasta cierto punto es sorpresiva la delantera de Aguilar Ortiz, ya que no tuvo los reflectores que las tres ministras mencionadas, pues no es integrante de la Corte.
Más bien ocupa un puesto de bajo nivel, ya que se desempeña como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que además no es una de las instituciones más fuertes del gobierno federal.
Habría que revisar el dato, pero todo apunta a que, de confirmarse su triunfo, Hugo Aguilar sería el primer indígena en presidir la SCJN (durante los dos siguientes años), ya que históricamente han sido encabezada por abogados reconocidos por moverse entre las élites, mientras que él se ha especializado, en parte por su origen, en derechos de los pueblos indígenas, “con visión de justicia pluricultural y derechos humanos”.
El cambio en el Poder Judicial tendría un elemento más para calificarlo de histórico, y sí, la eventual presidencia del indígena mixteco le daría otra visión al Poder Judicial.
Según el abogado “el reto principal que tiene la función jurisdiccional es acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad”.
Otro dato: Hugo participó como parte del grupo de asesores del Ejército de Liberación Nacional (EZLN), durante los diálogos de San Andrés, que desembocaron en la firma de los acuerdos respectivos el 16 de febrero de 1996, que, por cierto, hasta la fecha no se han cumplido.
El INE, por su parte, cumplió con su responsabilidad, a pesar de que le redujeron el presupuesto y tuvo poco tiempo (8 meses) para organizar las votaciones, por lo apresurado que al final se dio la reforma.
Por cierto, había muchas expectativas acerca de la posible reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien es prácticamente el creador de este cambio histórico. Y sí, efectivamente, el tabasqueño salió a votar en Palenque, donde reside.
Y no, no se escuchó que lo insultaran como algunos de sus opositores creían que pasaría cuando reapareciera. Cuando menos en lo que se pudo observar en las redes sociales no se aprecia algo parecido. No ha faltado quien diga que está exiliado en Cuba, aunque nadie tenga pruebas.
En los ocho meses de su retiro de la vida pública, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha asentado bien y tomado el mando del país, por lo que la reaparición de su antecesor ya no generó un ruido político que pudiera afectarle.
Se entiende que ese es precisamente uno de los propósitos de la reclusión del expresidente, no generarle ruido por el peso histórico de su figura.
Algo que es cierto es que a Andrés Manuel se le notó un poco apagado, no tan animado ni con la chispa que tenía cuando estaba activo en la política. A la mejor le hacen falta los aplausos. Fin
